Por Pilar Rosas
En fechas recientes, ocurrió un suceso casi inédito en un país en donde la sociedad es mayoritariamente católica, y en donde la iglesia juega un papel relevante no solamente en la vida cultural, sino social y política del país.
En una sesión histórica, el seis de septiembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaraba “inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal”, dicho fallo bajo el argumento que la criminalización viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Pese a que aún faltan avances en las legislaciones locales – pues actualmente en doce estados de la república mexicana es legal, la lucha de las feministas, así como de organizaciones de la sociedad civil como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), colocando a nuestro país a la vanguardia en América Latina en materia de derechos reproductivos.
No obstante, pese a los grandes avances, cabe resaltar que las políticas prohibicionistas avanzar a la par en países en donde las políticas prohibicionistas, avanzan con gran alarma.
Hace un año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, revocó la sentencia Roe vs. Wade, la cual fue adoptada en 1973 y era el precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal.
Con la revocación de esta sentencia, cada estado podrá decidir si mantiene el derecho al aborto, o ilegaliza esta práctica. Actualmente, el aborto está totalmente prohibido en 14 estados, y casi prohibido en otros tantos, pues las mujeres enfrentan condiciones bastante adversas para acceder a este derecho.
Con la eliminación de la protección constitucional, han entrado en práctica las leyes “gatillo”, las cuales son una respuesta de acción rápida por parte del estado. Según datos de Amnistía Internacional, una de cada tres mujeres y niñas en edad reproductiva vive ahora en estados en donde la posibilidad de acceder al aborto es total o casi totalmente inexistente.
Es necesario entonces, dar un viraje en la manera en la que concebimos el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, pues si bien el caso mexicano es una muestra de que las grandes luchas feministas, así como la polarización política del país pueden resultar en avances para la agenda de los derechos de las mujeres, éstas pueden verse amenazadas ante políticas prohibicionistas que amenazan las libertades de las mujeres.
