Por Federico Montero
Este domingo 7 de junio, Perú elegirá presidente en una segunda vuelta que enfrenta a Keiko Fujimori, heredera política del fujimorismo, y a Roberto Sánchez, dirigente nacional-popular identificado con los sectores que protagonizaron la irrupción política de las periferias peruanas durante el ciclo abierto por Pedro Castillo.
Sin embargo, lo que está en juego excede largamente una competencia entre candidatos. La elección constituye un nuevo capítulo de una crisis política e institucional que atraviesa al país desde hace más de una década y que ha convertido a Perú en uno de los casos más paradigmáticos de inestabilidad política de América Latina.
El país llega a esta instancia después de haber tenido nueve presidentes en diez años, sucesivas interrumpciones institucionales, conflictos entre poderes del Estado, movilizaciones sociales masivas y una creciente pérdida de legitimidad del sistema político. La destitución y posterior encarcelamiento de Pedro Castillo en 2022, seguida por una fuerte represión de las protestas que exigían elecciones anticipadas, dejó una herida abierta que aún estructura buena parte del escenario político actual.
Las encuestas muestran una competencia extremadamente ajustada. Keiko Fujimori aparece con una leve ventaja en la mayoría de los sondeos, aunque dentro de márgenes que no permiten descartar ningún resultado. Más aún, la experiencia peruana reciente ha demostrado las dificultades que enfrentan las consultoras para captar adecuadamente el comportamiento electoral de un país profundamente fragmentado desde el punto de vista territorial y social. Pesa sobre ella el fantasma de su padre, que fue suficiente, en las últimas elecciones, para que los candidatos que la enfretnaron en segunda vuelta, pudieran convocar al voto anti fujimorista.
Pero más allá del duelo entre cilvajes – anti fujimorismo vs anti castillismo -, y más que una clásica disputa entre izquierda y derecha, Perú expresa una fractura histórica entre Lima y las regiones del interior andino. Entre una costa integrada a los circuitos económicos globales y un interior que continúa reclamando reconocimiento político, acceso a derechos y participación en la distribución de la riqueza generada por el crecimiento económico.
Keiko Fujimori concentra sus principales apoyos en Lima, la costa y los sectores urbanos conservadores. Además, logró reunir detrás de su candidatura a buena parte de las fuerzas de derecha que quedaron fuera de la segunda vuelta. Roberto Sánchez, por su parte, encuentra sus fortalezas en el sur andino, las zonas rurales y aquellos sectores populares que se identificaron con la experiencia política representada por Pedro Castillo.
Esta división territorial refleja un conflicto más profundo sobre la naturaleza del Estado peruano y sobre quiénes son los sujetos legítimos de la representación política. La persistencia de esa fractura explica, en gran medida, por qué la estabilidad institucional continúa siendo una asignatura pendiente para el país.
La aparente paradoja peruana: estabilidad económica e inestabilidad política
Durante las últimas tres décadas, Perú fue presentado como uno de los casos más exitosos del consenso neoliberal en América Latina.
Entre 2000 y 2019 la economía peruana creció a una tasa promedio cercana al 4,8% anual, una de las más altas de la región. La inflación se mantuvo sistemáticamente entre las más bajas de América Latina, la deuda pública permaneció por debajo del promedio regional y el país acumuló importantes reservas internacionales. Incluso durante los años posteriores a la pandemia, Perú mantuvo indicadores macroeconómicos que organismos internacionales y mercados financieros continuaron señalando como ejemplos de prudencia fiscal.
Sin embargo, detrás de esa estabilidad coexistieron profundas desigualdades territoriales y sociales.
Mientras Lima concentra cerca de un tercio de la población nacional y más del 45% del producto bruto interno del país, vastas regiones andinas y amazónicas continúan exhibiendo indicadores de pobreza, informalidad y acceso desigual a servicios básicos significativamente superiores al promedio nacional.
La informalidad laboral afecta a más del 70% de la población económicamente activa. En varias regiones rurales la pobreza duplica los niveles observados en la capital. Las brechas de infraestructura, conectividad, salud y educación siguen reproduciendo una estructura territorial profundamente desigual.
La paradoja peruana consiste precisamente en que uno de los modelos económicos más elogiados por los organismos financieros internacionales coexistió con uno de los sistemas políticos más inestables del continente, y con una realidad sociopolítica de enorme desigualdad.
Por eso, la elección del próximo domingo también puede leerse como una disputa sobre los límites de ese modelo y sobre la posibilidad —o no— de construir una nueva legitimidad política capaz de integrar a los sectores históricamente excluidos del poder.
El debate: los fantasmas del pasado y el silencio sobre el modelo
El debate presidencial realizado en los días previos a la elección volvió a poner de manifiesto otro rasgo característico del escenario peruano: la dificultad para discutir los problemas estructurales del país más allá de las identidades políticas enfrentadas.
Gran parte de la confrontación giró alrededor de las figuras de Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Sánchez intentó asociar a Keiko Fujimori con el legado autoritario del fujimorismo, mientras que la candidata conservadora buscó vincular a su adversario con la experiencia fallida del gobierno de Castillo.
Sin embargo, uno de los momentos más significativos del debate ocurrió cuando Sánchez cuestionó directamente el modelo económico peruano, al que definió como una estructura dominada por monopolios, oligopolios y una profunda concentración de la riqueza.
La intervención resultó relevante porque puso sobre la mesa una cuestión que suele permanecer ausente del centro de la discusión pública. Mientras las campañas electorales se organizan alrededor de la seguridad, la corrupción o los liderazgos políticos, el modelo económico instaurado durante las últimas décadas permanece relativamente fuera de discusión.
Dos salidas posibles para la crisis del régimen político
La cuestión de fondo no es solamente quién ocupará la presidencia sino qué tipo de reconfiguración política emergerá de una crisis que lleva más de una década abierta.
Desde esta perspectiva, la elección enfrenta dos caminos diferentes para el procesamiento de la crisis del régimen político peruano.
Un triunfo de Keiko Fujimori podría abrir paso a una restauración conservadora capaz de reconstruir cierto orden político e institucional sobre las bases del modelo económico vigente. No se trataría necesariamente de una resolución de las tensiones sociales y territoriales que atraviesan al país, sino de una estabilización sustentada en el fortalecimiento de la autoridad estatal, la consolidación de las élites económicas tradicionales y la neutralización de las demandas populares que irrumpieron con fuerza en los últimos años.
En otras palabras, una búsqueda de estabilidad política mediante una creciente concentración de poder, con el riesgo de consolidar formas de gobernabilidad cada vez más restrictivas desde el punto de vista democrático.
La alternativa representada por Roberto Sánchez expresa, en cambio, la persistencia de aquel bloque popular y territorial que encontró en Pedro Castillo una primera expresión política. Sin embargo, una eventual victoria de Sánchez no resolvería automáticamente los problemas de gobernabilidad que caracterizan al sistema político peruano.
Por el contrario, lo colocaría frente a un dilema estratégico: construir la capacidad política necesaria para movilizar a la sociedad, ampliar su base de sustentación y avanzar en reformas que modifiquen las estructuras de poder existentes, o quedar atrapado en la misma dinámica de bloqueo institucional que terminó erosionando la experiencia de Castillo.
La diferencia central es que mientras Keiko podría estabilizar el régimen político sin modificar sustancialmente sus fundamentos económicos y sociales, Sánchez necesitaría alterar la correlación de fuerzas existente para evitar que la inestabilidad continúe reproduciéndose.
La dimensión regional y geopolítica
La elección peruana también debe ser observada en clave regional.
Perú ocupa un lugar estratégico en la actual disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. La creciente presencia de inversiones chinas en minería, infraestructura y logística, así como el desarrollo del puerto de Chancay como nodo fundamental del comercio transpacífico sudamericano, han convertido al país en un territorio de creciente importancia para las principales potencias globales.
En ese contexto, el resultado electoral tendrá consecuencias que trascienden las fronteras nacionales. La orientación del próximo gobierno influirá sobre los equilibrios políticos sudamericanos en un momento en que la región atraviesa una nueva fase de reconfiguración.
Las elecciones peruanas se suman a otros procesos electorales en marcha en América Latina y contribuirán a definir si la región profundiza el desplazamiento hacia posiciones conservadoras observado en los últimos años o si emergen nuevas expresiones capaces de disputar esa tendencia.
Más que una simple alternancia presidencial, Perú enfrenta una decisión sobre el modo en que procesará una crisis de representación que lleva más de una década abierta. La verdadera incógnita del 7 de junio no es únicamente quién ganará la elección, sino qué capacidad tendrá el vencedor para construir una salida duradera a una crisis estructural que hasta ahora ningún gobierno ha logrado resolver.
