Por Bernardo Cotrim y Noemi Andrade¹
La favela de Jacarezinho, en el norte de Río de Janeiro, amaneció – el jueves 6 de Mayo – con el sonido de helicópteros y disparos. La restricción explícita vigente desde junio de 2020, cuando la Corte Suprema suspendió los operativos policiales en las favelas (salvo en casos absolutamente excepcionales y con la obligación de informar al Ministerio Público), aparentemente fue eludida por la Policía Civil, ya que la comunicación al Ministerio Público de Río de Janeiro ocurrió horas después de iniciada la acción.
La Operación Exceptis, que investiga la cooptación de niños, niñas y adolescentes para acciones delictivas, movilizó un enorme contingente policial para la favela. El resultado de la barbarie es, hasta el momento, 25 muertos en la masacre de Jacarezinho, configurando el operativo policial más sangriento jamás realizado en el estado. Entre las víctimas fatales, un policía y “veinticuatro sospechosos”. Sin embargo, la policía no informó las identidades ni las circunstancias en las que fueron asesinados.
Los relatos de los vecinos y las escenas que circulan por las redes sociales hablan por sí solas: dos pasajeros fueron baleados en el subte, a la altura de la estación Triagem; a una mujer embarazada, con parto programado, se le impidió salir de casa; una novia se perdió su propio casamiento.
Frente a la unidad básica de salud en Manguinhos, una fila de personas en espera de la vacunación contra el covid-19 corrió a refugiarse después de que el operativo hiciera inviable la apertura de la unidad de salud.
Familias enteras encerradas en sus casas, intoxicadas por el gas de las bombas lanzadas por la policía, mientras un río de sangre corría por la favela.
Muertos con balazos en la espalda, un salón de belleza destruido por la policía en la persecución y ejecución de un sospechoso. Una persona ya baleada tirada en el suelo, sin riesgo, fue asesinada con cuatro disparos más. En el registro más llamativo, el cuerpo de una víctima fue colocado sentado en una silla con el dedo en la boca, como si hiciera una señal de silencio. Barbarie.
En la rueda de prensa, realizada al término del operativo, faltaron explicaciones en el informe del delegado Oliveira, quien es subsecretario de la Policía Civil, pero sobraron los auto halagos y la verborragia ideológica reaccionaria, con la grotesca complacencia de los presentes. “No estamos celebrando, pero hemos sacado de circulación a varios delincuentes” ; “La policía siempre estará presente para defender a la sociedad de bien” ; “El activismo judicial perjudica la acción policial y fortalece el narcotráfico” ; “La Policía Civil no dudará en garantizar el derecho a ir y venir de la sociedad de bien”… fueron algunas de las “joyas” ofrecidas por el comandante de la Policía Civil, entremezcladas con críticas a los “pseudo-especialistas en seguridad pública” y diversas bravatas contra “activistas y ONGs”, llegando a la culminación de responsabilizar a estos sectores por la muerte del agente en la operación.
La entrevista terminó abruptamente con un seco “lo arreglado [previamente] no es caro” dado por el comisario en el momento en que se acabaron las preguntas de los reporteros de programas sensacionalistas y periodistas de otros vehículos se preparaban para presentar sus cuestiones.
El fracaso de la política de guerra contra las drogas no es nada nuevo. Vigente en el estado desde hace décadas, sin interrupción, no hay indicios de un debilitamiento del poder del narcotráfico.
Sin embargo, asusta la banalidad de la violencia: un operativo contra la cooptación de niños y adolescentes por el narcotráfico, organizado para ejecutar 21 órdenes de aprehensión, invadió la favela con vehículos blindados y helicópteros y dejó un rastro de 25 muertos.
¿Órdenes de prisión cumplidos? Solo seis. Pero, a juicio de la Policía Civil, el operativo fue “un éxito”, y sólo se lamenta la muerte del policía. El resto, “24 vagabundos”, son vidas desechables, en un concepto elástico que incorpora cada vez más a porciones más grandes de jóvenes negros y habitantes de barrios marginales en sus fronteras.
El informe final de la comisión de investigación parlamentaria celebrada en el Senado en 2016 confirma la masacre en curso de jóvenes negros en Brasil. Según el texto:
“el número de jóvenes asesinados en Brasil es un problema social que exige la adopción de medidas urgentes, profundas y multidimensionales. Además, también se concluyó que el Estado brasileño debe prestar más atención al racismo existente de manera estructural en las políticas públicas en general. Si no se hace nada, nuestros jóvenes, especialmente nuestra juventud negra, seguirán siendo asesinados temprano, dejando familias sin sus hijos y Brasil privado de toda una generación de niños y adolescentes”.
Desde entonces, el problema se ha agravado. El ascenso de la extrema derecha, con la victoria de Bolsonaro para la presidencia, y Wilson Witzel para el gobernador de Río de Janeiro, avaló la barbarie y promovió, en la práctica, una licencia para matar: en 2019, 1.814 personas fueron asesinadas por la policía carioca; de estas, el 86% son negras.
El creciente número de muertes continuó durante la pandemia, lo que llevó al STF a prohibir las operaciones policiales. Aun así, en octubre de 2020, hubo un aumento del 415% de las muertes, lo que obligó al Supremo a exigir explicaciones al entonces gobernador en funciones Claudio Castro.
Ahora gobernador definitivamente, con la conclusión del juicio político y destitución de Witzel, Claudio Castro muestra su tarjeta de presentación. El operativo en Jacarezinho tuvo lugar al día siguiente de la agenda que reunió al gobernador, al comandante de la Oficina de Seguridad Institucional Marcelo Bertolucci y al presidente Jair Bolsonaro.
El alineamiento absoluto entre el gobernador y el presidente promete nuevos actos de delincuencia. Y la acción en la favela, que registra el mayor número de muertes en un solo operativo en RJ, puede durar poco tiempo en lo más alto del ranking de muertes.
Río de Janeiro vive una crisis de civilización que, hace mucho tiempo, decretó el fracaso de nuestro modelo de sociedad. La elección entre la vida y la muerte se ha convertido en un imperativo, o el ciclo de violencia seguirá alimentando al narcotráfico, a las milicias y a quienes lucran con los cuerpos amontonados, mientras una parte importante de la población, a pesar de la convivencia forzada con la negación de derechos, espesa la macabra estadística de la negación de la vida.
¹ Bernardo Cotrim es periodista y Noemi Andrade es directora del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Universidad Federal del Río de Janeiro (UFRJ) y dirigente de la Central Única de los Trabajadores de Río de Janeiro (CUT-RJ).
