La situación de endeudamiento de las familias argentinas ha adquirido ribetes dramáticos durante el gobierno de Javier Milei, afectando a más de 20 millones de personas de entre las cuales más de 6 millones ya se encuentran en situación de morosidad avanzada. Esto ha generado graves consecuencias en materia económica, social y política.
En cuanto a lo económico, el gobierno que asumió en diciembre del 2023 pisó los salarios de los trabajadores del sector público y de los privados con el objetivo de intentar contener la inflación. A la vez desreguló la ley de alquileres y los servicios de salud y educación privados, a la par que elevó el costo de los servicios públicos de gas, luz y combustibles. Esto generó una fuerte recesión como producto de la caída del poder adquisitivo de los sectores populares, retroalimentándose con el cierre de más de 30 mil empresas y la caída de más de 350 mil empleos registrados.
A partir de este escenario recesivo, se multiplicó el endeudamiento familiar para el consumo de los bienes básicos y alimentarios. A esto se suman incluso el endeudamiento de pymes para cumplir con el pago de salarios y proveedores. El combo se potencia con la desregulación financiera impuesta por el actual gobierno, que eliminó el tope de intereses a los créditos. Así, las entidades bancarias llegan a cobrar tasas nominales anuales de entre 55 y 172%; mientras que las entidades financieras y billeteras virtuales tienen un rango de entre 260 y hasta 1000 % anual. En este nuevo rango de las fintech que gestionan créditos a familias que no pueden acceder al sector financiero bancario o que ya están endeudadas en esas entidades, ya hay un 31% de morosidad, frente a un 14% en el sector bancario.
En materia social, la situación en muchos casos es dramática, con familias endeudadas que ya agotaron el crédito bancario, el de las billeteras virtuales o entidades no financieras como las casas de electrodomésticos y han recurrido a los prestamistas barriales, que en muchos casos se vinculan con el crimen organizado y las redes de narcotráfico. En estos casos, los intereses son usurarios y se multiplican semanalmente. Con esta estrategia de ahogamiento de las familias, las organizaciones criminales irrumpen en las viviendas para cobrarse el crédito con bienes durables y en algunos casos hasta con la propia unidad habitacional. Esta mecánica genera redes de dependencia en barrios vulnerables que virtualmente terminan controlados por estas organizaciones delictivas. En este contexto también han aumentado los casos de suicidios inducidos por el peso de las deudas.
En referencia a la esfera de la política, el problema estructural se vincula al condicionamiento en materia de política económica que implicó el retorno al endeudamiento con el FMI por 57 mil millones de dólares que le otorgaron al gobierno de Mauricio Macri en 2018. Este acuerdo de carácter político y por fuera del propio estatuto del FMI y del congreso argentino, reinstauró la injerencia del organismo financiero en la política económica nacional. El actual ministro de economía de Javier Milei, Luis “toto” Caputo, quien también fue responsable del acuerdo del 2018, convalidó nuevamente ese esquema de dependencia con nuevos endeudamientos en esta nueva etapa. Todos esos dólares no estuvieron destinados a modernizar la estructura productiva del país como forma de garantizar el desarrollo y el repago del crédito. Por el contrario, sirvió para un esquema de valorización financiera y fuga de capitales para los sectores más concentrados de la economía, dejando una deuda insaldable para el pueblo argentino.
Este esquema de sometimiento por deudas, tanto en el orden público como en el privado, fue abordado por el politólogo italiano, Maurizio Lazzarato en su libro de 2013 “La fábrica del hombre endeudado”. En él, se afirma que a través de la deuda pública, la sociedad entera queda endeudada, por ello, las promesas neoliberales sobre la inclusión financiera, que todos seríamos accionistas y propietarios se transmutan en una subjetividad culpable por no haber sabido administrar ese potencial emprendedor. Por su parte, la deuda no distingue a trabajadores registrados y no registrados, empresarios, desempleados, etc. y somete a todos por igual. Por ello mismo, la clave para superar esta crisis no es individual sino política. En Argentina, en materia legislativa, el frente Unión por la Patria ha presentado un proyecto de ley impulsado por el diputado Máximo Kirchner para ordenar la deuda con el FMI y blindar a la argentina frente a nuevas maniobras de crédito con organismos multilaterales.
Con respecto a propuestas inmediatas para aliviar el endeudamiento familiar, se han desarrollado algunos proyectos legislativos por parte del frente Unión por la Patria en CABA, con el legislador Leandro Santoro, se implementó el “Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal”. El mismo permite refinanciar deudas bancarias en mora a una tasa fija máxima del 35% anual, con un plazo mínimo de 24 meses. Este programa, sin embargo, excluye deudas con billeteras virtuales o entidades no bancarias, un sector donde la morosidad (33%) triplica a la de los bancos (7,6%). Desde la provincia de Buenos Aires también de desarrollaron líneas de refinanciación a través del Banco Provincia, de hasta 72 meses, con tasas del 39% para atrasos de hasta 90 días y del 31% para deudas más antiguas.
Por último, a nivel del congreso nacional se han presentado proyectos para abordar esta problemática en todo el país. Pero el gobierno nacional de Javier Milei se ha mostrado contrario a la intervención estatal en la crisis de endeudamiento, argumentando que “es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”.
En contraste con el enfoque argentino, el gobierno de Lula ha desplegado una estrategia federal masiva de renegociación de deudas a través del “Novo Desenrola”, que muestra resultados significativos en un corto plazo. En menos de un mes desde su lanzamiento en mayo de 2026, el programa ya había renegociado cerca de 12 mil millones de reales en deudas y beneficiado a más de 1 millón de brasileños.
Pero más allá de las propuestas de alivio de corto plazo, que en lo inmediato son imprescindibles, de lo que se trata es de volver a instaurar políticas de ingresos para los sectores populares, que les permita garantizar es sustento básico sin endeudarse y que permita recuperar un modelo de desarrollo soberano, con producción y trabajo. Esto es contrario al proyecto de gobierno, que impulsa la transformación de la estructura económico social de la argentina con un modelo extractivista y concentrado en el que las la industria nacional, las pymes, los trabajadores y las clases medias no tengan lugar alguno.
