Estados Unidos ejerce presión sobre el canal de Panamá mientras continúa las negociaciones arancelarias con sus vecinos y amenaza con una virtual guerra comercial con epicentro en China. Donald Trump anunció un inusitado plan de evacuación forzosa de la población palestina en Gaza suscitando críticas y consecuencias aún inesperadas. En una elección polarizada, el presidente Daniel Noboa y la correísta Luisa González irán a segunda vuelta en las presidenciales de Ecuador. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia, sumido en una crisis ministerial y la violencia de los paramilitares.
Por Federico Montero y Pablo Macia
Estados Unidos presiona a Panamá mientras continúa su política proteccionista.
En sintonía con las amenazantes declaraciones de Donald Trump referidas “la recuperación” del canal de Panamá, el Secretario de Estado, Marco Rubio, ejerció su poder de presión en su primera gira internacional para disciplinar al gobierno panameño. Bajo el argumento de la defensa de la seguridad nacional estadounidense, el diplomático forzó al país centroamericano a que abandone el acuerdo de cooperación estratégica con China de “la Franja y la Ruta”. El argumento fue que el creciente peso de la influencia china en el canal de Panamá y en el propio país, perturba la neutralidad de la vía navegable que conecta al océano atlántico con el pacífico. Así, Estados Unidos invocó una cláusula impuesta en el tratado de devolución del canal en 1977 que determina la neutralidad del mismo, y hasta habilita la intervención militar de Estados Unidos.
Pero lo cierto es que la intervención de Estados Unidos en el canal está orientada a contrarrestar las crecientes inversiones de empresas chinas de logística, navieras y de desarrolladores portuarios que operan en la zona controlada por el gobierno panameño. En especial, Washington pone el foco en la empresa Panama Ports Company (PPC), propiedad de CK Hutchinson Holdings, radicada en Hong Kong (devuelta en 1997 a China), que opera en las dos vías de entrada al canal en los puertos de Balboa y Cristóbal. El presidente José Raúl Mulino aseveró que la soberanía de Panamá sobre el canal no está en discusión, aunque sin embargo tuvo que ceder a las presiones norteamericanas para auditar a PPC y para salir de “la franja y la ruta”, aún cuando fue el primer país de la región en entrar al sistema de cooperación y de infraestructura en 2018.
Para el gigante asiático, esta resolución tiene un peso simbólico fuerte que además puede afectar sus intereses, aunque continúe manteniéndose como principal socio comercial de la mayor parte de países de América Latina. Por su parte, China ya ha desarrollado el megapuerto de Chancay en Perú, que le garantiza una vía privilegiada para el comercio con Sudamérica. Además, Beijing ha respondido con aranceles de entre un 10 a un 15% a productos norteamericanos como petróleo, gas licuado y maquinaria y automóviles de alto cilindraje frente al incremento de un 10% adicional en impuestos que Trump impuso a los bienes chinos. También está controlando la exportación de minerales clave y tierras raras a EEUU y estableciendo regulaciones contra Google.
Estas barreras a la tecnológica estadounidense son una contraparte a las prohibiciones que Estados Unidos ha impuesto a las empresas de comunicación digitales chinas. En primer lugar a Huawei, luego a TikTok, y ahora a la inteligencia artificial de código abierto DeepSeek, que promete revolucionar el mercado de las IA por sus más bajos costos en suministros y energía que los desarrollos de sus pares norteamericanos. La carrera entre las tecnológicas estadounidenses frente a sus pares de China tiene un final abierto y Trump ha prometido brindar todo el apoyo a estos empresarios que estuvieron en primera fila en la segunda asunción del magnate neoyorquino.
Por último, también son imprevisibles las consecuencias de la política de arancelamiento de Estados Unidos frente a sus vecinos del Tratado de Libre Comercio del Norte: México y Canadá. En lo que parece ser una política de “golpear para negociar”, Trump salió a presionar fuertemente para negociar nuevas concesiones en materia comercial y tanto Canadá, con su primer ministro Justin Trudeau que está posicionando a un sucesor en las elecciones, como México, con Claudia Sheinbaum iniciando su mandato, se han mostrado proclives a responder con la misma moneda en esta pulseada de tira y afloje. El arancelamiento generalizado del 25% que Trump amenaza a imponer a todos los productos de exportación de ambos países, y que se mantiene en revisión hasta marzo, denaturalizaría el Tratado de Libre Comercio (que ya fue renegociado por Trump en su primer mandato) y generaría impactos de gran magnitud. En especial en la frontera entre Estados Unidos y México, ya que el país azteca es fundamental en la cadena de suministros de muchas industrias, en especial la automotriz. En estas condiciones no está claro si el eventual arancelamiento, de concretarse, generaría una rápida sustitución de importaciones o sólo encarecería los bienes intermedios generando inflación o perdida de la rentabilidad de las empresas norteamericanas.
Donald Trump anunció un inusitado plan de evacuación de la población palestina en Gaza.
En una conferencia de prensa junto a su par israelí Benjamin Netanyahu, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirmó su intención de tomar el control de la franja de Gaza para desplazar a la población palestina fuera de su territorio y construir una “Riviera de Medio Oriente”. Como si se tratara de un emprendimiento inmobiliario, Trump manifestó su idea de apoderarse de la región, prometiendo un ambicioso desarrollo de infraestructura, bienes raíces, y la creación de puestos de trabajo que rememoran promesas frustradas como el negocio de “la reconstrucción de Iraq” luego de la intervención militar de George W. Bush.
La inverosímil propuesta para construir “una gran ciudad que estaría habitada por personas de todo el mundo” implica un desplazamiento forzoso de toda la población palestina de su propia patria, de la misma manera que ocurrió en 1948 en la Nakba (donde fueron desplazados 700 mil habitantes). Trump pretende en la actualidad que los más de 2 millones de gazatíes emigren a Egipto, Jordania y otras zonas “en las que puedan vivir dignamente sin correr peligros”. Así, el mandatario estadounidense soslaya el hecho de que el infierno vivido por la población palestina en Gaza se debe a la ocupación militar y a los ataques por tierra y aire del ejercito israelí, que ya se cobro la vida de más de 47 mil habitantes. Desde el gobierno israelí afirmaron en tono irónico que países tales como España, Irlanda y Noruega, que denunciaron la avanzada militar de Israel en Gaza, deberían albergar a los refugiados palestinos. Tel Aviv ya había dejado entrever la salida de la expulsión de la población palestina en el conocido “Plan de los generales” que trascendió en 2024.
Liga Árabe en su conjunto y países como Egipto, Jordania, Qatar, Arabia saudita y los Emiratos árabes denunciaron el plan de Trump avalado por Israel en Gaza. Los desplazamientos forzosos van en contra del derecho internacional y destruye todo el entramado internacional de posguerra. Las afirmaciones del presidente de los Estados Unidos sientan un nefasto precedente que rompe con la autodeterminación de los pueblos y abre el juego para que en otras zonas conflictivas del mundo se sientan habilitados a expulsar poblaciones o generar virtuales “limpiezas étnicas”.
La población palestina en Gaza ha sufrido los constantes desalojos propiciados por el ejército israelí dentro de la región, pero a pesar de todas las necesidades y la crisis humanitaria, no está dispuesta a abandonar su tierra. El empecinamiento por continuar con el plan anunciado por Trump implicaría más violencia, mayores violaciones a los derechos humanos y más muertes en una población diezmada que clama por un alto el fuego, por la paz y la reconstrucción de su tierra.
Colombia sumida en una crisis ministerial y la violencia de los paramilitares.
Con el objetivo de reactivar la dinámica de gobierno faltando un año y medio de mandato, el presidente colombiano, Gustavo Petro convocó a una reunión ministerial televisada en vivo, que según él se proponía transparentar las discusiones para revertir el incumplimiento de algunos puntos nodales del programa electoral que lo llevó al gobierno. La iniciativa tenía por objetivo forzar al gabinete a asumir los compromisos gubernamentales, pero dejó entrever divergencias profundas en el frente oficialista. En primer lugar, la vicepresidenta Francia Márquez afirmó no estar de acuerdo con la designación del nuevo jefe de gabinete, Armando Benedetti, quien es cuestionado por el movimiento feminista por acosador. Márquez también cuestionó a la ministra de relaciones exteriores Laura Sarabia, denunciada por abuso de poder.
Estas dos figuras clave, que son mano derecha del presidente fueron cuestionadas por diversos funcionarios, dejando entrever diferencias dentro del ejecutivo. Esto generó mayores incertidumbres a pesar de las intenciones de Petro de transparentar el gobierno para que rinda cuentas frente al pueblo. Como consecuencia del encuentro, un tanto caótico, renunció el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Jorge Rojas, enfrentado con Benedetti. También lo hizo el ministro de Cultura, Juan David Correa, mientras que el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, propuso que el gabinete ministerial en pleno presente su renuncia para darle la libertad al presidente de hacer los cambios que considere necesarios a fin de avanzar en el programa del primer presidente de izquierda del país. A pesar de que algunos han visto la escena como un síntoma de debilidad, el presidente pretende continuar con esta dinámica de televisación pública de las reuniones ministeriales.
Desde la perspectiva de Petro, de los 195 compromisos asumidos en campaña se han cumplido 146: “el presidente es revolucionario, pero su gabinete no” afirmó el mandatario. Así, manifestó su inconformidad en algunas áreas como las responsables de la situación de violencia que se vive en la zona de Catatumbo, donde el ELN viene desplegando acciones paramilitares que han generado la muerte de 56 personas y el desplazamiento de casi 55 mil habitantes. “El ejército debe intervenir en Catatumbo para desalojar al ELN” y además se deben “crear viviendas estatales para que el campesinado no tenga que depender del narcotráfico sobrevivir” afirmó el mandatario. La violencia de las organizaciones paramilitares está minando una de sus principales promesas de campaña: la de paz total, que impulsaba el desarme de las organizaciones armadas a partir de mejoras sustanciales en la población campesina.
Daniel Noboa y Luisa González irán a segunda vuelta en las presidenciales de Ecuador.
Con el 74 % de las actas contabilizadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador informó que en las elecciones presidenciales de este domingo 9 de febrero, el presidente Daniel Noboa obtenía hasta el momento el 44,64% de votos frente a la candidata por el correísmo, Luisa González que obtuvo el 43,97 % de los sufragios. Con esta tendencia que casi implica un empate técnico, ambos candidatos competirán en el balotaje para determinar el nuevo presidente de la nación. El resultado fue importante para la oposición ya que la mayoría de las encuestas previas determinaban una brecha más amplia en favor del actual presidente.
Desde el Bunker de Revolución Ciudadana se habla de una victoria de entre 1 y 2 puntos arriba de Noboa, pero que está siendo empañada por irregularidades en la carga de votos y la intervención de las Fuerzas Armadas en algunos recintos de votación. Así, la candidata de Revolución Ciudadana tiene una nueva chance para superar el escollo del 2021 y 2023, donde terminó imponiéndose el anticorreísmo en segunda vuelta a pesar de que los candidatos de Rafael Correa triunfaron en la primera ronda.
En este caso, el escenario se ha continuado radicalizando de la mano de una política neoliberal que deteriora el poder adquisitivo de la población, que además viene sufriendo de la violencia de las organizaciones narcotraficantes, los motines carcelarios, y una brutal crisis energética en 2024. Noboa ha enfrentado estas problemáticas enfatizando su perfil autoritario a través del “estado de excepción” y una política represiva y de mano dura. También ha profundizado el ajuste y las recetas neoliberales ortodoxas impulsadas por el FMI, en el marco de una economía dolarizada desde hace más de 2 décadas.
Mientras tanto, el perfil de Luisa González está orientado hacia las políticas distributivas y de promoción de derechos, con un estado fuerte que impulse la justicia social y acompañe el crecimiento económico, tal como lo ha hecho el gobierno de Rafael Correa durante una década.
Estos dos proyectos antagónicos se pondrán en disputa en un marco de creciente polarización dentro de dos meses cuando se efectúe el balotaje el domingo 13 de abril. En este caso, donde prima el descontento ciudadano, serán determinantes los electores del movimiento indígena y los sectores de la clase media urbana, que en anteriores contiendas se plegaron a la campaña de desprestigio y persecución política hacia el correísmo. Ese discurso enfocado en “la corrupción” va perdiendo fuerza al calor de los propios escándalos de la derecha gobernante y de sus magros resultados económicos. Pero el clima de violencia que vive el país también es un condicionante clave en la elección. Baste recordar el cruel asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio en 2023, que cambió la ecuación electoral. Estos dos meses serán cruciales para determinar el resultado de esta disputa electoral con final abierto.
