Por Constanza Cetraro*
El pasado viernes 30 de junio el Tribunal Superior Electoral (TSE) condenó al ex-presidente Jair Messias Bolsonaro con la inhabilitación para competir por cargos los próximos 8 años. Así, hasta 2030, queda afuera de las próximas contiendas electorales quien se había coronado como líder indiscutido de la extrema derecha en Brasil y en la región. Aparece la pregunta de qué pasará con esa gran parte de la ciudadanía, los dirigentes y los grupos poderosos que vienen siendo su base de apoyo. Porque la otra mitad, la que logró el tercer mandato de Lula, ya conoce las batallas que tiene que dar.
En un artículo replicado en este mismo medio1, escrito apenas Lula había asumido el gobierno en enero de este año, afirmé que sus desafíos giraban en torno a la “fuerte oposición de la extrema derecha consolidada, la necesidad de gobernar con una coalición heterogénea, desarmar la arquitectura autoritaria, institucional y simbólica construida por el bolsonarismo2 y combatir el hambre y la pobreza”. Los primeros seis meses de su gestión no han hecho más que confirmar esas coordenadas. En esa misma cancha debemos situar esta reciente decisión judicial, cuyo impacto político todavía no podemos terminar de dimensionar pero sí señalar que es un paso para trastocar ese armado bolsonarista.
De los siete magistrados del TSE, cinco encontraron culpable a Bolsonaro de abuso de poder, uso indebido de sus funciones e intentos de deslegitimación de las instituciones. El núcleo de la acusación es un hecho que se corresponde con una de las más típicas y preocupantes lógicas de acción de su gobierno y del bolsonarismo en sí: la proliferación intencionada de sospechas sobre las instituciones democráticas. La sentencia parte de la reunión llevada a cabo el 18 de julio de 2022 en el Palácio da Alvorada – residencia presidencial– en la cual Bolsonaro convocó a embajadores extranjeros frente a los cuales denunció la fiabilidad y transparencia del sistema electoral brasileño. Semejantes exclamaciones fueron en ese momento transmitidas por la televisión pública y las redes sociales del líder.
De cara a las comicios del 2022, el entonces mandatario sembró una serie de sospechas sobre el funcionamiento de las urnas electrónicas que Brasil usa desde 1996 y que jamás se ha comprobado fraude alguno. La campaña por su reelección, entonces, se valió del rumor de un fraude que lo dejaría a él, como representante de una gran parte de los brasileños, fuera del juego. El desenlace lo conocemos: perdió por escaso margen y sin adulteración alguna que pueda comprobarse. Pero el clima de ofensa y de negación entre sus adeptos ya lo había generado. Primero, las concentraciones desconociendo el resultado y llamamientos a la intervención militar. Segundo, la invasión al Palácio do Planalto los primeros días de enero, que se comprende fue un intento fallido de golpe de Estado. Esa ligazón entre los dichos de Bolsonaro y lo último, es desconocida por su defensa y dos de los jueces también (Raúl Araújo y Kassio Nunes Marques). Aunque una minuta, un borrador del procedimiento formal para declarar el Estado de Defesa – la suspensión de garantías individuales para reestablecer el orden– haya aparecido en la casa de su ex- Ministro de Justicia.
Bolsonaro ha afirmado que no está muerto. Aun más: ha comparado esta condena con la puñalada recibida en 2018 que disparó sus votos y dijo que esta es una puñalada en la espalda. Es decir: espera que esto refuerce su carisma mesiánico y redoble las chances de seguir imponiendo su proyecto. Formalmente, Bolsonaro tiene la posibilidad de apelar ante el Supremo Tribunal Federal (STF)3. Sin embargo, quien lo preside, el juez Alexandre de Moraes, no sólo es uno de los mismos que ya votó a favor en el TSE de inhabilitarlo, sino que es quien viene encarnando en lo judicial esta batalla democrática y ya lo ha denunciado por otras causas. Por otro lado, si nos adelantamos a las elecciones del 2026, todavía no hay nada certero respecto a quién podría erigirse como su candidato. Se habla de Tarcísio de Freitas (Republicanos), actual gobernador de São Paulo, y hasta de Michelle Bolsonaro, hoy presidente de la rama femenina del PL Mulher.
Volvemos a las dificultades del gobierno de Lula: sabe que no alcanza con estas victorias “jurídicas” y que las simbólicas las tiene que articular con otras transformaciones. Por ejemplo, en la estructura estatal, siendo que la permeabilidad de las FF. AA., los grupos evangélicos y económicos obstaculizan políticas redistributivas, ambientales y culturales. Esta especie de gesto es la señal más fuerte que Lula dio hasta ahora de torcer el rumbo, de encauzar la democracia brasileña. No es suficiente pero es necesario. Sabe que su tarea es política y, tomando las palabras de Federico Montero4, para dar esa disputa integral tiene que desarmar este “engendro” que supo ser una salida para las necesidades de los sectores dominantes, que ahora parecen reformular su estrategia al margen de esta figura.
Cuando Lula afirmó que la decisión del TSE “no afecta la tranquilidad del gobierno” en verdad se refería a que sigue, más que nunca, abocado a su tarea. Tiene que enfrentar día a día la robusta oposición de la derecha, sostener la coalición democrática con las otras fuerzas (las “moderadas” que velan por sobrevivir en las instituciones) y combatir la grave situación social. El progresismo sabe que, más en esta tercera edición en que la correlación de fuerzas es adversa, un triunfo judicial está lejos de ser un triunfo político. Cuando a Lula quisieron dejarlo fuera del juego mediante la misma Justicia, fue la política la que logró su retorno. Hoy en el Planalto, ésa es su legitimidad y su principal herramienta.
1 https://observatoriodelsurglobal.com/tristeza-nao-tem-fim/
2 Elman, J. (28.12.2022) 62,5 millones de pobres, el escenario al que se enfrenta Lula, CENITAL.
3https://www.brasildefato.com.br/2023/07/04/defesa-de-bolsonaro-repetira-argumentos-no-stf-mas-decisao-do-tse-indica-novas-derrotas
4 BOLSONARO INHABILITADO hasta 2030 por la JUSTICIA de BRASIL, disponible en https://youtu.be/MQrkZqA2xBQ
* Lic. en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora en formación en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Miembro del grupo de investigación “Las desafíos de los nuevos progresismos latinoamericanos en un contexto internacional inestable” (actual denominación) dirigido por el PhD Mario Toer y coordinado por el Dr. Ariel Goldstein.
