Mientras Petro promueve cambios profundos y avanza en su plan de gobierno, la oposición genera un clima de golpe que se plasma en el armado de causas judiciales, declaraciones de militares, fiscales y expresidentes que buscan cercenar el poder del presidente y eventualmente sacarlo del mando.
La voluntad de Petro de profundizar las reformas que eran parte de su programa electoral implicó la ruptura del marco de acuerdos con sectores de la centro-derecha y derecha que había sumado al gobierno y pasaron a ser opositores frontales. En el marco de esta polarización del escenario político, Petro redobló la apuesta de reformas pero alertó sobre las posibilidades de desestabilización.
Clima golpista
El presidente de Colombia, Gustavo Petro denunció que hay una conspiración en su contra que busca dar un golpe de estado.
Específicamente, Petro apuntó contra el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, el coronel John Marulanda, quien declaró querer sacarlo a Petro como en Perú se deshicieron de Pedro Castillo, y la semana pasada hubo una movilización en la Plaza de Bolívar de veteranos de las Fuerzas Armadas contra el gobierno.
Pero lejos de ser un grupo insignificante o palabras de un “loco” como sostuvieron algunos opositores, el fiscal general Francisco Barbosa y el expresidente Andrés Pastrana también se sumaron a las maniobras y discursos golpistas.
El pasado 8 de mayo la titular del Ministerio Público de Perú, Patricia Benavides, se reunió con su par colombiano con el objetivo de “fortalecer las acciones de cooperación interinstitucional que contribuyan a enfrentar los delitos en ambos países” según expresaron.
Además de rechazar tal sospechoso encuentro, Petro tuvo un encontronazo con Barbosa ya que cree que el fiscal tenía información sobre la amenaza de muerte a 200 personas que finalmente fueron asesinadas por el Clan del Golfo.
Por otro lado, el expresidente Andrés Pastrana acusó a Petro de “totalitario” y de no respetar la división de poderes.
Sin dudas, hay desde inicios de mes un clima golpista generado por la oposición. Según hizo trascender el propio Petro, la conspiración que se generó llevaría el nombre de “Acero diluido”.
A ese clima se le suman hechos judiciales concretos. No es casual, ya que los golpes de hoy, como el de Castillo en Perú, han tenido su iniciativa en la justicia. Hasta ahora hay dos denuncias contra Petro supuestamente por violación de datos y por interferir en investigaciones judiciales e infringir la Carta Magna. Las denuncias fueron promovidas por el uribista Carlos Flórez, integrante del partido Centro Democrático.
También se intentó atacar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en medio de la audiencia para la verdad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quien se encuentra extraditado en EEUU, quien testimonia sobre los vínculos del paramilitarismo y la Fuerza Pública entre 1990 y 2000. El objetivo de ciertos sectores es frenar los diálogos de paz y la búsqueda de la verdad. Lo cierto es que Petro está llevando a cabo un fuerte cambio respecto del “combate al narcotráfico”. La diferencia está en que por primera vez hay un gobierno que no tiene vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo y que expone y denuncia tal situación que era moneda corriente en gobiernos anteriores de derecha. Evidentemente, sectores del poder que mantienen esos vínculos temen que se sepa la verdad y se avance judicialmente.
Cambios políticos
Hace un mes Petro inició con importantes cambios en su gabinete pidiéndole la renuncia protocolar a todos sus ministros. Se produjo una ruptura en el gobierno dado que algunas fuerzas y personajes que lo integraban se distanciaron de Petro a partir del impulso del presidente a una serie de reformas como la reforma tributaria y la reforma de salud.
Los tradicionales partidos de la U, el Conservador, y César Gaviria del Partido Liberal (PL), rechazaron la agenda de gobierno de Petro, por ello les pidió la renuncia a su gabinete y comenzó a armar un nuevo esquema.
El cierre de filas de Petro implicó el distanciamiento con los partidos tradicionales que lo apoyaron inicialmente en la elección -la coalición de gobierno era una amplia base de partidos- y con los “tecnócratas”, con el objetivo de priorizar el cumplimiento de sus propuestas.
Ahora se enfocará en “gobernar con los suyos”. Esto le permite avanzar en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’. Programa que constituye la hoja de ruta de su gobierno y que pasó por el Congreso a comienzos de este mes. Justamente los sectores políticos tradicionales que antes integraban la coalición se opusieron a varios de los artículos del Plan.
La vicepresidenta, Francia Márquez, señaló que el Plan “representa un avance hacia la garantía de derechos y la justicia social en artículos orientados al cierre de brechas de desigualdad e inequidad”.
El Plan Nacional de Desarrollo promueve la seguridad humana y la justicia social, declara el derecho humano a la alimentación, impulsa el ordenamiento territorial alrededor del agua, fomenta la transformación productiva, la internacionalización y la acción climática con estabilidad macroeconómica, y tiene como fin el lema que lo llevó a Petro a la presidencia, que es la paz total.
Al mismo tiempo, Petro llamó al pueblo a movilizarse en apoyo a las reformas sociales que está promoviendo.
