Por Florencia Tursi Colombo
El Tribunal Constitucional (TC) del Perú ordenó la liberación del exdictador Alberto Fujimori quien se encontraba en prisión por los delitos de lesa humanidad llevados a cabo durante su gobierno (1990-2000).
La liberación es irregular ya que el TC emitió un fallo que no tiene como fundamento razones humanitarias (aunque incluso algo así sería cuestionado dado los crímenes que cometió) sino intenciones políticas, y justificándose en procedimientos técnicos.
El TC avaló el indulto que había sido otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en diciembre del 2017, señalando que, técnicamente se encontraría vigente.
En 2017 el Congreso peruano debía votar la vacancia presidencial de PPK producto de la sospecha de corrupción por su accionar como Ministro de Economía y Finanzas entre 2004 y 2005. El intento de vacancia contra PPK fue rechazado gracias a un acuerdo secreto con el congresista Kenji Fujimori, hijo del exdictador, que implicó la no destitución a cambio del indulto a Alberto Fujimori.
PPK emitió el indultó en las vísperas de la navidad del 2017. Dicho indulto por falsas razones “humanitarias” a Fujimori que se encontraba en la cárcel por una condena de 25 años desde el 2007 por graves violaciones a los derechos humanos, produjo la reacción popular, movilizaciones en Lima y en las principales ciudades. Finalmente, en 2018, PPK renunció a su cargo, luego de que se diera a conocer el acuerdo político para frenar el intento de vacancia, y el indulto a Fujimori quedó anulado, por lo que regresó a la cárcel.
El jueves pasado, el TC retomó aquel indulto dada la presentación del magistrado Ernesto Blume, quien incluyó en la agenda del Tribunal el habeas corpus presentado por el abogado de Fujimori en 2020 contra la sentencia que había anulado el indulto en 2018. La votación llevada a cabo por los miembros del TC fue un empate, tres votos a favor y tres votos en contra, lo que implicó el desempate del Presidente del TC, Augusto Ferrero, quien votó a favor de restituir y dejar vigente el indulto.
Cabe señalar que Ferrero fue nombrado miembro del TC en 2017 gracias a los votos del fujimorismo en el Congreso y que, actualmente, el TC tiene su mandato vencido.
El actual Presidente del Perú, Pedro Castillo, se expresó en contra de la decisión del TC y señaló que apelará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cual ya había sentenciado los delitos de lesa humanidad perpetrados en las masacres de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992.
Nuevamente, el indulto produjo masivas movilizaciones de rechazo. Las manifestaciones y el descontento por el accionar del Poder Judicial, se suman al clima de inestabilidad producto de la crisis política, la cual tendrá un nuevo capítulo en los próximos días ya que ingresó al Congreso un nuevo intento de vacancia presidencial contra Castillo que será debatido el próximo 28 de marzo.
La sensación es de total desamparo ya que los poderes del Estado no gobiernan para el pueblo sino que, en medio de disputas de poder entre ellos, acaban beneficiando al mismo de siempre, al fujimorismo.
