por Pablo Macia
El pasado domingo 21 se celebraron elecciones regionales en Venezuela en las que se eligieron los 23 Gobernadores y 253 legisladores estatales de las entidades federales del país, sumado a los 335 alcaldes 2671 concejales. Con el 99,20 por ciento de las actas transmitidas, la participación ciudadana en los comicios aumentó a 42,26 por ciento, según lo expresó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla, en el segundo boletín oficial presentado la mañana del lunes 22.
Los resultados arrojaron que de las 23 Gobernaciones en disputa, 21 cargos son adjudicables de forma irreversible y se distribuyen en: 18 para la alianza del Gran Polo Patriótico (GPP), dos para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y uno para Fuerza Vecinal.
Las gobernaciones ganadas por los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que integra al GPP, corresponden a los estados de:
Anzoátegui (46,15 %), Aragua (51,62 %), Bolívar (42.07 %), Carabobo (54.85 %) Falcón (43.24 %), Guárico (47.15 %), Lara (46.18 %), Mérida (40.64 %), Miranda (48.28 %), Monagas (46.04 %), Portuguesa (45.70 %), Sucre (47.06 %), Táchira (41.11 %), Trujillo (41.59 %), Yaracuy (46.48 %), Amazonas (40.23 %), Delta Amacuro (60.55 %) y La Guaira (50.16 %).
Por otra parte, los candidatos de la MUD obtuvieron la victoria en los estados Cojedes con José Alberto Galíndez (48.28 %) y el estratégico estado de Zulia (sede de importantes yacimientos petroleros, el más poblado del país y fronterizo con Colombia) con Manuel Rosales (56.13 %). Mientras tanto, el estado de Nueva Esparta quedó a cargo de Morel Rodríguez de Fuerza Vecinal (42.48 %).
Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral Nacional (CNE) indicó el lunes que hay dos estados en los que el conteo rápido no da una tendencia irreversible y por ello se esperará al conteo definitivo. Se trata de la gobernación del estado de Apure en el que el representante de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Eduardo Piñate ha obtenido 76.279 votos (44,17 %) que lo sitúa por delante del candidato opositor Luis Llipa, que ha obtenido algo menos del 42 %.
El otro estado en disputa es el de Barinas, en el que el CNE aún no ha aportado los resultados finales del recuento. El jueves, la junta regional de Barinas ya había adjudicado los cargos de alcaldes o alcaldesas de 11 de los 12 municipios del estado, faltando tan sólo el cargo de gobernador y el de alcalde o alcaldesa del municipio Arismendi, al que corresponden las actas faltantes. Las condiciones complejas de los sitios inhóspitos a las que corresponden las actas faltantes y el acercamiento del vencimiento de los tiempos legales establecidos, determinaron que se encargue a la Junta Electoral Nacional la totalización de las actas que restan contabilizar en ese distrito.
En cuanto a las 335 Alcaldías en disputa, el rector principal del CNE informó que 322 son adjudicables, de las cuales 205 corresponden al GPP, 59 a la MUD y 37 a la denominada Alianza Democrática y 21 a otras agrupaciones políticas.
Por otro lado, el viernes 26 de noviembre, se llevó a cabo la elección por la representación indígena a los consejos legislativos y concejos municipales en ocho entidades del país. Un total de 4.334 voceros y voceras de los pueblos y las comunidades indígenas de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, eligieron 69 concejalas y concejales, así como 8 legisladoras y legisladores a los consejos legislativos.
Según informó el Consejo Nacional Electoral, el lunes 29 de noviembre, a partir de las 9:00 am, se efectuará la Auditoría de Datos de Electoras y Electores fase II, dentro del cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2021 en el que se establecerán los datos definitivos de la elección. La misma será transmitida en directo a través de CNETV, el canal del Poder Electoral en internet.
Implicancias de la elección
Las elecciones de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre constituyen un paso importante en la institucionalización política de Venezuela a partir de la participación de las fuerzas de oposición luego de tres años de boicot electoral. De esta manera se reafirman los acuerdos trazados el pasado 13 de agosto en el memorando de entendimiento de los representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de la Plataforma Unitaria de Venezuela.
El memorándum de entendimiento entre el Gobierno y la oposición firmado en México y con la mediación de Noruega, plantea las garantías electorales y un cronograma electoral que se viene cumpliendo regularmente, sumado al levantamiento de las sanciones y la restauración del derecho a los activos de Venezuela en el extranjero, así como también el respeto al Estado Constitucional de Derecho y la convivencia política y social en el país, entre otras cuestiones.
En cuanto a la participación en las elecciones, el analista Atilio Borón recuerda que desde 1984 el voto dejó de ser obligatorio por un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas de la época: Acción Democrática y la Democracia Cristiana. En este aspecto, si bien el proceso de movilización política iniciado por el Chavismo, que alcanzó niveles de participación por encima del 80% venía decreciendo (recordemos además que el país celebró 29 elecciones en 22 años), es necesario tener en cuenta el contexto de la pandemia de la Covid-19, el abstencionismo de la oposición en los últimos años y las consecuencias económicas del bloqueo. Visto de esta forma, el porcentaje de participación en la elección fue comparable con el de otros países, y la abstención de algunos sectores puede deberse al cansancio, apatía, desinterés, triunfalismo, rebeldía, desesperanza o a la grave situación económica vivida.
Las urnas ratificaron el poder territorial del chavismo, que se quedó con 20 de las 23 gobernaciones, ganándole a la oposición las de Anzoátegui, Mérida y Tachira. La atomización y las luchas entre las fuerzas opositoras, facilitó el triunfo del Gran Polo Patriotico, aunque todas juntas sacaron unos 700 mil votos más que el oficialismo. De todas formas consiguieron arrebatarle al chavismo el estratégico estado de Zulia, el más poblado del país.
Con respecto a las delegaciones internacionales de veeduría, el CNE afirmó que los representantes del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), el Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), la Asociación Nacional de abogados de los Estado Unidos (National Lawyers Guild) y la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, coincidieron en manifestar que el sistema automatizado de votación venezolano es confiable y robusto.
La Misión de Observación Internacional Electoral del Parlamento del MERCOSUR, elaboró un informe preliminar que se nutre de la información recabada desde el 16 de noviembre, día en que la Misión se instaló en el país y mantuvo reuniones con las autoridades electorales, con organizaciones internacionales y cuerpo diplomático, sociedad civil, expertos, líderes, candidatos, coaliciones y partidos políticos, siempre buscando mantener una paridad en la representación de las fuerzas políticas.
El informe destacó que 37 de las 42 Organizaciones con Fines Políticos (OFP) nacionales habilitadas para esta elección, postularon candidatas y candidatos y que en referencia a la paridad de género, el 49,44% de las postulaciones corresponden a mujeres y el 50.56% son hombres. El informe concluye que en los centros electorales visitados por la Misión del PARLASUR, en promedio, cada elector demoraba alrededor de un minuto en ejercer su votación. Por su parte, los miembros de mesa y funcionarios militares indicaron que se reportaron pocas incidencias y que la jornada transcurrió con toda normalidad.
En contraste, el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE) es un tanto más ambiguo en sus conclusiones. Por un lado, la misión reconoce avances en el proceso electoral venezolano, y plantea que esta en concordancia con los estándares internacionales, sumado a la composición más equilibrada del Comando Nacional Electoral. Pero por otro lado, realiza apreciaciones y valoraciones críticas que en la mayoría de los casos son accesorias y laterales, pero que en otros, apuntan directamente a la institucionalidad venezolana, en particular a la Junta Electoral Nacional, desconociendo las atribuciones constitucionales que tiene la misma.
Por su parte, desde el sector oficialista de Venezuela se expresó Diosdado Cabello, dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresando que la misión de observación electoral que la Unión Europea llegó con el informe “hecho” y que “se quedaron con las ganas porque 300 observadores más dijeron que todo fue limpio, transparente, con uno que otro incidente, que nosotros condenamos igual, pero aquí no hay trampa”.
En definitiva, la ambigüedad del informe fue utilizado por sectores de la prensa internacional para intentar minar el proceso electoral y los avances en la institucionalidad política del país. Así, el The New York Times afirmó que “Los observadores europeos dijeron que las elecciones no fueron libres ni justas” y que “fueron desvirtuadas por condiciones desiguales de participación, violencia y órdenes judiciales contra los líderes de la oposición”. Sin embargo, el mismo medio tuvo que admitir que “la misión subrayó varias mejoras en materia democrática durante las elecciones del domingo, y llegó a calificar el sistema de procesamiento electrónico de los votos como ´confiable´”
Expresando críticas en una línea similar se posicionaron diversas representaciones diplomáticas Europeas frente a la elección. Así fue el caso de España donde el Gobierno “constató que los comicios no cumplieron los estándares internacionales e hizo un llamamiento a Ejecutivo venezolano y oposición”. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido emitió un comunicado en el que ha señalado que si bien las condiciones electorales “pueden haber mejorado” y “la participación de más partidos de la oposición fue bienvenida”, “las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas cayeron muy por debajo de los estándares requeridos”.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respondió a estas críticas afirmando que “El pueblo venezolano, a pesar de un cruento e ilegal bloqueo, en medio de una terrible pandemia, ha protagonizado un proceso electoral con plenas garantías, dentro de los más altos estándares tecnológicos y la participación de todos los sectores políticos, lo que atestigua la existencia de una vibrante democracia en el país”. En ese aspecto exhortó a los gobiernos de España y el Reino Unido a rectificar sus posiciones injerencistas y colonialistas.
Pero más allá de algunas controversias, el camino de las elecciones consensuadas en las que participó la oposición política indican un avance en la estabilización institucional del país, y echa por tierra las estrategias de desestabilización impulsadas por Estados Unidos de la mano de Juan Guaidó, y las prácticas insurreccionales que impulsaba un sector de la oposición.
Queda ahora el desafío de resolver la dura situación económica, atravesada por el bloqueo norteamericano y las sanciones económicas de los países aliados a su estrategia. El país se encuentra en una profunda crisis de desabastecimiento de bienes que encarecen las mercancías y distorsiona todos los precios. El cumplimiento del memorando en materia electoral debería tener como contrapartida la distensión del asedio económico frente a Venezuela y la recuperación de los fondos bloqueados que el país tiene en el exterior. El desafío del gobierno en estabilizar económicamente al país sigue vigente, pero el apoyo popular en la elección es un espaldarazo para el chavismo en esa gesta.
