por Sebastián Tapia
En la madrugada del 7 de Julio, un grupo armado ingresó a la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moïse, en Pétion-Ville. Asesinaron al presidente con doce disparos de armas de grueso calibre e hirieron de gravedad a la primera dama. Este hecho sacudió el ya turbulento panorama político haitiano. El país estaba en proceso de grandes cambios políticos, incluyendo una reforma constitucional y elecciones populares. ¿A quién le conviene frenar este proceso?
Los mercenarios
La investigación que lleva a cabo la policía nacional de Haití sostiene que el ataque fue perpetrado por un grupo de al menos 28 personas, dos de ellas con nacionalidad haitiano-estadounidense y 26 de ellas con nacionalidad colombiana. 19 han sido arrestados, 3 muertos y 6 se encuentran prófugos. De los arrestados, 11 fueron detenidos en el territorio de la embajada de Taiwán. Cabe destacar que la misma delegación taiwanesa autorizó el ingreso de la policía haitiana para detener a esta banda que trató de ingresar por la fuerza, a una embajada que estaba cerrada debido al Estado de Sitio impuesto por el gobierno tras el asesinato.
El gobierno de Colombia ofreció su colaboración para la investigacion, ya que 15 de los colombianos implicados en el hecho son militares retirados de su ejército. Uno de ellos incluso había comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz por su involucramiento en los “falsos positivos”. Otro es primo de un consejero presidencial para la Seguridad Nacional.
El gobierno colombiano investiga a cuatro empresas sospechosas de reclutar a los mercenarios, pero publicó el nombre de estas empresas. La hermana de uno de los mercenarios muertos y la mujer de uno de los detenidos nombraron a CTU Security como sus empleadores. Ante este hecho, el gobierno venezolano dió a conocer que el presidente de esta empresa es un venezolano radicado en Miami, un activista de Juan Guaidó que llamó públicamente al derrocamiento de Nicolás Maduro.
Curiosamente, quienes colaboran con la investigación haitiana son los gobiernos colombianos y estadounidenses. Los mercenarios, además de tener ciudadanía de estos países, se identificaron como miembros de la DEA (Agencia antidrogas estadonidense) al ingresar al domicilio del presidente. Esto fue declarado por el embajador haitiano en Washington, Bocchit Edmont, pero la pertenencia de los mercenarios a esta organización fue desmentida por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Pierce.
Los sucesores
Moïse gobernó su últmo año en un conflicto institucional con la oposición, que sostenía que el mandato de Moïse ya había concluído. En Febrero se había nombrado al juez Joseph Mécène Jean-Louis como “presidente de la transición”, pero en respuesta, el presidente Moïse ordenó por decreto la jubilación forzosa de los jueces Joseph Mécène Jean Louis, Yvickel Dabrésil y Wendelle Coq Thelot, descabezando así al poder judicial. Tras el fin de los mandatos de los legisladores, Moïse continuó gobernado por decretos y sólo un tercio del Senado continuó reuniéndose en desafío al presidente. Este tercio el viernes nombró a su jefe, Joseph Lambert, como presidente interino.
En la nueva constitución propuesta por Moïse y que se votaría en Septiembre junto a las elecciones presidenciales y legislativas, se propone acabar con el Senado, instaurando un parlamento unicameral. También se busca eliminar la figura del Primer Ministro, pasando de un semipresidencialismo a un presidencialismo pleno.
Ariel Henry había sido nombrado Primer Ministro por decreto presidencial un día antes del asesinato. Sin embargo, no llegó a jurar su cargo. Claude Joseph, quien actuaba como Primer Ministro interino desde el año pasado, asumió la presidencia de manera transitorio y cuenta con el apoyo de la policía y del ejército, además de ser reconocido como presidente interino por potencias extranjeras, como Estados Unidos.
Finalmente es Joseph quien está a cargo del ejecutivo en estos días y quien lleva adelante la investigación del hecho.
Otras amenazas
Además de su conflicto con el poder judicial y con el legislativo, Moïse se enfrentó a gran parte de la oligarquía haitiana. Tanto Réginald Boulos, dueño de un grupo empresarial, como Dimitri Vorbe, dueño de las empresas eléctricas a las cuales el gobierno de Moïse decretó reducir el precio que pagaba el Estado, fueron acusados por el difunto presidente como los instigadores de los disturbios que sacudieron al país en 2018. Incluso ellos están siendo citados por la fiscalía para declarar en la investigación del asesinato.
La primera dama, Martine Moïse, desde Miami y en plena recuperación del ataque, realizó la siguiente declaración sobre quienes sospecha que están detrás del ataque:
“Enviaron mercenarios a matar al presidente en su casa con miembros de su familia dentro, y los motivos son las carreteras, el agua, la luz, el referendo, así como elecciones a fin de año para que no haya transición en el país”
MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE
— Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021La razón por la que la oligarquía haitiana haya acelerado los tiempos para remover a Moïse, y asegurarse el poder, puede ser una combinación entre el nombramiento de un nuevo Primer Ministro y un alzamiento popular.
El editor del medio haitiano “Haite Liberte”, Kim Ives, explica el clima social que se vive en Haití hace unos años:
“Esencialmente, la agricultura haitiana es una sombra de lo que fue antes y todos esos campesinos desplazados terminaron en las ciudades de estos enormes barrios de chabolas donde la gente no tiene trabajo, no tiene servicios y vive el día a día. Como resultado, lo que han surgido son caudillos, en estos vecindarios, pandillas, algunas de ellas involucradas en secuestros y delitos y cosas terribles, que se aprovechan incluso de su propia población. Pero surgió otra facción que se llamó a sí misma el G9, ahora se llama las Fuerzas Revolucionarias de la familia G9 y sus aliados. Y estaban en contra de los elementos criminales. Luchaban contra los elementos criminales y, de hecho, ahora han pedido una revolución.”
Ives se refiere al movimiento liderado por el ex policía Jimmy Cherizier, alias Barbecue, que ha organizado una serie de saqueos a tiendas y negocios en Puerto Príncipe el mes pasado. Se hizo popular un llamado que realizó por las redes sociales que decía:
“Es tu dinero el que está en bancos, tiendas, supermercados y concesionarias, así que ve y consigue lo que es tuyo por derecho”
De acuerdo a algunos activistas de movimientos por los derechos humanos, la actividad de Cherizer no está enfocada contra el gobierno de Moïse, sino en la oligarquía que mantiene a la oposición. No es descabellado considerar que ante un posible levantamiento popular, que sostenga o profundice los cambios propuestos por Moïse, el conjunto de la oligarquía, tanto oposición como partidarios, hayan resuelto quitar del medio al presidente para recuperar las riendas del país.
La influencia estadounidense
El presidente interino, Claude Joseph, rápidamente se comunicó con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y le requirió el envío de tropas para proteger la infraestructura principal del país: el puerto, aeropuerto, las compañías eléctricas, etc.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense se rehúsa a enviar asistencia militar. Sí va a colaborar con la investigación policial a través de una misión del FBI.
El presidente también envió una carta con un pedido similar a la oficina de Naciones Unidas en Haití, pero eso sólo será respondido tras una decisión del Consejo de Seguridad.
Una intervención extranjera para protejer los activos principales del país, recuerda a lo que fue la intervención estadounidense en Haití desde 1915 a 1934. En ese caso, el presidente demócrata, Woodrow Wilson, decidió invadir y ocupar el país cuando un levantamiento popular, liderado por el doctor Rosalvo Bobo, mató al presidente Vilbrun Guillaume Sam y ponía en riesgo la continuidad de los intereses estadounidenses en la economía haitiana.
Desde entonces Estados Unidos intervino activamente en la política haitiana, por ejemplo instaurando a Jean-Bertrand Aristide en 1994 y derrocándolo en 2004, debido a considerar que Haití se encuentra bajo su esfera de influencia.
Todavía no hay evidencia que apunte directamente a los gobiernos de Estados Unidos o Colombia como instigadores o proponentes del asesinato de Moïse. Los indicios apuntan a la decisión de la oligarquía local para resolver por la fuerza la crisis política interna y evitar un posible levantamiento popular. El ejemplo histórico puede haber servido de inspiración para la situación actual, esta vez no siendo decidida por Estados Unidos, sino buscando forzar la invasión extranjera. Pero queda claro las conexiones entre las oligarquías regionales, en este caso Haití, Colombia y Venezuela, que no dudan en utilizar la violencia para resolver sus problemas políticos.
