Por Juan Maldonado para El Resaltador
La aprobación legislativa del Presupuesto 2021 de Guatemala fue a su vez la desaprobación de un pueblo cansado de la “pobreza, la corrupción y la crisis sanitaria“. La situación llevó a que el vicepresidente le pida al primer mandatario, Alejandro Giammattei, la renuncia de ambos.
El miércoles 18 de noviembre el Congreso decretó la nueva partida presupuestaria. Aparentemente, y según fuentes del Poder Legislativo, se dio de manera “opaca“: de madrugada y sin que la totalidad del cuerpo legislativo tenga un pleno acceso.
Además, la iniciativa no tuvo audiencias públicas ni fue transmitida en redes sociales para el común conocimiento del pueblo.
¿El presupuesto fue muy bajo? En realidad no. Estamos hablando del proyecto más elevado en la historia del país. El mayor problema radica en que la iniciativa no contempla la realidad, no contempla un aumento de las partidas sociales.
Al mismo tiempo, se cree que gran parte del presupuesto estará destinado a pagar y a generar nuevas deudas. Guatemala ya había ampliado sus parámetros crediticios por la pandemia y las tormentas Eta e Iota.
El monto total aprobado fue de caso 12.800 millones de dólares, un 25% más que el del año anterior. El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia.
La oposición denuncia que la mayoría de los fondos están dirigidos “a infraestructuras con el sector privado” y deja sin aumentos el sector de Salud y Educación.
Guatemala tiene grandes problemas para combatir la pobreza. El 59,3% (de una población de 16 millones de habitantes) se ubica bajo el umbral de pobreza y la desnutrición infantil afecta a la mitad de los niños y niñas menores de cinco años.
La quema del Congreso
El sábado una convocatoria masiva en las inmediaciones del Congreso culminó de la peor manera. Cientos de personas atacaron el edificio e incendiaron con antorchas distintas oficinas.
Hubo al menos 37 detenidos y 22 personas heridas que debieron ser atendidas no sólo por la quema, sino por la represión policial.
Se trató de una congregación de dos manifestaciones por el mismo motivo: la renuncia de Alejandro Giammattei.
El superministro
Otro de los puntos claves de las manifestaciones es la disolución del Centro de Gobierno. El organismo fue creado por el Gobierno anterior y fue aprovechado por Giammattei para supervisar las actividades de los 14 ministerios.
La superentidad es dirigida por un joven ingeniero, Luis Miguel Martínez, quien sería muy cercano al presidente.
El mismo vicepresidente guatemalteco, Guillermo Castillo, dijo que es “una estructura que le está generando costos extraordinarios (al Estado), y también abona muy poco”.
Castillo quiere la renuncia de ambos
El vicepresidente le sugirió a Giammatei la renuncia de ambos para “oxigenar” la situación que vive el país. La propuesta habría sido privada y contaría con el apoyo de la Iglesia católica y la evangélica para proponer nuevos nombres.
Castillo, que admitió que alguna vez le gustaría ser presidente de su país, explicó que “por el bien del país” desea la renuncia al cargo. “(Quiero) que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dicen que se tienen o que se piensen que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto”, indicó.
Después de las protestas
El Congreso decidió suspender la aprobación del Presupuesto 2021 debido a las protestas. El anuncio lo realizó el presidente del Congreso de Guatemala, Allan Rodríguez.
Sin embargo, desde la oposición señalan que “ni la Junta Directiva (del Congreso) ni sus bloques tienen la potestad de archivar una ley aprobada por el pleno“. En esa circunstancia, piden al pueblo que “no se deje engañar”.
El Gobierno invocó la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la que intenta promover el diálogo con las fuerzas opositoras.
La OEA emitió un comunicado sobre la situación que se vive en el país velando por “un diálogo inclusivo”. Respecto a las protestas, explican que “existe un derecho a la protesta, la cual debe ser asegurada absolutamente, pero no existe un derecho al vandalismo”.
La oposición creen que la jugada del Gobierno a través del organismo internacional es la criminalizar la protesta sin garantizar los derechos establecidos por la ley del país.
Durante la semana, Giammatei y su cuerpo de gestión, mantuvieron reuniones para “escuchar propuestas provenientes de las asociaciones, centros de investigación y academia para una readecuación del presupuesto”.
Los encuentros cuentan también con la participación de la cúpula empresarial, iglesias evangélicas y representantes de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mientras tanto, los y las diputadas tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto. En caso de no llegar a un nuevo proyecto, la ley estipula seguir con el Presupuesto vigente (2020) de 10.390 millones de dólares.
