En Ecuador y en Perú se habla de la destitución de sus presidentes. En Ecuador es la primera vez que un presidente se enfrenta a esta posibilidad de destitución por juicio político, en cambio en Perú ha sido utilizada muchas veces la vacancia para sacar a presidentes casi sin motivos. La crisis política sacude a ambos países, el resultado es incierto pero la deslegitimación de los presidentes Lasso y Boluarte parece ser un elemento en común.
Esta semana la Corte Constitucional de Ecuador habilitó a la Asamblea a iniciar el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Con 6 votos a favor y 3 en contra se admitió la acusación de juicio político que inició el Legislativo. La Corte señaló que el proceso arrancado ha sido respetando los principios de legitimidad política y del debido proceso.
Lasso es acusado por el delito de peculado. El jueves por la noche el presidente emitió un mensaje señalando su inocencia. Según el mandatario se trataría de un proceso deliberado y sostenido para destruir su credibilidad, cuyo único objetivo es silenciar su voz y tomar por asalto el poder. Además agregó que lo que está en juego es la democracia y la estabilidad.
Lo cierto es que la Corte Constitucional admitió a trámite la solicitud de enjuiciamiento, por solo uno de los cargos que se le acusaban a Lasso, se trata del de peculado por presuntos hechos de corrupción que se habrían dado en la Empresa Pública Flota Petrolera del Ecuador (Flopec). No se admitieron las acusaciones por los cargos de concusión por actos sospechosos de corrupción en Petroecuador y en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco EP).
Es la primera vez, desde que rige la Constitución del 2008, que se llega a esta instancia de juicio político con dictamen de admisibilidad. Es decir, es la primera vez que un presidente es llamado a juicio político por la Asamblea Nacional. Con la anterior constitución hubo un intento de juicio político al entonces vicepresidente Alberto Dahik que no logró los votos necesarios aunque Dahik terminó fugándose del país por un escándalo de malversación de fondos.
En esta instancia el juicio político depende de la Asamblea en donde se necesitarán 92 votos de los 137 asambleístas para destituir al presidente.
El legislativo tiene un plazo de 30 días para procesar los mecanismos de orden constitucional. La comisión parlamentaria debe elaborar el informe con la acusación, la cual será debatida en la Asamblea y Lasso tiene derecho a presentar su descargo.
Por otro lado, el presidente podría activar el mecanismo de “muerte cruzada” con el objetivo de disolver la Asamblea pero estaría obligado a convocar a elecciones legislativas y también presidenciales. Aunque salió a aclarar que él respeta la decisión: “soy un demócrata, por eso respeto la decisión de la Corte Constitucional, a pesar de no compartirla” señaló, lo que hace suponer que no anularía el proceso convocando a nuevas elecciones generales, sino que presentará su defensa ante la Asamblea.
La defensa de Lasso sostiene que no hay pruebas ya que se lo acusa por un contrato firmado en Flopec en diciembre del 2018, con un alcance en el 2020, cuando él no era presidente de la República (asumió el cargo en 2021).
El portal digital La Posta fue el que reveló la investigación policial en donde se prueban los supuestos nexos entre el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, con funcionarios públicos vinculados a redes de corrupción y narcotráfico. Se trata de una trama de corrupción en la que se asignaban cargos públicos de empresas estatales.
En caso de que la Asamblea llegara a obtener los votos para destituirlo, asumiría su cargo Alfredo Borrero, el actual vicepresidente. Si bien hay mayoría opositora en el legislativo, no todos pertenecen al mismo sector político y hay dispersión. No obstante, para el inicio del proceso de juicio político fueron 104 asambleístas los que votaron a favor, de mantenerse ese número se superaría el mínimo necesario para destituir a Lasso.
En Perú es distinto, el proceso de la vacancia es más sencillo y rápido ya que no se necesitan argumentos para vacar a un presidente, sino sólo reunir 87 votos de un total de 130 congresistas.
Estaba previsto para el jueves pasado la admisión de la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. No se iba a votar la vacancia propiamente dicha, sino su admisión a trámite para lo cual se requieren 52 votos. Pero el tratamiento fue aplazado hasta el próximo pleno debido a la “apretada agenda” del Congreso que debía tratar otros temas tales como la moción de censura contra el Ministro del Interior, Vicente Romero, por la intervención policial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que se dio en enero en el marco de las protestas sociales.
Pese a que el argumento en una moción de vacancia suele ser secundario, en el caso de Boluarte no es menor. Su pedido de vacancia se sustenta en los casi 70 muertos que se han producido desde el inicio de su mandato en el contexto de protesta social.
La vacancia es promovida por las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático, quienes responsabilizan a la presidenta por el uso desmedido y desproporcionado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las manifestaciones.
Finalmente, debido al aplazamiento, la moción será presentada y sometida a voto este martes 4 de abril. Si bien es difícil que se reúnan los votos en el Congreso, en las calles el pedido de renuncia de Boluarte y llamado a elecciones es fuerte. Pero la lejanía de los congresistas con el pueblo hace crecer el malestar, se calcula que el índice de rechazo al Congreso ascendió al 90%. Es decir, el 90% de los/as peruanos/as rechazan al Congreso y al accionar de los congresistas.
Si llegara a aprobarse la vacancia -cosa que, por ahora, parece no suceder – quien asumiría la presidencia es José Williams, presidente del Congreso, del partido político de derecha Avanza País (liderado por el ex asesor económico de Fujimori, Hernando de Soto). Pero la vacancia sin llamado a elecciones no resolverá la crisis política ni el malestar social en Perú.
