Por Gabriel Balbo¹
Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, la agenda sanitaria mundial se encuentra focalizada tanto en el desarrollo, la distribución y el acceso a las vacunas contra el virus, como en la prevención de los contagios. La carrera de los países para obtener la mayor cantidad posible de vacunas, ha demostrado una vez más la importancia decisiva que tiene la noción de soberanía sanitaria. América Latina, dada la desigualdad estructural que la caracteriza, ha sufrido los efectos de la pandemia no sólo reflejada en la salud de su población, sino en sus dimensiones sociales, laborales y económicas. En ese sentido, la región requiere de una agenda sanitaria regional, con enfoque en el derecho a la salud. El antecedente paradigmático que estableció una estrategia para América Latina fue la experiencia del Consejo de Salud de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Este organismo regional resultó clave para la política exterior, al impulsar y coordinar políticas sanitarias, de desarrollo social y economía de la salud, asegurar el acceso a medicamentos y vacunas, y sobre todo, garantizar la salud como derecho. En otras palabras, UNASUR fue un mecanismo innovador de integración regional, pero también la posibilidad de construir una agenda de salud regional enfocada en la soberanía sanitaria y el derecho a la salud.
Los estragos generados por el coronavirus evidencian los costos sociales y económicos que afronta el conjunto de los países de la región, agravados justamente por no haber logrado conformar un conjunto homogéneo. Se trata de una de las necesidades regionales que se ve acentuada por el actual contexto: alcanzar una posición común (también) en materia sanitaria.
Una región unida permite proyectar condiciones de escala para producir cualquier tipo de bienes o servicios y, en el caso de la salud, desarrollar y producir vacunas y medicamentos sustentados en la financiación de un banco de desarrollo sudamericano y en acuerdos de cadenas de valor regional que, a su vez, puedan condicionar favorablemente la transferencia de tecnología desde las naciones centrales.
Lamentablemente, las posiciones comunes regionales no han encontrado en nuestras democracias una continuidad aditiva, y han sido particularmente bombardeadas en los últimos años por las élites económicas, más familiarizadas con los grandes centros de poder que con sus propios coterráneos, y más asociadas a la explotación de recursos naturales que a la producción de alta tecnología y valor agregado. Esta ausencia de empatía del poder económico, reflejado en la arena de la política, impide el desarrollo de una mirada globalizante de Sudamérica, fragmentándola en “islas” que deben afrontar el duro tiempo que vivimos de forma solitaria y con una consecuente debilidad negociadora.
Las economías más grandes de la región cuentan con capacidades para ese tipo de desarrollos. Así, actualmente Brasil, a través de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) está iniciando la producción de la vacuna Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, luego de haber firmado un acuerdo de transferencia tecnológica durante 2020, con el horizonte de alcanzar una producción de más de 25 millones de dosis mensuales. En tanto, el Instituto Butantan ha comenzado -sin estar aún testeada- la producción de su propia vacuna, ButanVac, apoyado en la experiencia adquirida en la producción de la vacuna contra la gripe y en la vacuna CoronaVac, para la cual reciben los insumos desde China. Esperan alcanzar las 18 millones de dosis para mediados de 2021.
En el mismo sentido, el laboratorio Richmond de Argentina ha comenzado a producir la vacuna rusa Sputnik V, luego de cerrar un acuerdo por el cual el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDFI) facilita la transferencia tecnológica. Su objetivo es alcanzar una producción a gran escala, de 5 millones de vacunas mensuales. Asimismo, el laboratorio Mbaxience -cuya cara visible es la del empresario Hugo Sigman- ha demostrado tener la capacidad de producir el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, y la Universidad de San Martín (UNSAM) junto con el CONICET detentan un desarrollo de vacuna contra el COVID-19, que se encuentra actualmente en fase preclínica.
Estos ejemplos ratifican la capacidad de la región de poder llevar adelante una agenda sanitaria propia, tal como fuera el anhelo del Consejo de Salud que funcionó en la UNASUR y que alcanzó una relevante visualización en nombre de los países miembros. Por entonces, esbozando una suerte de diplomacia de la salud regional, el Consejo pugnó por un cambio de modelo respecto a la propiedad intelectual sobre los derechos y el acceso a los medicamentos, materia que actualmente está en el centro de la agenda vinculada al COVID-19.
El antecedente de UNASUR junto a las capacidades que detentan las principales economías de Sudamérica en el sector farmacéutico y en los organismos de los sistemas nacionales de innovación asociados -Instituto Butantan y ANVISA en Brasil o CONICET y ANMAT en Argentina, a modo de ejemplo- son auspiciosos para alimentar un escenario post-pandemia que aúne los esfuerzos regionales. No obstante, los mismos antagonismos políticos que han llevado a naufragar a la Unión de Naciones Sudamericanas, se manifiestan como un gran freno ante lo que sin dudas representaría un avance enorme hacia la soberanía sanitaria de nuestras naciones.
Una vez más, el contrapunto está dado entre los anhelos de una Patria Grande empoderada y una Sudamérica obediente a la lógica ricardiana del mundo, que le asigna un lugar en la periferia.
Este artículo fue redactado para el seminario virtual: Una mirada actual de la integración regional, realizado en conjunto por el Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior y Casa Patria Grande “Presidente Néstor C. Kirchner”. Junio de 2021.
¹ Magíster en Estudios para el Desarrollo (Universitat Autónoma de Barcelona), diplomado en Ciencias Económicas (UNLP), docente investigador (UNLP y UNAJ), profesor adjunto de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (UNAJ), a cargo del Programa RADAR VTIC, docente de Inteligencia Competitiva y Económica (UNLP).
