por Amparo Sayago
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México presentó el pasado miércoles una demanda civil ante un tribunal federal de EE.UU. en contra de las mayores empresas fabricantes de armas estadounidenses por facilitar el tráfico transfronterizo y la distribución ilegal en México. Las empresas denunciadas son once en total: Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.
La fecha elegida por el canciller Marcelo Ebrad para oficializar la demanda fue un día después de cumplirse el segundo aniversario de la masacre cometida en un hipermercado Wal Mart en la localidad de El paso, Texas. El 03 de agosto de 2019, el joven estadunidense Patrick Wood Crusius, compró un arma por internet y asesino a 23 personas, de las cuales nueve eran inmigrantes mexicanos. Si bien, el pedido de un control férreo en el contrabando de armas es un reclamo preexistente del Ejecutivo mexicano, desde el tiroteo en El Paso el problema del tráfico ilegal se posiciono en la agenda del gobierno de Morena, el cual aseguró que se estuvo trabajando dos años en el escrito de la denuncia.
La respuesta del lobby armamentista no se hizo esperar. Al día siguiente de la presentación judicial, Lawrence G. Keane, vicepresidente de NSSF -organización que agrupa a los fabricantes y distribuidores de armamento- afirmo que:
“Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador durante su tradicional conferencia de prensa mañanera, se refirió a la causa judicial aduciendo que:
“no es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de EEUU, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control sobre la venta de armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses que les da el derecho a los de portar armas, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque no hay limitaciones, ningún control. Entonces hasta compran por internet. Es la primera vez que se hace un planteamiento así, respetuoso”.
Co-responsabilidades del aumento de la violencia en México
Existen estadísticas que el gobierno de México expone en la denuncia que dan cuenta de la correlación entre la suba de los hechos de violencia registrados en el país y el aumento de la compra de armas provenientes de EE.UU. Por un lado, el porcentaje de homicidios en México cometidos con un arma subió del 25% en 2004 a más de 69% en 2018, mientras que el 70% de las armas en México provienen del país vecino, al cual se le atribuye un incremento en la producción específicamente de armas de asalto, y su tráfico por la frontera.
Resulta significativo que varios modelos de armas de fuego tienen diseños dirigidos a satisfacer los gustos estéticos y preferencias de los grupos delictivitos y carteles de droga en México. Tienen, por ejemplo, frases en español referidas a la revolución mexicana con la imagen de Emiliano Zapata. Estos modelos constituyen artículos de lujo con gran demanda por parte de los carteles de droga.
Se prevé que el litigio demore años en resolverse y resulta probable que sucesivas apelaciones lleven la denuncia a instancias de la Corte Suprema. Sin embargo, las autoridades mexicanas tienen confianza que en el mediano/largo plazo la justicia falle a su favor. Tienen en cuenta los antecedentes en causas llevadas a cabo por más de treinta ciudades y condados en EE.UU contra los fabricantes de armas por ser víctimas de la violencia generada como consecuencia de la falta de control en la venta.
¿Qué dice la demanda?
El litigio no tiene precedentes históricos ya que es la primera vez que México se enfrenta judicialmente a una de las industrias con mayor capacidad de lobby en EE.UU. Las ganancias obtenidas por el comercio negligente se calcula alcanza los 170 millones de dólares al año, lo que da cuenta del gran poderío económico del sector. La denuncia se radico en la justicia federal, en la Corte de Distrito de Massachusetts en Boston, lugar donde se concentra la industria armamentista y donde se espera que la causa caiga en manos de jueces liberales proclives al control de armas.
La demanda civil de 139 páginas, afirma que las once empresas son responsables de armar a los cárteles de la droga y otros grupos criminales. Las acusa de negligencia en sus prácticas comerciales, que incluyen el apoyo de distribuidores corruptos, con el objetivo de obtener ganancias millonarias. Asimismo, documenta 17 mil homicidios cometidos anualmente en México con 873 mil armas traficadas ilegalmente desde la frontera del norte. De ese material, entre el 39% y el 70% proceden de los fabricantes y vendedores acusados.
Steve Shadowen, abogado del gobierno mexicano del despacho Shadowen PLLC declaró en una entrevista que las empresas del sector:
“Tienen información y datos en tiempo real de quiénes están comprando las armas. Ellos saben qué distribuidor dentro de su red son los problemáticos. El gobierno de México no conoce esta información, tampoco el de Estados Unidos. Consideraron que los gobiernos de Estados Unidos y de México están haciendo su trabajo para atender este problema, pero que los productores de armas no”.
El gobierno mexicano espera obtener una compensación económica por 15 mil millones de dólares, cifra que representa por ahí de 2% del PBI del país. También tiene como objetivo que los productores de armas tomen medidas para evitar el tráfico de armas.
Así, el Poder Ejecutivo mexicano introduce un tema que se encontraba por fuera de la agenda de las relaciones bilaterales con EE.UU., cuyo epicentro estaba eclipsado por el interés de Washington en frenar las caravanas migratorias provenientes del llamado “Triángulo Norte” (Guatemala, Honduras y El Salvador). Siempre cuidando las formas, AMLO avanza sobre las co-responsabilidades que le caben a una industria que proporciona los medios para que México ocupe el tercer lugar mundial en muertes por arma de fuego, sumados a los miles de secuestros y personas desaparecidas por año que reproducen la violencia endémica en el país. Los fabricantes de armas tienen cada vez mayor gravitación en el mercado criminal en la región de Centroamérica. Tal es así que otro argumento de la denuncia gira entorno a la estimación que el 47% de los distribuidores estadounidenses iría a la quiebra si los grupos ilícitos vinculados al narcotráfico no existieran.
La propia administración de Joe Biden se niega a abordar el tema del control de armas en su país en un contexto de fuerte polarización del escenario político. La pandemia ha incluso incrementado la tenencia de armas entre los estadounidenses. En ese sentido, habrá que estar atentos a la reacción que el litigio estratégico suscite tanto en el gobierno demócrata como en el partido republicano. No obstante, la denuncia del SRE tiene por delante un complejo y largo recorrido en los tribunales de la justicia federal de EE.UU. donde se cristalizarán los diversos intereses económicos y políticos implícitos en la causa.
