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Proyecto de Ley de Responsabilidad, Libertad y Transparencia en Internet

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Con información de Brasil de Fato

Estaba previsto que durante el día de ayer se tratara en Brasil el conocido como “Proyecto de Ley de las Fake News”, que fue presentado en mayo de 2020 en el Senado de Brasil y aprobado en junio del mismo año, pero que desde entonces está a la espera en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP AL), aplazó la votación sobre el proyecto, en un contexto en que las divergencias sobre el mismo hacían peligrar su aprobación. Todavía no hay nueva fecha para su tratamiento.

El proyecto pretende regular normas de transparencia para proveedores de redes sociales, servicios de mensajería instantánea y motores de búsqueda, con el fin de garantizar la seguridad y la libertad de expresión, comunicación y manifestación del pensamiento en Internet.

Lula afirmó que “necesitamos equilibrio. Por un lado, es necesario garantizar el ejercicio de la libertad de expresión individual, que es un derecho humano fundamental. Por otro lado, hay que garantizar un derecho colectivo: el derecho de la sociedad a recibir información fiable, no mentiras y desinformación”.

La semana pasada se aprobó el tratamiento urgente del proyecto. Miembros del gobierno e interlocutores de la sociedad civil del campo progresista defienden una tramitación rápida en la Cámara. Argumentan que el texto ya está en debate desde 2020 y que la cuestión requiere una respuesta más rápida del Parlamento al contexto de difusión masiva de contenidos falsos en las redes sociales.

El debate sobre el tema permeó especialmente las elecciones de 2018 y 2022, cuando una ola de fake news invadió el ambiente de internet, generando incluso confusión entre los votantes. Todavía existen algunos desacuerdos al interior de quienes impulsan esta iniciativa en relación con partes de la propuesta, pero, en general, la mayoría de los actores apoyaron el tratamiento del proyecto para el día martes.

Pedro Amaral, de la ONG Instituto de Investigación en Derecho y Tecnología de Recife (IP.rec), durante una acción en la Cámara de Diputados el martes (2) / Bruno Spada/Camara dos Deputados.

La iniciativa volvió a ganar fuerza después de los atentados golpistas del pasado 8 de enero por parte de seguidores bolsonaristas, quienes se organizaron a través de grupos en plataformas digitales. Tras estos sucesos, el gobierno se planteó dictar una Medida Provisional sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la difusión de discursos golpistas y de odio. Sin embargo, tras las consideraciones de parlamentarios, sociedad civil y expertos, el gobierno optó por sugerir mejoras al PL 2630/2020.

El Ministro Jefe de la Secretaría de Comunicación, Paulo Pimenta, dijo en sus redes sociales que “es extremadamente importante hablar de cómo los medios de comunicación transmiten la información y también del papel de los propietarios de los medios en términos de respeto a la democracia y a los derechos humanos. De hecho, el PL2630 necesita algunos cambios para ser lo más justo posible, pero esto sólo será posible con la aprobación y el respectivo diálogo sobre el mismo, a posteriori”.

Añadió también que “el ambiente de internet, cuando es encontrado por personas de mala fe, puede ser una fuerte herramienta de dominación y caos. Una política y una economía libres de mentiras e informaciones falsas permite a todos los agentes tomar decisiones pensando en su realidad, en sus intereses y defender sus ideales basándose en la verdad”.

Principales elementos del proyecto

DEBER DE CUIDADO: Introduce la obligación, exclusiva de las grandes plataformas, de adoptar medidas preventivas y diligentes en el tratamiento de contenidos ilícitos de terceros de acuerdo con la legislación vigente. Dicho de otro modo, no se trata de una innovación en cuanto a lo que está o no permitido por la legislación, sino de la creación de una obligación de actuación constante, sistémica y eficaz, denominada deber de cuidado.

ACCIÓN PREVENTIVA: Se introduce la obligación de que las grandes plataformas digitales desarrollen e informen sobre los riesgos sistémicos derivados del diseño o funcionamiento de sus servicios, y que presenten medidas paliativas.

RENDICIÓN DE CUENTAS: Amplía las obligaciones de transparencia sobre el funcionamiento del sistema y la rendición de cuentas sobre cómo y con qué coherencia se aplican las normas -tanto privadas como las previstas en ley.

Parlamentarios de izquierda y sociedad civil durante la acción a favor del PL en la Cámara de los Diputados, el martes (2) / Bruno Spada/Camara dos Deputados.

PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS: Amplía las obligaciones de notificación y recepción de quejas y reclamaciones de los usuarios, para evitar que se vean perjudicados por decisiones unilaterales de estas empresas.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: Obliga a las grandes plataformas a prestar atención a las necesidades especiales de los niños y adolescentes en las redes y prohíbe la publicidad microdirigida basada en datos personales.

Otros puntos positivos del proyecto de ley: inclusión de los motores de búsqueda (como Google) en el ámbito de aplicación de la Ley, prohibición del uso de cuentas automatizadas no identificadas y herramientas externas a los proveedores para la activación masiva de mensajes, identificación obligatoria de todos los contenidos potenciados y publicitarios, regulación de la actuación del poder público y de las denominadas “cuentas de interés público”, establecimiento del mecanismo de “autorregulación regulada” del sector, definición de una redacción más adecuada y precisa del tipo penal creado relacionado con la activación masiva y organizada de fake news y, finalmente, previsión de sanciones que pueden llegar al bloqueo del funcionamiento de las plataformas.

Aspectos generales sobre los que existiría consenso en la bancada del PT

  • No existe una “bala de plata” en relación con la lucha contra la desinformación. La ley formará parte de un proceso más amplio, que incluye cuestiones estructurales, como la educación de los medios de comunicación, la democratización de la información y el acceso a internet, etc.
  • Correctamente, en el texto no hay una definición expresa de lo que es la desinformación. Se impone la cautela en este sentido, ya que la regulación directa de los contenidos puede entrañar riesgos para la libertad de expresión.
  • La materia busca meritoriamente regular ciertas conductas, como el uso de cuentas automatizadas no identificadas, el boosting, la publicidad, además de establecer importantes deberes de transparencia y el llamado “debido proceso” en la moderación realizada por las plataformas.
El Instituto Alana y otras entidades sostienen que la PL de Fake News es fundamental para ayudar a prevenir posts que fomenten ataques a escuelas y contenidos afines / Bruno Spada/Câmara dos Deputados,

Principales puntos que el Gobierno de Lula propone como mejoras al proyecto

  • La propuesta del gobierno NO otorga a ninguna rama del Poder Ejecutivo la capacidad de ordenar la retirada de contenidos individuales. NO habrá sanciones a las plataformas por los contenidos individuales publicados;
  • Introduce el “deber de cuidado” entre las obligaciones de las empresas. Las plataformas estarán obligadas a actuar con diligencia y de manera oportuna y suficiente para prevenir o mitigar prácticas ilícitas, además de contener contenidos que constituyan o inciten a delitos contra la democracia, racismo, contra la infancia y la adolescencia, violencia de género, delitos contra la salud pública e inducción al suicidio.
  • Introduce la obligación de las grandes plataformas de realizar “análisis de riesgos sistémicos” derivados del diseño o funcionamiento de sus servicios y presentación de medidas de mitigación, acreditadas mediante la publicación de informes periódicos.
  • Establece un plazo de hasta 24 horas para que las grandes plataformas digitales retiren los contenidos ilegales tras recibir una orden judicial.
  • Los contenidos musicales, audiovisuales y periodísticos protegidos por derechos de autor deberán ser remunerados por las plataformas a sus autores. Las asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor negociarán las cantidades a cobrar.
  • Prevé la creación de una “entidad autónoma de supervisión”, que tendrá garantías de autonomía administrativa e independencia en la toma de decisiones, y deberá contar con espacios formales de participación multisectorial.

10 razones para votar PL2630

  1. Los delitos que se aplican en el mundo analógico implicarán el deber de cuidado por parte de las plataformas. Resultado: redes sociales más seguras para los brasileños.
  2. NO se aceptarán en las redes sociales publicaciones que fomenten los ataques a escuelas y el suicidio. Resultado: Niños y adolescentes dejarán de recibir contenidos que promuevan la violencia.
  3. Se exige a las plataformas que den cuenta de cómo moderan el contenido de los ciudadanos. Resultado: Protección de la libertad de expresión y de las cuentas de los brasileños.
  4. Las plataformas deberán evaluar los impactos negativos antes de introducir nuevas funciones y presentar medidas de mitigación. Resultado: Prevención para evitar la exposición de los brasileños a daños difíciles de revertir.
  5. Las normas se aplican exclusivamente a las plataformas con más de diez millones de usuarios. Resultado: mantiene la capacidad de innovación de los emprendedores y preserva la competencia.
  6. Una entidad independiente supervisará la actuación de las plataformas. Resultado: una actuación para proteger a los ciudadanos independiente de intereses políticos.
  7. Prevé la remuneración de los derechos de autor para proteger la propiedad intelectual. Resultado: los brasileños serán remunerados por el trabajo que realizan.
  8. Obliga a las plataformas a actuar con rapidez en caso de amenazas a niños y adolescentes. Resultado: Contribuye a escuelas seguras y a madres y padres tranquilos.
  9. Introduce obligaciones de identificación de la publicidad y obliga a las plataformas a registrar a los anunciantes. Resultado: Contenidos comerciales fácilmente reconocibles y protección de los consumidores frente a las estafas online.
  10. Hace que las plataformas actúen con más transparencia. Resultado: Nos ayuda a entender cómo funcionan las redes sociales y cómo afectan a nuestras vidas.

Reacciones y polémica con las plataformas

Hasta la tarde del martes, en la página de inicio de Google aparecía el mensaje: “La lista de noticias falsas puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil”. Al entrar en el texto, muestra un artículo con fecha del 27 de abril contra el proyecto de ley y a otro segundo texto que lleva como título en el que se explica la manera en la que supuestamente la iniciativa del Gobierno puede “empeorar internet”.

En contra de la necesidad de regulación de contenidos falsos en las redes, las grandes empresas de tecnología invirtieron en una propaganda ostensible contra el proyecto de ley, principalmente en los últimos días. La embestida generó reacciones del Ministerio de Justicia y el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

El ministro de Justicia, Flavio Dino, consideró que Google violó la protección del consumidor al llevar a cabo una “campaña abusiva y engañosa” contra el proyecto de ley. Paulo Pimenta, Ministro Jefe de la Secretaria de Comunicación, criticó a Google por ser una empresa que controla el 96% de las búsquedas en Brasil y que utiliza su plataforma para defender sus propios intereses de manera unilateral.

Desde el Ministerio que comanda Dino le dieron a Google dos horas para cambiar el enlace contra el proyecto de ley. También se estableció una multa de 1 millón de reales (unos 198.280 dólares) por hora de incumplimiento.

Además de Google, otras plataformas como Twitter y TikTok protestaron contra el proyecto de ley, que si es aprobado les impactará de lleno, en tanto serán responsabilizadas legalmente por los contenidos publicados por terceros, cosa que en la actualidad no sucede.

El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinó que Google, Meta, Spotify y el canal Brasil Paralelo retirasen de sus plataformas los textos que atacan al proyecto de ley. Además, ordenó a sus representantes a presentar declaraciones al respecto ante la Policía Federal.

Al mismo tiempo, las entidades civiles prometen seguir monitoreando el juego político para traccionar a los parlamentarios para que voten a favor del texto. Maria Mello, coordinadora del programa “Infancia y Consumo” del Instituto Alana, recuerda que la sociedade civil realizó “un trabajo intenso” hace tiempo para destacar la importancia del tema. “Ahora es el momento de mantener las organizaciones que ya se movilizaron en esta alerta y movilización pasos y encontrar maneras de ampliar las formas de sensibilizar a la sociedad en su conjunto”.



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