El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales o más conocido como “Acuerdo de Escazú” es un instrumento sin antecedentes en materia de protección ambiental teniendo como base estructural los derechos humanos.
Como resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y negociaciones lideradas por Chile y Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 en Escazú – Costa Rica, 23 países de América Latina y el Caribe dieron un paso histórico en pos de la igualdad y el desarrollo sostenible de la región. Como asegura el Artículo 1:
“El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.”
Pero para que el mismo entre en vigencia, al menos 11 países tienen que ratificarlo. Entre los países que ya lo han hecho se encuentran Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, San Cristóbal y Nieves, y Argentina siendo el décimo país en ratificar.
Dos días antes de la fecha de cierre, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la ratificación al Acuerdo de Escazú con 240 votos a favor. Entre sus principales expositores/as estuvo la Diputada Daniela Vilar que defendió dicho Acuerdo asegurando que:
“no es ni puede ser una medida aislada, inconexa, que festejemos hoy y mañana olvidemos. Es una medida que tiene que ser contextualizada en un plan económico y político de inclusión social (…) los problemas ambientales profundizan las situaciones de desigualdad, los problemas ambientales visibilizan y profundizan aún más las situaciones de pobreza y de injusticia” y que no se puede hablar de problemas ambientales “sin hablar de de desigualdad, sin hablar de explotación y sin hablar de concentración de la riqueza” .