por Sebastian Tapia
Nicaragua debe acudir a las urnas el 7 de Noviembre para elegir a un nuevo presidente, 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y a 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Pero de los 9 candidatos a presidente en carrera, 5 han sido detenidos.
Candidatos
La principal candidata de la oposición, Cristiana Chamorro, fue detenida el 2 de junio en el marco de una investigación por lavado de dinero en la fundación “Violeta Barrios de Chamorro”.
El 5 de junio fue arrestado Arturo Cruz, el 8 arrestaron a Félix Madariaga y a Juan Sebastián Chamorro, y el 20 de junio a Miguel Mora. Todos bajo violación de la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”.
Sólo quedan en carrera el presidente Daniel Ortega, Luis Fley, George Henriquez y Medardo Mairena.
La OEA
El martes 15 de Junio, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que condena el arresto, acoso y restricciones arbitrarias a precandidatos presidenciales en Nicaragua, insta a su liberación y a modificar el proceso electoral de Noviembre para garantizar la transparencia.
La resolución tuvo 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. La Argentina fue una de estas últimas.
La abstención fue consensuada con México, por lo que ambos países emitieron luego un comunicado conjunto donde expresan preocupación por situación en Nicaragua pero rechazan intervención de la OEA.
“República Argentina y México (…) manifiestan su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua. Especialmente, por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados (…) No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales.”
Con posterioridad a la votación y tras el arresto de Mora, el quinto candidato a presidente, el gobierno argentino le ordenó a su embajador en Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich regresar al país debido a “las preocupantes acciones políticas legales” que lleva adelante el presidente de ese país centroamericano, Daniel Ortega y que para la Casa Rosada “han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, activistas y empresarios nicaragüenses”. La decisión y el anuncio se tomó en conjunto con el gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador que convocó a su embajador Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez. Desde la cancillería argentina se aclaró que una de las razones para el llamado de los embajadores se produjo una vez que el gobierno nicaragüense no aprobó la solicitud de Capitanich de visitar a los detenidos. La decisión tampoco implica un cambio en la posición de la Argentina y México con respecto a la abstención ante la propuesta de la OEA de condenar al gobierno de Ortega.
Los informes
El 22 de Junio, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expandió su informe del 23 de Febrero sobre la situación en Nicaragua.
“Desde mi último informe el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante deterioro de derechos humanos, que alejan la posibilidad de que se pueda elegir libremente en las elecciones (…) Lamentablemente no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones que hizo mi oficina. La crisis se ha agudizado de manera alarmante.”
Y se sumó al pedido de la OEA, en términos muy similares:
“Llamo al gobierno a un cambio urgente, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático. Reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi oficina en Nicaragua”
Al mismo tiempo, unos 59 países, un tercio de los miembros de la ONU, incluyendo a Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Brasil y España, firmaron una declaración pidiendo la liberación de los detenidos y transparentar el proceso electoral.
El 24 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) resolvió solicitar al gobierno de Nicaragua la adopción de medidas provisionales para cuatro de los líderes de la oposición detenidos. La Corte le pidió al gobierno adoptar medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de los detenidos, y liberarlos en cuanto sea posible. Esta decisión surgió por una solicitud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El contexto
La mayoría de las detenciones se dan en el marco de la Ley 1055, llamada “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, aprobada en diciembre de 2020. Esta ley establece que todo nicaragüense que financie un golpe de estado, incite a la injerencia extranjera, pida intervenciones extranjeras, se financie con dinero de potencias extanjeras y apoye o aplauda bloqueos y sanciones impuestas contra el Estado o sus ciudadanos, serán considerados traidores a la Patria y no podrán ejercer cargos públicos.
Esta es la primer elección tras las protestas de 2018 y la crisis política que surgió de ellas, que el gobierno de Ortega consideró un intento de golpe de Estado con ayuda extranjera. Por eso, además de la Ley 1055 se prohibió el financiamiento de gobiernos extranjeros u ONGs para las campañas electorales.
Desde el gobierno nicaragüense sostienen que el gobierno sólo está aplicando la legislación nacional y protegiendo al sistema político de Nicaragüa de una activa intervención extranjera.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, explicó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
“Nos denuncian porque las personas que están respondiendo ante la Justicia nicaragüense son tristes y fracasados asalariados (…) Tenemos el derecho a la paz, que hemos estado construyendo con gran esfuerzo a través de siglos de agresiones, interferencias e intervención de Estados Unidos con la complicidad de las potencias europeas”
El Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Terán, también explicó la situación al diario Tiempo Argentino:
“Todos fueron detenidos por delitos penados por las leyes nicaragüenses. Algunos por violar la ley aprobada en diciembre que establece como traición a la patria la petición de acciones de gobiernos extranjeros que afecten a Nicaragua a sus instituciones y ciudadanos, como en este caso son las medidas de agresión que EEUU ha estado aplicando a nuestro país y que ellos llaman sanciones”
El representante permanente de Nicaragua en el Consejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado, fue muy duro contra los informes de la CIDH y sobre el funcionamiento de la organización:
“Los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua, no tienen ninguna credibilidad, ni relevancia, la población nicaragüense ya los conoce muy bien y sabe a que intereses representan, saben que tergiversen la realidad nacional y que utilizan una visión parcializada y sesgada a propósito, con el objetivo de minimizar las acciones criminales que se han venido cometiendo en contra del pueblo nicaragüense por grupos terroristas, mercenarios y vende patrias financiados y dirigidos por el gobierno norteamericano con el objetivo de romper el orden constitucional, afectar la paz y la seguridad ciudadana, y a través de sus nexos con gobiernos extranjeros intentar reeditar el fallido golpe de Estado, todo ello en el marco del proceso electoral nicaragüense.”
El presidente Daniel Ortega se refirió al accionar del gobierno durante la celebración del del 85 aniversario del natalicio del Padre de la Revolución Popular Sandinista, el Comandante Carlos Fonseca Amador:
“Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman el ‘cambio de régimen’. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes”.
Y respondió al pedido de liberar a los detenidos confrontando con situaciones similares en otros países:
“que dejen de estar con eso absurdo, de que nos mandan a decir, que los pongamos libres. Le vamos a pedir nosotros a otro país, le vamos a pedir a los Estados Unidos, que ponga libre a los 400 norteamericanos que tienen presos que quedaron después de que llegaron a asaltar el Congreso de los Estados Unidos, ahí los tienen presos, los están investigando, los están juzgando, son más de 400 ahí y aquí están pegando gritos por 20, allá son 400. Le podemos decir a ellos: Suelten a esos 400, pues. Suelten a los 400 y podríamos decirle a los europeos que suelten a los centenares de presos que tienen por razones migratorias, a los que tienen presos por razones políticas, porque hay presos políticos en Europa, por el tema de las nacionalidades”.
El objetivo del gobierno de Nicaragua para estas elecciones es evitar escenarios como los que se vieron en Bolivia, Venezuela o Bielorrusia. La oposición se sostiene en gran parte gracias a sus contactos internacionales. Y la OEA, al entrometerse en la política interna, no hace más que confirmar las sospechas del gobierno de un escenario de desestabilización con apoyo de potencias extranjeras. Mientras tanto, el senado estadounidense debate la imposición de nuevas sanciones económicas a Nicaragua.
