Según los datos de la ONU del 2020, Estados Unidos de América (EE.UU.) es el principal destino en el mundo para la migración, donde viven más de 50 millones de inmigrantes, lo que supone un 15,29% de la población total. Los extranjeros residentes en Estados Unidos proceden principalmente de México (21,43%), India (5,38%) y China (4,31%). En los últimos años el número de inmigrantes que viven en Estados Unidos, ha aumentado en 2.453.959 personas, un 5,09%.
La influencia y presencia de la migración latina en los Estados Unidos es muy notable ya que actualmente uno de cada cinco estadounidenses es de origen latino, según la Oficina del Censo de Estados Unidos y en el 2060 se espera lo sea uno de cada cuatro. A raíz de estos últimos datos, es difícil pensar que la comunidad latina no juegue un papel importante en la economía del país y según Pew Research Center (Pew) los latinos generaron US$2,8 billones en el 2020 con 4,7 millones de negocios propiedad de latinos y US$1,8 billones como consumidores.
A pesar de la gran población inmigrante y su importante influencia económica en EE.UU., el 1 de julio entró en vigor la ley SB 1718 en la provincia de Florida impulsada por el gobernador Ron DeSantis para perseguir a los inmigrantes indocumentados. Renata Bozzetto, Directora adjunta de Florida Immigrant Coalition, consultada por el diario Clarín expreso lo siguiente sobre el impacto que tendrá está ley en la provincia: “Los inmigrantes aquí generan US$31.000 millones en impuestos para el estado y 400.000 inmigrantes son empresarios responsables de la vibrante economía de Florida. Casi 3 millones de trabajadores inmigrantes forman parte de la fuerza laboral de Florida (27%), e incluso aquellos que tienen un estatus migratorio regulado cuestionan los riesgos de vivir en un estado que pretende cercenar nuestra libertad de vivir y trabajar sin miedo. Estamos recibiendo informes de que nuestros amigos y vecinos se van, y eso es desgarrador para nuestras comunidades y nuestra economía”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó en un comunicado que “la SB 1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante”.
De igual manera el pasado fin de semana miles de inmigrantes de todas las nacionalidades en EE. UU. salieron a manifestarse en contra de la ley, en donde Héctor Osorio, miembro de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, nos comentó que “a pesar de lo ocurrido la lucha aún sigue y debemos seguir en ella”.
Dicha ley considerada una de las más duras de Estados Unidos contra los migrantes propone, a grandes rasgos, lo siguiente:
- Se considerará un delito grave cruzar la frontera estatal de Florida transportando personas indocumentadas.
- Se exigirá a los hospitales que atienden pacientes amparados por el Medicaid, el programa de salud destinado a personas de bajos recursos, que incluyan en sus formularios de admisión una pregunta para saber si un paciente es un ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país.
- Prohíbe y declara ilegal que alguien contrate, reclute, o emplee a un inmigrante con estatus irregular.
Obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar un programa para verificar (E-Verify) el estatus migratorio de cada uno, bajo pena de multas y de retirada de los permisos para operar en Florida.
- Invalida los permisos y licencias de conducir expedidos por otros estados a inmigrantes indocumentados.
- La ley asigna un presupuesto de 12 millones de dólares al “programa de transporte de extranjeros no autorizados” promovido por el gobernador para el traslado de inmigrantes a otros estados.
Es absurdo ver que en pleno 2023 aún se sigan creando y aprobando leyes cómo esta, que afectan los derechos humanos de una comunidad de gente honesta, trabajadora y que es un pilar no solo económico sino también social, político y cultural para los Estados Unidos de América.
