Por Caroline Oliveira. Traducción: Isabela Gaia. Para Brasil de Fato
La Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) que investiga los actos golpistas del 8 de enero reanuda labores este martes 1, tras el receso parlamentario, con el testimonio del ex subdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) Saulo Moura da Cunha.
En vísperas de los ataques de los bolsonaristas a los edificios de los Tres Poderes, ABIN envió un informe al gobierno federal informando sobre posibles delitos. En ese momento, Cunha ocupaba el cargo de subdirector de la agencia, donde permaneció hasta el 2 de marzo.
En cinco solicitudes de testimonio de Cunha, senadores y diputados argumentaron que el declarante podrá hablar sobre los informes, que supuestamente no habrían sido tomados en cuenta por el exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres, y por el General de Ejército que encabezó la unidad de seguridad del Planalto, Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Cunha también debe indicar las autoridades que fueron previamente informadas y la dirección dada a los avisos.
El día de los actos golpistas, Saulo Moura da Cunha ocupaba el cargo de subdirector de ABIN, donde permaneció hasta el 2 de marzo. / Leonardo Prado/Câmara dos Deputados
Antes del 8 de enero, la mayoría de las alertas producidas por ABIN se referían a la concentración de manifestantes frente a unidades militares en las capitales del país, los bloqueos de carreteras federales y la “convocatoria a actos frente a refinerías y distribuidoras”.
“Sigue baja la perspectiva de adhesión a las manifestaciones contra el resultado de las elecciones convocadas en Brasilia para los días 7, 8 y 9 de enero de 2023. Sin embargo, existe el riesgo de acciones violentas contra edificios públicos y autoridades. Se destaca la convocación, de parte de los organizadores, de caravanas para el desplazamiento de los manifestantes con acceso a armas y la intención manifiesta de invadir el Congreso Nacional. Otros edificios de la Explanada de los Ministerios podrían ser blanco de acciones violentas”, dice una de las alertas emitidas el 6 de enero.
Un artículo del periódico O Globo mostró que las autoridades militares afirmaron que los informes tenían información insuficiente y que fueron enviados de manera informal. ABIN, por su parte, dice que los datos fueron enviados “a través de los canales apropiados, decididos de antemano y de forma conjunta”.
Testimonio de Anderson Torres
Los integrantes de la CPMI también escucharán a Anderson Torres, exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y exministro de Justicia, según informó la relatora de la comisión, Eliziane Gama (PSD-MA), en la mañana de este martes 1. La fecha del testimonio aún no se ha determinado, pero se espera que tenga lugar el próximo jueves 3 o el martes 8.
Torres estuvo detenido preventivamente entre el 14 de enero y el 11 de mayo en el Cuarto Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal. Su arresto fue solicitado por la Policía Federal y confirmado por la mayoría de los miembros del Supremo Tribunal Federal. En esa decisión, el ministro Alexandre de Moraes declaró que Torres demostró connivencia y omisión en relación con los actos golpistas.
Durante el ataque terrorista a edificios públicos en Brasilia el domingo 8 de enero, Torres estaba de vacaciones y de viaje a Estados Unidos. Poco después de que comenzaran los ataques, fue destituido de su cargo.
Hoy está monitoreado por una tobillera electrónica y cumple medidas cautelares. Las restricciones impuestas incluyen la prohibición de mantenerse en contacto con otros investigados en el caso, de acceder a las redes sociales y de salir del Distrito Federal. Además, debe permanecer en casa durante la noche y los fines de semana.
El exministro Anderson Torres estuvo en la cárcel por 117 días / Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cuatro días antes de ser detenido, el 10 de enero, la Policía Federal brasileña encontró en su residencia una minuta (el borrador de una propuesta) de decreto destinada al entonces presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal), con el objetivo de instaurar un estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE) para revertir ilegalmente el resultado de la elección, en la que ganó Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores).
El borrador se incluyó en la investigación del TSE sobre el ataque de Bolsonaro al proceso electoral durante una reunión con embajadores, que resultó en la inhabilitación del expresidente. Al incluir el documento, el ministro del TSE, Benedito Gonçalves, afirmó que su gesto “cumple con su obligación de convencer de que, en línea con la narrativa presentada en la petición inicial, la reunión mantenida con los embajadores debe analizarse como un elemento de la campaña electoral de 2022, dotado de gravedad suficiente para afectar a la normalidad y legitimidad de las elecciones y constituir, por tanto, abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación”.
