Por Nara Lacerda para Brasil de Fato
La refundación del Consejo de Desarrollo Económico Social Sostenible (CDESS) simboliza un proceso de reanudación de la participación social en las decisiones de gobierno que puede considerarse histórico para Brasil.
Integrantes del nuevo “Conselhão”, como es apodado el grupo, reafirmaron a Brasil de Fato que el país vuelve a considerar a la diversidad brasileña en el debate político y da garantías de escucha a la sociedad en la elaboración de políticas públicas.
Nalu Faria, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres y del CDESS, afirmó que la inclusión de la sustentabilidad en la agenda del colectivo es una señal de que el gobierno busca una reconstrucción amplia de la democracia. Según ella, la voluntad de las autoridades públicas es un importante punto de partida para el diálogo.
“Un espacio como este es importante porque, aun siendo tan heterogéneo, permite el diálogo y tiene un punto de partida para este diálogo, que es un gobierno que se propone cambiar Brasil. Hemos debatido mucho esto durante la pandemia: cómo las dimensiones económicas y sociales son inseparables. En este sentido, un espacio de diálogo como este es importante para hacer explícitos los debates y buscar construir visiones comunes, así como abordar las tensiones”.
Ayala Ferreira, integrante de la coordinación nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y también consejera, indicó que la reinstauración del Consejo representa un momento único para el proyecto de desarrollo nacional. Según su opinión, el Movimiento espera que el espacio represente el diálogo con la diversidad sin dejar de lado los principios estructurales.
“El acto de hoy fue una reanudación con fuerza del Consejo, representando sectores del empresariado, movimientos sociales rurales, como el MST, movimiento sindical, instituciones de investigación y una gama de sujetos que integran esa diversidad que conforman los sectores de la sociedad brasileña. El gran esfuerzo del Consejo es pensar en el desarrollo económico cuidando estas dimensiones sociales y enfrentando las profundas desigualdades, teniendo como base y pilar de sostén a la agenda ambiental”.
Hace veinte años, cuando se creó la primera versión del foro durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Brasil nunca había tenido la experiencia de acercar tanto a la sociedad civil a las acciones del poder público. En ese momento, ya se habían superado algunos desafíos económicos como la hiperinflación, pero la desigualdad aún era significativa.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), datos de 2000 a 2003 indican que el 32,6% de los municipios brasileños tenía más de la mitad de la población en situación de pobreza. El país era la octava nación más desigual del planeta.
En este escenario, la participación social era fundamental para una agenda de desarrollo. Dicha participación representó uno de los elementos de la ecuación que sacó a Brasil del mapa del hambre y redujo la pobreza extrema en un 75% para 2014, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En cierto modo, la realidad que recibe el nuevo Consejo se asemeja a la de hace veinte años. Tras el desmantelamiento y la desfinanciación promovidos desde el golpe de Estado contra Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores) y profundizado en el gobierno de Jair Bolsonaro (Partido Liberal), más de 33 millones de personas pasaron a vivir con hambre y casi el 30% de la población tiene una renta familiar per cápita inferior a R$ 497 (aprox. 100 USD) mensuales, según un estudio de la Fundación Getúlio Vargas.
Raimundo Bonfim, coordinador general de la Central de Movimentos Populares e integrante del CDESS, afirma que el papel de la sociedad civil en la reconstrucción del país es aún más importante tras cuatro años de gobierno conservador en el que los espacios de consulta con la población habían sido extinguidos.
“Sobre todo después de un gobierno autoritario, que puso al país en el mapa del hambre, es muy importante retomar este espacio de diálogo, de debate con la sociedad. Son representaciones que tienen distintas visiones de la política, la economía, lo social y lo ambiental. Pero es en este debate divergente que podemos construir un pacto en el sentido de elaborar y formular políticas públicas de desarrollo económico, de generación de empleo, de combate al hambre, de inclusión social.”
Sérgio Nobre, presidente de la Central Única de los Trabajadores y también miembro del Consejo, coincide en que el fortalecimiento de la democracia solo es posible con la participación popular.
“No hay gobierno democrático sin participación popular, sin participación social y el Conselhão representa exactamente eso: la influencia de la sociedad organizada en las decisiones del gobierno federal. Es un compromiso más del presidente Lula con el pueblo brasileño durante la campaña de 2022 que se ha hecho realidad.”
El Consejo cuenta con más de 240 miembros, entre los que se encuentran representantes de los movimientos populares, del empresariado, de organizaciones defensoras de derechos humanos y del ambiente, así como del mercado. Es presidido por Lula, y también tiene como representantes del gobierno al vicepresidente Geraldo Alckmin (Partido Socialista Brasileño) y al ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha.
Edición: Flávia Chacon y Rodrigo Durão Coelho
Traducción: Isabela Gaia
