Cortesía de Brasil de Fato
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad (PT) , pidió este lunes (6) un compromiso del Poder Judicial y del Legislativo con el equilibrio fiscal. Según el ministro, la promesa de igualar recaudación y gastos en 2024 no depende únicamente del gobierno federal.
“No digo esto para provocar, pero es necesaria una asociación entre los tres poderes [Ejecutivo, Judicial y Legislativo]. El Poder Judicial debe comprender el impacto de sus decisiones. El Legislativo también”, dijo, en un evento en el banco BTG Pactual, en São Paulo. “El resultado fiscal no es algo que sea responsabilidad del Ministro de Finanzas y del Presidente. Es un esfuerzo de asociación”.
Haddad aboga públicamente para que el Gobierno alcance el próximo año el llamado déficit cero en las cuentas públicas, algo que no ocurría desde 2014. Este objetivo, de hecho, estaba incluido en la propuesta de Presupuestos 2024 enviada por el Gobierno al Congreso.
Sin embargo, muchos economistas consideran que el objetivo es poco realista. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmó que la meta difícilmente se cumplirá .
Pese a ello, Haddad, por ahora, no habla de revisarlo. Desde la semana pasada, ha reforzado la importancia de aprobar medidas para gravar a los “superricos”, por ejemplo, para aumentar los ingresos de la Unión y lograr un déficit cero.
Haddad dijo que las medidas son parte de un paquete de correcciones al sistema tributario nacional. Según él, gracias a las excepciones creadas por las leyes y las decisiones judiciales, la recaudación de impuestos ya no aumenta cuando la economía crece.
Por eso, pidió que el Congreso y el Poder Judicial también presten atención a la agenda fiscal.
Haddad ya se ha quejado públicamente de dos cuestiones que afectaron significativamente los ingresos. Una es la Ley Complementaria 160, de 2017, que autoriza a las empresas sobre la base del cálculo de impuestos por incentivos fiscales recibidos. Esto habría reducido los ingresos de la Unión en R$ 149 mil millones en 2022 y debería reducirlos en R$ 200 mil millones en 2023. El caso ya fue tratado en una Medida Provisional este año, pero aún no ha sido votada.
La segunda es una decisión de 2017 del Tribunal Supremo Federal que, por 6 a 5, eliminó el ICMS recaudado por las empresas de la base de cálculo del PIS/Confins. Según Haddad, la decisión generó pasivos por valor de decenas de miles de millones de reales a favor de las empresas. Una sola empresa tabacalera tendría que recibir del gobierno 4,8 mil millones de reales y los deduciría de lo que debe en impuestos.
