Hay una pérdida que no aparece en los índices de inflación ni en las proyecciones del FMI, pero que define el rumbo de largo plazo de cualquier economía: la pérdida de capacidades industriales nacionales. Esa erosión no es un dato abstracto: se traduce, concretamente, en negocios que pasan de manos argentinas a manos extranjeras.
El gasoducto como caso testigo
El Gasoducto Néstor Kirchner ofrece un ejemplo preciso. Su primera sección fue construida entre 2022 y 2023 con acero de producción nacional provisto por Techint y financiada en parte con el Impuesto a las Grandes Fortunas. La obra permitió abastecer de gas a millones de hogares en el invierno de 2023 y reducir significativamente las importaciones de GNL. La segunda sección, a cargo del gobierno de Milei, se encamina hacia una licitación en la que ese encadenamiento productivo ya no está garantizado. “Lo importante no es llegar, lo importante es el camino.” La diferencia entre dos tramos del mismo gasoducto ilustra la diferencia entre dos modelos de país. Cuando una licitación se abre a proveedores extranjeros sin requisitos de contenido nacional, el valor agregado —empleos calificados, proveedores locales, transferencia tecnológica— se fuga hacia otras economías. No es una cuestión ideológica: es contabilidad del desarrollo.
¿Quiénes ganan y por qué apoyan este modelo?
Los sectores dominantes de la Argentina no necesariamente comparten la cosmovisión libertaria de Milei, pero encuentran en su gobierno una ventana para avanzar en una agenda de desregulación laboral, retiro del Estado y apertura a inversiones financieras de corto plazo.
Lo que vemos es cómo cruje el “Frankenstein” del gobierno: distintas facciones del poder económico introducen sus agendas sectoriales dentro del paquete de reformas, sin que exista un proyecto industrial coherente detrás. Vemos que se cierne una contradicción entre las actividades industriales y la centralidad del dispositivo de gobierno. Aquí hay una paradoja que vale la pena señalar: los grandes actores empresarios que apoyan la reducción del Estado no quieren “menos estado” en términos absolutos. Están haciendo uso intensivo de las capacidades estatales, pero en función de sus intereses de cortísimo plazo, sin perspectiva de desarrollo sustentable. La acción del gobierno, al usar al capital trasnacional y abrir la competencia, busca también disciplinar al sector industrial en el camino de la reconversión hacia un nuevo modelo de acumulación, en el cual la industria nacional no tiene lugar. Menos aún los trabajadores.
El horizonte que hay que ofrecer
El planteo es claro: no existe estabilidad económica sostenida si no va acompañada de una matriz productiva diferente. Industrialización con redistribución del ingreso, ampliación de derechos y capacidades empresariales nacionales que no renuncien al Estado como articulador estratégico. El crecimiento sostenible y la igualdad no son objetivos contradictorios, sino condiciones recíprocas.
La propia CFK hizo el señalamiento cuando se lanzó la construcción del Gasoducto NK, cuando cuestionó que se le hayan pagado a Techint por los tubos del gasoducto de Vaca Muerta y la empresa los importe de Brasil. La solución era, y sigue siendo, que trajeran la fábrica de chapa laminada a la Argentina. Una política para nada contrahegemónica y que el propio Trump, referente de Milei, impulsa en su país El pensamiento nacional tiene que ofrecer ese horizonte con precisión política: identificar quiénes ganan con el modelo actual, qué se pierde en el camino, y cómo se construye una alternativa viable para todos.
*Federico Montero es profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y analista político especializado en política internacional. Referente nacional de CONADU. Director del Observatorio del Sur Global.
