por Sebastián Tapia
Un informe del Bureau of Investigative Journalism (Oficina de Periodismo Investigativo) sacó a la luz las exigencias leoninas que la empresa Pfizer exige a los gobiernos para proveerles de su vacuna contra la COVID-19. Las preguntas que genera este informe es ¿por qué Pfizer se cree capacitada para exigir esas condiciones?¿Es una estrategia exitosa a futuro?¿Quienes cayeron en ella y quienes resisten?
Lo que dice el informe
El Bureau investigó las negociaciones de Pfizer con los gobiernos latinoamericanos para la provición de vacunas contra la COVID-19. Encontró que ya se firmó contrato con 9 países: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Sobre estos casos no hay información detallada, debido a que los contratos incluyen una cláusula de confidencialidad por cinco años. Sin embargo, dos países no cerraron el contrato y expusieron los términos de la negociación: Argentina y Brasil.
Estos países tuvieron la voluntad de llegar a un acuerdo con la compañía, pero la inflexibilidad de la farmacéutica lo hizo imposible. En palabras del entonces ministro de salud argentino, Ginés González García, “Queríamos adecuarnos a cualquier condición, pero a cualquiera que no significara resignar la soberanía y mucho menos cambiar las leyes. Pero la intolerancia fue tremenda”
Desde Brasil, un comunicado del Ministerio de Salud, declara: “las cláusulas leoninas y abusivas que fueron establecidas por el laboratorio crean una barrera de negociación y compra”.
En Perú, que sí llegó a aceptar la negociación, el Ojo Público – revista que trabajó junto al Bureau – sostiene que “las cláusulas fueron consideradas extremas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones. Las mismas fuentes señalaron que las condiciones de este laboratorio eran diferentes a las de otros desarrolladores de vacuna”
Las exigencias
El comunicado brasileño resume claramente el tipo de exigencias que Pfizer demandaba a los gobiernos:
- “Que Brasil renuncie la soberania de sus activos en el exterior en beneficio de Pfizer como garantía de pago, así como constituir un fondo de garantía con valores depositados en una cuenta en el exterior;
- El cambio de la jurisdicción y de las leyes brasileñas por la institución de una convención de arbitraje bajo las leyes de Nueva York, en los Estados Unidos;
- Que el primer y segundo lotes de vacunas sea de 500 mil dosis y el tercero de un millón, totalizando 2 millones en primer trimestre, con la posibilidad de atraso en la entrega (número considerado insuficiente por Brasil);
- Que habiendo atraso en la entrega, no haya penalización; y
- Que sea asignado un término de responsabilidad para eventuales efectos colaterales de la vacuna, exceptuando a Pfizer de cualquier responsabilidad civil por efectos colaterales graves surgidos del uso de la vacuna, indefinidamente.”
Es decir, asegurar el pago con bienes nacionales, aceptar la jurisdicción estadounidense, establecer unilateralmente las condiciones de entrega y que ni siquiera sean obligatorias, y inmunidad legal en caso de efectos colaterales.
Los bienes nacionales como garantía
La fuente que detalló el proceso de negociación de Argentina con el Bureau, sostiene que el país ofreció comprar millones de vacunas y aceptó sacar un seguro internacional para pagar demandas por efectos colaterales, pero luego la compañía exigió bienes soberanos como garantía. Estos bienes podrían incluir reservas del banco central, edificios de embajadas o bases militares.
Pero parece que Pfizer está interesado en otros tipos de activos. De acuerdo al médico Jorge Rachid, que es asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la farmacéutica pidió “bienes inembargables como son los glaciares, y permisos de pesca”.
La inmunidad legal
Es normal que las compañías farmacéuticas sean exceptuadas de daños colaterales que pueda producir una vacuna, cuando éstas están aprobadas provisionalmente en un contexto de pandemia. El aceleramiento de las fases de prueba es un riesgo que el Estado corre para poder proteger a la mayoría de la población y se hace cargo en los pocos casos que generen esos efectos.
La ley aprobada por el Congreso de la Nación Argentina para regular la adquisición de las vacunas para combatir la COVID-19 permite este tipo de inmunidad legal. Pero deja claramente fuera de esta excepción a las “maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”. Es decir, que el gobierno argentino cubriría los gastos de una demanda por alguien que sufre efectos colaterales surgidos de los componentes de una vacuna contra el COVID-19 que funciona normalmente para inmunizar a la mayoría de la población, pero que no será responsable si hay defectos en la fabricación, mala conservación de la temperatura antes de su entrega o cualquier otro motivo del que sea responsable la farmacéutica.
Pfizer llegó a oponerse a la inclusión de la palabra “negligencia” en el texto de la ley y exigió una nueva ley o un decreto que corrija ese caso. Por lo que la empresa se negaba a ser responsable, incluso si entregaba fuera de término vacunas con errores de fabricación o conservación.
El gobierno de Alberto Fernández no tuvo más remedio que cancelar las negociaciones. Haber aceptado esas condiciones sería haber cedido todo tipo de control gubernamental y quedar pendiente a la voluntad de una empresa privada. La llegada de alternativas, como la Sputnik V y la de AstraZeneca hicieron más fácil la elección. Lo mismo en el caso de Brasil, que tuvo acceso rápido a la vacuna china de Sinovac.
Pero no todos los países han podido resistir esa presión. Por empezar los nueve países de latinoamérica que cerraron contrato con Pfizer, seguramente aceptaron términos similares. O el caso de Filipinas, donde se aprobó una ley de inmunidad legal rápidamente para acelerar la entrega de 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer.
La estrategia no es original
Pfizer utilizó bien su posición en la “carrera por la vacuna”. Era percibida como la favorita, la primer vacuna en llegar al público, en gran parte por el gran uso publicitario de los medios de comunicación. Esa posición dominante, al menos hasta que la Sputnik V se convirtiera en la primer vacuna registrada en Agosto del 2020, fue la base para estas negociaciones desiguales.
Para definir su estrategia de negociación, Pfizer aprendió de los “mejores”. El pedido de garantías compuestas por activos soberanos, que son normalmente inembargables, aseguraría el cobro de las vacunas y evitaría un escenario similar al sufrido por los Fondos Buitres cuando embargaron un activo soberano como la Fragata Libertad. Y el cambio de jurisdicción por Nueva York también es un favorito de los Fondos Buitres
En cuanto al pedido de inmunidad legal excesiva, aún cubriendo lo que no debe hacer de todas maneras, su gran maestro no es otro que el gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que a principios de la década del 2000, en plena Guerra contra el Terrorismo, Washington buscó firmar acuerdos con gobiernos latinoamericanos para evitar que sus ciudadanos sean alcanzados por la Corte Penal Internacional. También logró que Paraguay acepte la inmunidad legal para las tropas estadounidenses que realicen ejercicios militares, lo mismo que hizo Panamá.
Jugando bien el juego
Quien supo aprovechar las condiciones establecidas por Pfizer para el otorgamiento de vacunas fue Israel. No sólo acordó estas condiciones, sino que permite el acceso de la compañía a los datos generados durante el proceso de vacunación. Pero este acatamiento, sumado al pago de más del doble de dólares por dosis de vacuna (Estados Unidos paga 19,50 dólares por unidad mientras Israel paga 50), le permitió saltear puestos en la cola y lograr la entrega casi inmediata de las vacunas. Esto le ha permitido vacunar al 91,94% de su población, sin contar los territorios ocupados de Palestina.
El cazador cazado
Pfizer no sólo utilizó esta posición excepcional en el mercado de vacunas para exprimir ganancias de los países más débiles y desesperados por recibir las vacunas. También no tuvo dudas de presionar y obtener ventajas de los Estados Unidos.
En este caso, no fue necesario negociar la inmunidad legal. Las leyes estadounidenses protegen a las empresas productoras de vacunas desde mediados de los años ’80, transformando esta actividad de poco lucrativa y riesgosa, a un gran negocio seguro.
Aquellos que sufran de efectos adversos por las vacunas, no sólo no pueden responsabilizar legalmente a las compañías sino tampoco al gobierno federal. Para estos casos hay ciertos fondos creados especialmente que responden con pagos en montos fijos, bastante menores de los que se alcanzarían en una corte.
Además de esta protección legal, estas compañías incluso están exceptuadas de cumplir la ley de protección de propiedad intelectual en los procedimientos que les permitan registrar sus vacunas ante la FDA (Administración de Drogas y Comidas).
Pfizer no sólo aprovechó todas estas ventajas en el proceso de desarrollo de su vacuna, sino que además negoció un contrato de provisión de 100 millones de dosis por 1950 millones de dólares. El contrato negociado durante el gobierno de Donald Trumple otorga ventajas incluso por sobre otras compañías farmacéuticas que están involucradas en la Operación Warp Speed, para el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Dado que la investigación y desarrollo de la vacuna de Pfizer fue externo a esta Operación, y no recibió fondos por ello, en su contrato no cede la propiedad intelectual de la vacuna. El contrato tampoco incluye la cláusula de “march-in”, que le permite al gobierno requisar las vacunas y la producción si la farmacéutica no puede cumplir el contrato y las entregas como lo establecido.
Continuando con esta política, el gobierno de Biden volvió a firmar con Pfizer otro pedido de 100 millones de dosis.
Queda claro que las compañías farmacéuticas, como cualquier otra empresa, aprovecharán toda ventaja otorgada durante la situación de excepción de la pandemia para transformarla en beneficios económicos. Es el papel del Estado promover la investigación y desarrollo de vacunas, pero siempre poniendo el bienestar del pueblo por sobre el beneficio de las empresas.
En términos globales, podemos ver Estados fuertes y centralizados donde el desarrollo de las vacunas corre por cuenta de organismos estatales (Rusia, China) y Estados que delegan esa función en las empresas privadas y quedan a su merced para recibir las dosis (Estados Unidos, Europa). Mientras tanto, al fondo de la cola, el Sur Global espera recibir las vacunas que pueda pagar.
