La Constitución Federal de 1988 y la política exterior brasileña: paradojas e incoherencias

por Sérgio Luiz Pinheiro Sant’Anna¹

Con el fin de la dictadura militar en 1985, luego de 21 años, el gran hecho político en Brasil tuvo que ver con los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente, a lo largo de los años 1987 y 1988, con la promulgación de la Constitución Federal el 5 de octubre de 1988.

La Carta Política fue aprobada con un claro compromiso con la democracia, los derechos sociales, los derechos humanos y el Estado de Bienestar Social, y fue celebrada como una Constitución Ciudadana que delimitó la ruptura jurídica con el autoritarismo del sistema anterior.

El punto que nos interesa es la aprobación, en el Título 1: De los Principios Fundamentales, del art. 4 que dispone que la República Federativa del Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios: I – independencia nacional; II – Prevalencia de los derechos humanos; III – autodeterminación de los pueblos; IV – No intervención; V- Igualdad entre los Estados; VI – defensa de la paz; VII – solución pacífica de los conflictos; VIII – repudio al terrorismo y al racismo; IX – cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad; X – concesión de asilo político, además de un párrafo único que prevé que la República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, tendiendo a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones.

La Constitución, de esta forma, se preocupó por dar la directriz de cualquier política exterior que fuera adoptada, independientemente de la línea política gubernamental

Desde la redemocratización hasta día atrás, la política exterior de los presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer procuraron pautarse desde esta perspectiva, con naturales estrategias diferentes, inclusive con el Ministerio de Relaciones Exteriores, también conocido como Itamaraty, manteniendo su línea histórica tradicional y de no alineamiento automático y de pragmatismo, siempre defendiendo una autonomía con respecto a las cuestiones políticas internas de cada país.

Desde el 1 de enero de 2019, había una enorme expectativa en relación al gobierno del Presidente Jair Bolsonaro, con una posición política e ideológica en el campo de la extrema-derecha.

La política exterior de un gobierno de extrema-derecha era algo inédito y suscitaba dudas en relación con una postura ideológica que se escaparía de la tradición de diplomacia universalista y pragmática del Ministerio de Relaciones Exteriores y de sus grandes Cancilleres, en especial el Barón de Rio Branco, Osvaldo Aranha, San Tiago Dantas y masa recientemente Celso Amorim.

El saldo de estos poco más de dos años fue el de un Brasil que ha contribuido de alguna forma con la parálisis del MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, que se ha alejado en la práctica de los BRICS y de la estrategia Sur-Sur de los gobiernos de Lula y Dilma. En el ámbito de América del Sur, además de las críticas a los países vecinos, se priorizó la creación de PROSUR, sin ninguna efectividad y direccionamiento político y económico, pero con una estrategia de parálisis de los demás procesos de integración regional.

En un primer momento, se imaginó que se optaba por un alineamiento incondicional con respecto a los Estados Unidos, pero con el paso del tiempo quedó claro que la sumisión era hacia Donald Trump, por la afinidad política.

El saldo de la política exterior fueron diversos conflictos con China, Venezuela, Francia, Alemania, Argentina, Chile, Bolivia, Cuba, Uruguay, Rusia, Países Árabes y hasta los EEUU de Joe Biden, inclusive con pronunciamientos sobre los procesos electorales y otras cuestiones de naturaleza interna de algunos países.

La política interna brasileña, en especial en relación al medio ambiente y a los incendios en la Amazonia, han provocado varias decisiones de parlamentos europeos en lo que concierne a la firma del Acuerdo MERCOSUR – Unión Europea, justamente por la falta de compromiso de Brasil con políticas públicas en estas áreas.

Brasil optó por cambiar posicionamientos tradicionales en la ONU como la posición en relación a Cuba y pasando a votar incondicionalmente con EEUU e Israel contra la nación caribeña.

Creó conflicto con los países árabes en ocasión de la amenaza de mudar la Embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, no obstante los árabes son importantes en la pauta brasileña de exportaciones de productos brasileños.

Incluso con la situación de la pandemia ocasionada por el COVID-19, Brasil creó conflictos y presentó críticas sistemáticas a China, Rusia y hasta a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este contexto, al contrario de los principios de la Constitución brasileña, el gobierno brasileño ha actuado en los organismos internacionales de un modo que implica un retroceso y el debilitamiento de Brasil em los foros multilaterales internacionales.

Merece uma reflexión permanente de todos los ciudadanos brasileños si esta política exterior que contraría a la Constitución brasileña y a la tradición de Itamaraty, tuvo algún efecto práctico de ventaja para Brasil en la comunidad internacional desde el 1 de enero de 2019 hasta marzo de 2021, cuando hubo un cambio de Canciller.


¹ Presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Instituto de Abogados Brasileños, Doctor en Ciencia Política por la UFF, Profesor de la UCAM, Procurador Federal, Consejero de la OAB-RJ y Miembro de la ABJD, APD, IBAP e ADJC.

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