por Federico Montero
Las elecciones en Chile tienen un carácter histórico. Mediante la elección de constituyentes, gobernadores (por primera vez) y otros cargos locales, se busca institucionalizar un proceso de reforma del régimen político impuesto por Pinochet y sostenido con reformas pactadas luego de la transición democrática. ¿Cuáles son los aspectos más significativos de las elecciones de este fin de semana?
- El intrincado camino de la reforma constitucional.
Aunque fue modificada, la base del texto constitucional de Chile fue sancionada en 1980, durante la dictadura de Pinochet, y representó la institucionalización del proyecto político, económico y cultural que instauró la dictadura tras el golpe a Allende y se constituyó en un marco que limitó a los actores políticos tras la recuperación de la democracia.
La reforma constitucional es un reclamo histórico del campo popular y la izquierda en Chile, que comenzó a ocupar el centro del debate político de la mano de los distintos ciclos de protestas que se vienen sucediendo en el país en los últimos 20 años.
De las protestas estudiantiles a las manifestaciones por los servicios públicos, cada demanda particular comenzó a articularse con una impugnación global al régimen político derivado de la dictadura y legitimado en la transición.
Michelle Bachellet hizo campaña y logró su segundo mandato presidencial a partir de la incorporación de la necesidad de la reforma constitucional a su programa de gobierno y de la ampliación de su frente electoral a un sector de los actores representativos de la protesta estudiantil. Aunque se lograron algunos avances parciales, la agenda de transformaciones se vio frustrada. Con Piñera volvió la derecha al gobierno, sumando a los efectos de su política económica las demandas insatisfechas de un sector creciente de la sociedad chilena que terminaron estallando en octubre de 2019. En ese momento, la consigna contra el aumento del boleto de metro “No son 30 pesos, son 30 años”, volvió a ubicar la cuestión de la reforma constitucional como prioridad política.
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La dispersión de candidaturas y las nuevas formas de representación.
El proceso de reforma constitucional y elección de autoridades locales ocurre de la mano de una crisis de representación de la democracia chilena surgida de la transición de fines de los ‘80, que era señalada como un “modelo” a seguir.
El sistema político bipartidista ya mostraba signos de desgaste por la emergencia de nuevas demandas y actores, y las movilizaciones de octubre de 2019 mostraron que no existe un sector claramente identificado que represente esta voluntad mayoritaria de cambio, que fue ratificada en octubre de 2020 cuando casi un 80% de los electores se expresó a favor de la necesidad de la reforma.
La política chilena se ha vuelto menos previsible y así lo indica la dificultad de los analistas y encuestadores para proyectar escenarios frente a la elección de 155 convencionales constituyentes entre 1300 candidatos partidarios e independientes.
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Una nueva geometría del poder institucional
Además de las elecciones de constituyentes, Chile también votará por alcaldes y concejales para las 346 comunas (municipalidades) que integran el país y, por primera vez desde el retorno a la democracia, los ciudadanos elegirán a gobernadores para sus 16 regiones.
De esta forma, se incorpora una dimensión federal al sistema político tradicionalmente centralista de Chile, que si bien será morigerada por la figura de delegados del presidente cuyas funciones y alcances se encuentran actualmente en debate, representa un cambio en la geometría y distribución del poder institucional en el país.
Gran parte de la atención de la elección de cargos locales se centra en la Región Metropolitana, que incluye a Santiago y donde viven más de 8 millones de personas (40% de la población), aunque también es importante la región de Valparaíso, con un peso económico centrado en los grandes puertos del país y parte de la industria agrícola. El Gobernador más poderoso será el de Santiago y tendrá el mayor peso electoral después del Presidente.
En contraposición de lo que sucederá en la elección constituyente, la elección de autoridades locales expondrá una mayor inercia de las formas tradicionales de representación. Por ejemplo, un reciente estudio de la UNAB, “Radiografía: perfil de los candidatos a Gobernador Regional” muestra que de los 90 candidatos a Gobernador en todo el país, sólo 14 son mujeres.
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Una nueva agenda popular y ciudadana
Al igual que en las recientes elecciones en Ecuador, el debate electoral ha estado atravesado por una nueva agenda, asociada a las demandas del movimiento de mujeres, el ambientalismo y la cuestión indígena.
Estos temas, que remiten a las desigualdades estructurales de la sociedad chilena desde los momentos en que se constituyó el estado y que se profundizaron en los últimos 30 años, fueron parte de las reivindicaciones de las protestas de los últimos años y de manera muy nítida en las protestas de octubre de 2019. Como dato, se puede señalar que si bien representan por lo menos a un 13% de la población, los pueblos originarios no cuentan con reconocimiento en la constitución del país.
Especial atención merece el modo en que la agenda del movimiento de mujeres se abrirá paso en la convención constituyente, ya que se produce en el marco de un avance regional del activismo de género, que ha significado avances significativos como en el caso de Argentina, pero también rechazos autoritarios como en el caso del Brasil de Bolsonaro.
Estas demandas, que aparecen en las propuestas de campaña de las fuerzas populares, también atravesarán el modo de institucionalización de los representantes en la constituyente, que garantizará la paridad de género y participación de los pueblos originarios. De esta forma, Chile será el primer país que garantice un mínimo de 45% de participación de mujeres en la convención constituyente, además de 17 representantes por los pueblos originarios.
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La pandemia como telón de fondo de un modelo en crisis
El modelo chileno de democracia restringida y mercantilización del conjunto de las relaciones sociales, era hasta hace poco citado como ejemplo por su estabilidad tanto por sectores de la derecha como progresistas en la región, y visto particularmente como un camino a seguir por otros países del mundo andino.
Las manifestaciones de octubre de 2019, impactantes por su masividad y su carácter sostenido a pesar de la violenta represión, mostraron la contracara de desigualdades estructurales del modelo chileno y dejaron titubeando a buena parte de la dirigencia política tradicional.
A pesar de que la pandemia en Chile ha acumulado ya 27 mil muertos sobre una población de 14 millones de habitantes, hoy cuenta con una vacunación del orden del 50% de la población, que alientan a pensar en una buena participación. En esa línea, ya las elecciones de octubre de 2020, no indicaron una disminución en la participación, una tendencia que se manifestó también en las presidenciales de Ecuador, tanto en la primera como segunda vuelta.
La pandemia fue también objeto de debate para la configuración del calendario electoral, permitieron su aplazamiento desde abril, fueron desdobladas en dos días y le dieron cierto aire al gobierno de Piñera para tener un margen de negociación.