Perspectiva Latinoamericana | ¿Qué pasa en Perú?

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por Florencia Tursi Colombo

Entre el Presidente y el Congreso

Martín Vizcarra asumió la presidencia en marzo del 2018 luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y en medio de una crisis de representación producto de las numerosas causas de corrupción contra ex presidentes y congresistas.

Previamente, PPK había asumido la presidencia en 2016 luego del balotaje en el que se enfrentó con Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, en ese momento Keiko iba ganando, sin embargo todos los sectores progresistas y de izquierda del Perú deciden alinearse con Kuczynski para impedir la llegada de una nueva Fujimori a la presidencia.

La breve presidencia de PPK convivió con una mayoría fujimorista en el Congreso. Así inició una disputa entre el ejecutivo y el legislativo, entre el presidente y el congreso, dos facciones de la derecha peruana.

A finales del 2017 el Congreso intentó la primera vacancia contra PPK sospechado de corrupción por su accionar como Ministro de Economía y Finanzas entre 2004 y 2005, la cual no fue aprobada. Sin embargo, salen a la luz los videos en los cuales PPK negocia con Kenji Fujimori, el otro hijo de Alberto, esa no aprobación de la vacancia a cambio del indulto a su padre quien se encontraba en prisión por las masacres y delitos que cometió durante su gobierno.

En marzo del 2018 revive el pedido de vacancia presidencial aunque PPK renuncia para no pasar nuevamente por el Congreso. En ese momento asume la presidencia Vizcarra quien era el segundo vicepresidente. Vizcarra asume el desafío de construir la legitimidad de un presidente que no había sido electoralmente votado y que muy pocos conocían. No obstante, logra cierto apoyo y legitimidad, aunque por un corto período hasta que reaparecen las presiones y la tensión con el Congreso.

Así el 28 de julio de 2019, en un intento de superar la crisis y lograr mayor legitimidad al cumplirse un nuevo aniversario de la Independencia, Vizcarra presentó al Congreso un proyecto para adelantar las elecciones. El proyecto dependía del tratamiento y aprobación por parte del parlamento y el llamado a un referéndum. Sin embargo, el Congreso archivó el proyecto y apresuró el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que debían tratar el habeas corpus para darle la libertad a Keiko (quien se encontraba en prisión  preventiva por el caso Lava Jato), así como también, nuevamente, el indulto humanitario a Alberto Fujimori y la anulación de una serie de deudas tributarias a empresas peruanas.

La Constitución señala que si el Congreso le niega la confianza dos veces al Ejecutivo, el presidente tiene la potestad de anularlo. Entre la negativa de tratar el proyecto de adelantar las elecciones y el nombramiento de los miembros del TC sin el consentimiento del Ejecutivo, Vizcarra asumió el pasado 30 de septiembre que la confianza le había sido negada. En el Congreso, el bloque fujimorista reaccionó desconociendo su cierre y aprobando, a las apuradas la vacancia del presidente y auto-proclamando una nueva presidenta interina, Mercedes Araoz. Finalmente, ante la presión de la población movilizada en respaldo de Vizcarra y exigiendo el cierre del Congreso, sumado al apoyo de las fuerzas armadas al ejecutivo, Mercedes Araoz renuncia a la presidencia interina. El Ejecutivo convoca a una comisión permanente del Congreso encargada de monitorear hasta las nuevas elecciones parlamentarias fijadas para el 26 de enero.

En enero de este año se dio ese llamado a elecciones para el Congreso aunque no se produjo un gran cambio, la derecha sigue dominando y la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo siguió estando. Al punto tal que, en medio de la pandemia, mientras se lamentaban miles de muertos, el Congreso intentó una segunda vacancia presidencial contra Vizcarra por la sospechosa contratación de un cantante, pero no fue aprobada.

El golpe institucional

Finalmente el 9 de noviembre se consumó el tercer intento de vacancia contra Vizcarra. La Constitución sancionada en 1993 por Fujimori, en el contexto del autogolpe, prevé que el Congreso pueda vacar al presidente por causa de incapacidad moral, una forma ambigua que puede ser utilizada en distintas situaciones.

Apenas se conoció la noticia de la vacancia, la población se movilizó y empezaron los cacerolazos. En primer lugar para pedir que se garanticen las elecciones que están convocadas para el próximo abril. Llama la atención que se produzca esta vacancia a tan solo 5 meses de unas nuevas elecciones en las cuales se elegiría a un nuevo presidente.

En segundo lugar, Manuel Merino, el presidente del Congreso que asumió en lugar de Vizcarra, había estado semanas antes hablando con mandos militares para asegurarse el traspaso de mando. Todavía no estaba votada la vacancia pero él ya estaba hablando con las fuerzas armadas para realizar ese traspaso de mando, lo que hace pensar en un golpe institucional.

Vizcarra, aunque dijo que iba a recurrir a la justicia, reconoció la vacancia. Sin embargo, la población siente que estas figuras políticas juegan un juego no democrático. El Congreso ha decidido quien es hoy el presidente y la población no fue consultada.

Tanto el lunes como el martes hubo movilizaciones y el jueves 12 de noviembre se realizó la llamada “marcha nacional”. En distintas ciudades del país miles protestaron contra el gobierno de facto de Merino. Él respondió con represión.

La población reclama por el llamado a una asamblea constituyente para una nueva constitución.

Los pliegues de un sistema

Detrás de este clima de inestabilidad se esconde la crisis de un modelo. El modelo peruano fue presentado, centralmente durante el período 2007-2015, como un caso exitoso de neoliberalismo. Sin embargo, hay que entender a dicho modelo como algo agrietado. En esas grietas o pliegues se fue colocando todo aquello que no encaja dentro del sistema neoliberal dominante: los excluidos, los proyectos alternativos, la justicia aún pendiente y las desigualdades. Es más, en los pliegues se esconde la forma en la que ese sistema fue impuesto, esto fue a la fuerza bajo el autogolpe de Fujimori en 1992.

En 1985, cuando Alan García asumió su primera presidencia el país se encontraba ante una grave crisis de la deuda, sumado a la hiperinflación y el conflicto armado interno. El fujimorismo aparece en ese contexto de crisis con una receta para detener la inflación y terminar con el grupo armado sendero luminoso. Cabe destacar que muchas de esas maniobras fueron ilegales, incluso, al día de hoy hay crímenes y violaciones a los derechos humanos que se perpetraron durante el fujimorismo que no han sido investigados. El fujimorismo, a través del autogolpe, sanciona la constitución que hoy continúa vigente. A esto se le sumó la captura de la economía por parte de intereses económicos privados.

Con la vuelta a la democracia en los años 2000, se produce el crecimiento exponencial de la economía, motivo por el cual algunos comenzaron a hablar del milagro peruano. El acelerado crecimiento se debió al boom de los commodities, principalmente minerales como el cobre. Sin embargo, esa prosperidad económica escondía, en el fondo, un suelo agrietado y frágil. Ante la reducción de la demanda de minerales por parte de China -principal comprador- y la caída de su precio en el mercado internacional, se puso de manifiesto la alta dependencia económica del milagro peruano.

Los pliegues del sistema son las grietas ocultas en donde se ubica todo lo que no encaja dentro del sistema neoliberal dominante pero que hoy en día en esta crisis está saliendo a la luz.

El estancamiento de la economía, a partir de 2015, fue el punto de inflexión para un sistema en donde los políticos se mantenían ligados a esos intereses económicos privados. Con la aparición de ciertos escándalos de corrupción ligados al caso Odebrecht, la población empieza a cuestionar a toda esa clase política que siente que ya no les representa.

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