Perspectiva Latinoamericana | Deuda por acciones ambientales. Un camino para superar el trilemma del desarrollo sostenible

por Damián Paikin¹

Los debates que están sucediendo en la 26 Conferencia de las Partes del Acuerdo Marco de Cambio Climático nos muestran una vez más que la solución al problema aún se encuentra lejana. En parte, esta incapacidad para resolver el tema ambiental se funda en dos cuestiones.

La primera es el hecho que el cambio climático, como fenómeno, es parte de un trilemma de difícil solución. Habitualmente se menciona el concepto de desarrollo sostenible como aquel que ubica al crecimiento económico, el progreso social y el cuidado ambiental como tres esferas a ser tenidas en cuenta. El problema es que la relación entre ellas en muchas ocasiones no es lineal sino que, por el contrario, se contraponen unas con otras.

El trilemma del desarrollo sostenible

Por ello, antes de la idea de un concepto con tres patas o pilares, es mejor pensarlo bajo la figura de un triángulo con tres desafíos presentes al mismo tiempo: El equilibrio inter-generacional, la inclusión social y el cambio estructural, donde las tres puntas se encuentran en permanente tensión, particularmente – aunque no sólo – en los países que basan su modelo de desarrollo en los recursos naturales. Y este es el caso de América Latina, donde aproximadamente 1 de cada 2 dólares de exportaciones provienen de esas fuentes.

En este marco, en nuestra región la posibilidad de un mayor crecimiento que financie una mejora en la vida de las generaciones actuales a partir de nuevos empleos o mediante la ampliación de los recursos estatales difícilmente pueda escapar a algún tipo de desafío ambiental. Y esto, que ya sería un dilema difícil de manejar, se complejiza ante la necesidad de destinar parte de las ganancias obtenidas a promover cambios en la matriz productiva para no continuar devastando el planeta e, incluso, ante la necesidad de pensar un futuro frente al agotamiento de los recursos no renovables.

A esta complejidad se le agrega un segundo elemento. Mientras en la COP 26 los países ricos plantean la necesidad de combatir entre todos el cambio climático, en la Organización Mundial de Comercio, o en los Acuerdos regionales, promueven acciones que tienden a primarizar aún más nuestras economías, para luego paradójicamente acusarnos en diversos foros de ser responsables de la desforestación y la pérdida de biodiversidad.

Las propuestas a futuro: Un giro al concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas

Y aquí aparece la segunda cuestión que dificulta un acuerdo sobre el tema. Si aún hay algo que pueda preservar el equilibrio ambiental son justamente los bosques, selvas y diferentes recursos que existen en los países menos desarrollados. Es decir que no fue por la acción de nuestros Estados que se llegó a esta situación, sino justamente por la acción de aquellos que por sus lógicas de consumo y producción devastaron el planeta y hoy piden que todos se hagan cargo por igual del problema, aceptando solamente en el papel la consigna de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

De hecho, tal como surgió del G20, los 100 mil millones de USD que habían comprometido las potencias en la COP 15 para el año 2020, no se concretaron y posiblemente no lo hagan en los próximos años. Y si bien ha habido proyectos, estos han respondido más a una iniciativa de los financistas en el marco de sus propias miradas sobre la cuestión, que a los intereses reales de los países en desarrollo.

Frente a esto han surgido dos posiciones. La primera sintetizada cruelmente por el presidente de Malawi, Lazarus Chakwera: “Esto no es un acto de caridad. Así que paguen o mueran con nosotros”, dijo tras lo cual agregó: “Cuando decimos que cumplan su promesa, no se trata de caridad, sino de pagar una cuota de limpieza. Si han estado involucrados en los cambios que ha experimentado el mundo, limpiémoslo, pero hay que responsabilizarse”.

La segunda, propuesta por el presidente Alberto Fernández, y acompañada entre otros por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es la voluntad de generar un mecanismo de canje de deuda por acción climática. Esta idea tiene en principio una ventaja sobre la anterior. La carga se invierte y no son los países menos desarrollados quienes deben rogar por la llegada de los fondos, sino que son aquellos más poderosos quienes “pre-entregaron” el dinero que ahora será usado, en vez de para beneficio de algunos, en pos del bienestar de todos a partir de acciones que mejoren el ambiente entre las que se contarán sin dudas, cambios en la matriz productiva.

De esta forma sí se cumple con más claridad con la consigna responsabilidades comunes pero diferenciadas, recuperando los países que han sido víctimas de la acción climática de otros, su capacidad autónoma de definir los mejores caminos para conservar los activos ambientales.

La crisis climática, tal como la define el vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca, no da tiempo para repetir viejos esquemas fracasados del pasado como el financiamiento de los países ricos de proyectos en los países pobres. Es hora de probar otras formas que incluyan poner en cuestión las lógicas de la división internacional del trabajo, la propiedad de la innovación que impide que las mejoras se distribuyan rápidamente allí donde más se necesitan, y el rol de la deuda externa.

Quizás así se encuentre un camino que avizore una salida para el trilemma del desarrollo sostenible.