Liz Truss asumió el gobierno impulsando sus primeras medidas frente a la crisis y el descontento social. En eurasia continúa desarrollándose la articulación comercial y militar con eje Rusia-China. Mientras tanto, el presidente Bolsonaro utilizó el bicentenario de la independencia para su propia campaña, en un clima de creciente violencia política. En Chile el rechazo constitucional produjo un recambio en el gabinete presidencial y negociaciones en el congreso para un nuevo proceso constituyente.
Por Federico Montero y Pablo Macia
Liz Truss asumió el gobierno impulsando sus primeras medidas en un contexto de descontento social.
Más allá de las publicitadas exequias de la reina de Inglaterra luego de 70 años de detentar el título, el dato político relevante de la semana fue la asunción como Primera Ministra de Liz Truss, luego de ganar la elección interna del partido conservador, en la que por primera vez se erige un candidato con menos del 60% de votos.
La flamante mandataria, promocionada como la nueva “dama de hierro”, en referencia a Margaret Tatcher, asume en un contexto duro atravesado por la alta inflación sedimentada desde la pandemia y profundizada por la guerra en Ucrania y por los efectos negativos del brexit, que el propio partido promovía como la receta para el despegue del país.
Truss, ha elegido un gabinete diverso, en el que por primera vez llega una viceministra y en el que se encuentran políticos de ascendencia afro y asiática. Pero todos ellos han sido formados en las escuelas y centros de la elite tradicional, lo que refleja el poder de la hegemonía conservadora que ya lleva más de 15 años en el gobierno. En consecuencia, la magistratura de la Primera Ministra representa la línea dura del partido, en cuanto a la preservación de los intereses de las grandes corporaciones y las políticas económicas ortodoxas.
En ese marco planteó reducir los impuestos “para ayudar a las empresas a invertir en su futuro, abordar el costo de la energía y controlar el gasto público”. Pero cumplir con esas premisas representa un gran desafío. En primer lugar, frente a la crítica situación que vive la población por el aumento de las tarifas energéticas y su profundización ante la inminente llegada del invierno, la mandataria tuvo que ceder e intervenir en el mercado, anunciando un paquete de apoyo energético que promete que la energía promedio de un hogar tipo no superará las 2.500 libras anuales (2.870 dólares) durante los próximos dos años. Con esta medida, la mandataria espera reducir la inflación en un 5%, pero incluso con el tope que plantea, las facturas están al doble que el año pasado. El último aumento en abril fue de un 55% y en octubre debían subir un 88% más.
Si bien la medida de subsidiar el consumo eléctrico de los hogares y de la industria representa un alivio a la población, se considera insuficiente por parte de diversos sectores sociales y políticos en base a dos grandes críticas. En primer lugar el Partido Laborista cuestionó la negativa de aplicar un impuesto a las ganancias inesperadas obtenidas por los oligopolios energéticos del petróleo y el gas para financiar los paquetes de ayuda. El líder laborista Keir Starmer, denunció que esta negativa a captar mayores ingresos de los más ricos implica un nuevo endeudamiento del gobierno para financiar esas políticas sociales. Inglaterra viene aumentando su deuda pública de manera preocupante, ya que durante la pandemia alcanzaba al 60% del PBI y ahora se acrecentó al 90% y continúa creciendo. La respuesta de Truss es persistir con las políticas ortodoxas argumentando que “mayores impuestos desalientan la inversión” y promete fomentar una mayor oferta del petróleo y el gas del Mar del Norte y la energía nuclear en Escocia.
La otra crítica fuerte proviene de las organizaciones de la sociedad civil que ven que el subsidio termina beneficiando por igual a los sectores más adinerados y no llega a cubrir las necesidades de los más vulnerables. Es que las medidas se basan en promedios de consumo en vez de topes, y no contemplan la situación de sectores vulnerables ni de electro-dependientes. En ese marco, incluso las instituciones públicas de salud y educación adelantaron posibles recortes de funciones y virtuales cierres de establecimientos.
Por último, en materia internacional, Truss mantendrá la línea dura que venía desarrollando en su cargo de Ministra de Relaciones Exteriores en dos aspectos relevantes: el brexit y la guerra en Ucrania. El desacople de la Europa trajo dificultades al Reino Unido para la provisión de algunos bienes y para la mano de obra de baja calificación, que era cubierta con migrantes. Estos problemas persistirán al igual que los tensos acuerdos y las negociaciones con respecto a la situación de Irlanda del Norte y su frontera con la zona Euro. Por otro lado, la continuidad del Secretario de Defensa, Ben Wallace, refuerza la política de confrontación contra Rusia en el conflicto en Ucrania, y los compromisos de ayuda a Kiev en un marco de crisis interna. Al respecto, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que la intransigencia de Liz Truss, será de poca ayuda para fortalecer la posición internacional del Reino Unido, y que debería resolver su problema con Europa antes de confrontar con Moscú.
Frente a estos desafíos se inicia la nueva etapa en el Reino Unido en la que el gobierno deberá sortear el descontento social causado por las múltiples variables que vienen deteriorando el nivel de vida de la población británica.
En eurasia continúa desarrollándose la articulación comercial y militar con el eje Rusia-China.
En el marco de la ruptura de relaciones de Rusia con Europa y las potencias de occidente a causa de la guerra en Ucrania, continúan estableciéndose canales alternativos de comercialización y cooperación hacia el este. Así, durante la semana, la Empresa Gazprom firmó un nuevo acuerdo con la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) para implementar el rublo y el yuan como moneda de intercambio en las transacciones del gas y para comercializar un mayor flujo del energético. Al momento, China mantiene un contrato con Rusia por 25 años para la compra de 48 mil millones de metros cúbicos anuales a través del gasoducto Fuerza de Siberia y se está evaluando la construcción de un segundo gasoducto con capacidad de transportar 50 mil millones de m3 adicionales. Durante la VII edición del Foro Económico Oriental que se desarrolló del 5 al 8 de septiembre en de 2022 en Vladivostok, Vladimir Putin acordó los parámetros principales del suministro de gas a China a través de Mongolia. Durante la cumbre también se cerraron acuerdos entre empresas rusas y chinas para la construcción de una planta productora de hidrógeno en la isla de Sajaín, con una inversión que además contempla el traslado de hidrógeno licuado a China a través de contenedores cisterna. En el encuentro se aseguró que la Ruta Marítima del Norte que pasa frente a las costas de Rusia en el Océano Glacial Ártico, es la más corta entre Europa y Asia-Pacífico, y su rentabilidad aumenta 5,5% mensual de la mano de las compañías rusas. El nuevo escenario mundial permite potenciar los intercambios en la región, y según el embajador chino en Rusia, Zhang Hanhui, el comercio entre Rusia y China ya roza los $98.000 millones entre enero y julio de este año.
La semana próxima se reforzará la relación sino-rusa en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), en la que se reunirá Vladimir Putin y Xi Jimping. El embajador ruso en Pekín, Andrei Denisov, adelanto la importancia de la reunión y la nutrida agenda a tratar, sin precisar detalles. La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) se fundó en 2001 y está compuesta ocho Estados miembros (China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán). El 15 y 16 de septiembre será la nueva cumbre en Samarcanda, Uzbekistán.
Por otro lado, del 1 al 7 de septiembre se desarrollaron los ejercicios militares Vostok 2022, en nueve escenarios militares del este de Rusia, y en el mar del Japón y el de Ojotsk. Estos ejercicios cuentan con la participación de 2.000 militares y observadores de países que son socios o miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Entre ellos están Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nicaragua, Siria y Tayikistán. El objetivo de las maniobras Vostok 2022 es perfeccionar la gestión de tropas de distintas categorías, así como el trabajo de coaliciones, para repeler cualquier agresión desde el Este. El ejercicio anterior de este tipo se realizó en 2018 y tuvo una magnitud mucho mayor que la actual. Pero en el marco de la guerra en Ucrania y los posicionamientos geopolíticos que desencadenó, los simulacros militares adquieren una trascendencia mayor. Mientras que en aquella vez participaron sólo Rusia, China y Mongolia, en esta oportunidad son 14 países, con la significancia política de la India, que mantiene una posición neutral frente a las presiones de occidente para romper relaciones con Rusia. Así, las tensiones se mantienen altas mientras Estados Unidos también continúa realizando ejercicios militares con sus aliados como Japón y Corea del Sur en Asia-Pacífico y en otras regiones.
Bolsonaro utilizó el bicentenario de la independencia para su propia campaña, en un clima de creciente violencia política.
El 7 de septiembre se conmemoraron los 200 años de la independencia de Brasil, a menos de un mes de la elección presidencial que lo tiene a Lula arriba en las encuestas por entre 13 y 10 puntos frente al actual mandatario. En ese marco, la fecha patria fue utilizada por Bolsonaro como acto de campaña proselitista, convocando tan sólo a sus seguidores bajo la consigna de la defensa de la patria “frente al comunismo de Lula”. Esta conducta como candidato reemplazando a su rol institucional como Presidente de la Nación le valió aireadas críticas de medios locales e internacionales. El mandatario organizó un acto en Brasilia y uno en Copacabana, Río de Janeiro. El de Brasilia fue financiado por el empresariado de los agronegocios de los estados sojeros del centro del país, que junto con los sectores evangelistas de “la iglesia del progreso” constituyen las bases de sustentación bolsonaristas. Además, el presidente puso la infraestructura militar del Ministerio de Defensa para sobredimensionar un supuesto apoyo a su figura, de manera de influir sobre la población indecisa en la campaña. Frente a las recurrentes críticas que Bolsonaro realiza sobre el Supremo Tribunal Federal (instancia máxima del poder judicial) y la diseminación de sospechas de fraude frente a la eventual derrota de su candidatura, el uso de los militares agita el fantasma del golpe de estado. A esto se suma el creciente clima de violencia que impulsa la derecha y que se cobró la vida de Benedito Cardoso dos Santos, de 42 años, asesinado a puñaladas a manos de un fanático bolsonarista por defender a Lula. El discurso del actual presidente se orienta promover el odio hacia la Lula y sus seguidores, intentando infundir el temor en la población con la perorata del supuesto “comunismo y ateísmo” del PT, llegando al punto de pedir “extirpar de la vida pública” al dos veces presidente del Brasil. Por su parte, Lula da Silva, cuestionó el uso electoral del Día de la Independencia y exigió a Bolsonaro y su familia que rindan cuentas por la compra de 51 inmuebles por un valor de 26 millones de reales sin declarar, tal cual lo revela una investigación periodística.
Lo cierto es que el clima político continúa polarizándose en un país donde ya se han cometido crímenes políticos como el emblemático de la concejala de Río, Marielle Franco. En ese contexto, Bolsonaro intenta fortalecerse por medio de provocaciones machistas y misóginas, alardeando de una supuesta masculinidad y virilidad. Al parecer el mandatario no conoce el famoso dicho: “dime de que presumes y te diré lo que careces”. Pero más allá de lo estrafalario, el clima de confrontación se instala como la herramienta con la que cuenta el actual presidente para intentar, por la negativa, revertir el escenario que marcan la encuestas.
Los pasos a seguir en Chile luego del rechazo en el plebiscito constitucional.
El Domingo 4 de septiembre se impuso el rechazo del borrador constitucional en Chile por el 61,8% de los votos frente al 38,1% de adhesión a la carta magna de 388 artículos, elaborada por la convención constituyente a tal efecto.
Entre la multiplicidad de variables que explican el rechazo constitucional se encuentran la obligatoriedad del voto, en un país donde suele ser optativo, la campaña de desprestigio de la convención constituyente (en la que hubo una sobredimensionada mayoría de independientes frente a los partidos políticos establecidos) y las noticias falsas que atemorizaron al electorado. La derrota de la propuesta se dio en un clima de polarización donde la derecha jugó claramente hacia el rechazo mientras que el presidente Gabriel Boric se inclinó en la campaña por el apruebo. De esta forma, el plebiscito de la constitución tuvo un componente de evaluación sobre la orientación del gobierno, en un contexto de crisis de representación y de descontento social como efecto de la pandemia y de la guerra en Ucrania, entre otras cuestiones históricas que vive el país andino. Esa lectura condicionó al gobierno a generar un recambio del gabinete presidencial con seis nuevos ministros: Carolina Tohá (Interior y Seguridad Pública), Ana Lya Uriarte (Secretaría General de la Presidencia), Giorgio Jackson (Desarrollo Social y Familia), Ximena Aguilera (Salud), Diego Pardo (Energía) y Silvia Díaz (Ciencias y Tecnología). Boric afirmó que los cambios están orientados a “fortalecer la coalición que nos respalda” haciendo referencia a integrantes de partidos tradicionales con reputación en los gobiernos de la socialista Michelle Bachelet como Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte.
De esta manera, el presidente intentará estabilizar las bases de su gobierno con mayor peso de parte de la estructura tradicional partidaria. De la misma forma, el proceso constituyente continuará por el camino del Congreso Nacional, donde el miércoles pasado se iniciaron conversaciones entre líderes de partidos políticos y jefes de bancadas de las dos cámaras. La nueva ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte adelantó que el objetivo de las reuniones no es redactar la Constitución sino acordar el método más idóneo para continuar el proceso constituyente. El lunes próximo a las 9, habrá una nueva reunión en el Congreso en la que se espera poder alcanzar el consenso del nuevo itinerario a seguir.
