El domingo pasado se llevaron a cabo elecciones generales en Guatemala. El resultado de la elección fue la apatía política. Con una participación del 60,38%, ningún/a candidato/a logró superar el 16% de los votos por lo que se espera una segunda vuelta electoral entre los dos más votados en agosto. Mientras que el voto nulo superó a todos con el 17%.
Apatía
El escenario político guatemalteco se caracteriza por la apatía. Los/as ciudadanos/as descreen de la política. Esto se plasma en la baja participación electoral que fue del 60,38%, menor a la de las anteriores elecciones presidenciales (2019) que fue del 61,84%. En la segunda vuelta electoral la participación suele ser incluso menor, hace 4 años fue del 42,7%, este año se espera un porcentaje similar.
Otro punto clave es la dispersión del voto, suele haber numerosas candidaturas. En esta elección hubo en total 22 candidaturas, en las anteriores presidenciales hubo 20, lo que expresa la inestabilidad del sistema de partidos. No hay partidos políticos con trayectoria política histórica ni identidades políticas marcadas.
Elección tras elección los/as guatemaltecos/as han votado por el candidato que representaba el cambio y en rechazo a los oficialismos, pero eso no se plasmó en una verdadera renovación política ni en una agenda política nueva. En consecuencia, se extendió la decepción con el sistema político.
Desde la vuelta a la democracia en 1986, hubo en Guatemala 9 elecciones presidenciales: primero el democratacristiano Vinicio Cerezo (1986-1991) cuyo gobierno de transición estuvo tutorado por las Fuerzas Armadas (FFAA), luego el gobierno de Serrano Elías (1991-1993) que terminó en una fuerte crisis institucional cuando el presidente intentó un autogolpe (inspirado en el que hizo Fujimori en Perú en 1992) pero que fracasó por el fuerte rechazo del pueblo y de las FFAA. En tercer lugar, la elección de Álvaro Arzú (1996-2000) quien encarnó las reformas estructurales llevando al país a un neoliberalismo privatizador de las empresas estatales.
Posteriormente, los gobiernos de Alfonso Portillo (2000-2004), Óscar Berger (2004-2008) y Álvaro Colom (2008-2012) decepcionaron al pueblo ya que durante aquellos años creció la inseguridad y aumentó la sensación de crisis política e inestabilidad. Esto derivó en la victoria presidencial de Pérez Molina (2012-2015) quien tenía un discurso de mano dura contra la inseguridad. Aunque no pudo terminar su mandato porque en 2015 se desató el estallido social, multitudinarias manifestaciones contra la corrupción del gobierno que presionaron provocando la renuncia del presidente y de la vice y la convocatoria a elecciones.
Los nuevos comicios se desarrollaron en un clima de optimismo ante el posible cambio, pero quien se impuso fue el candidato sorpresa, el outsider Jimmy Morales que llegó sin experiencia en gestión y sin esquema partidario. Morales culminó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) creada por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala en 2006 con el objetivo de investigar los delitos en el país. La CICIG había expuesto las alianzas entre políticos, empresarios y miembros del crimen organizado, pero el presidente prefirió la impunidad en esos procesos al disolver la Comisión. Jimmy Morales dejó el cargo en 2020 como uno de los presidentes más impopulares.
Finalmente, el gobierno de Giammattei fue una continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores, conformó un gabinete de empresarios y extendió la militarización de municipios y zonas con el objetivo de combatir el crimen.
Al día de hoy, la mayoría no cree que vaya a haber un verdadero cambio. Ningún candidato entusiasma al pueblo.
La apatía se generalizó ante la pérdida de lo propio, de lo autóctono y ante gobiernos que representan intereses extranjeros. Hay una fuerte incidencia de EEUU en la política de Guatemala, por su ubicación limítrofe a México, el país es paso de migrantes centroamericanos que buscan llegar al país del norte. Esto ha hecho que EEUU con su política antimigratoria ponga el foco en Guatemala.
Además hay cuestionamientos al proceso electoral, la población desconfía de sus instituciones ante la constante corrupción de los funcionarios. De hecho, durante la campaña fueron inhabilitadas 4 candidaturas por irregularidades, lo que fomenta la sospecha de la población en el financiamiento de las campañas y los gastos electorales.
Rumbo a la segunda vuelta electoral
En la elección del domingo se impusieron los candidatos: Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con el 15,69% de los votos y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla con el 11,8%.
Se esperaba una elección que concentrara más el poder a la derecha. No obstante, el resultado de la primera vuelta marcó un rumbo de centro o centro-izquierda que expresa la preferencia de la ciudadanía por un cambio político.
El candidato que más representa el hartazgo y desencanto de la población es al mismo tiempo la sorpresa de la elección, Arévalo, del Movimiento Semilla surgido de las protestas del 2015, que quedó en segundo lugar. El voto a Arévalo fue un voto de rechazo a los “políticos tradicionales”, al sistema político y la búsqueda de un cambio. Arévalo hizo campaña con un discurso anticorrupción.
En el caso de Torres, es su tercer intento de acceder a la presidencia. En las dos anteriores fue derrotada en la segunda vuelta, la primera en 2015 por Jimmy Morales y 2019 por Alejandro Giammattei. Torres encarna el discurso de mano dura. Su propuesta es imitar el modelo de Bukele en el país vecino, El Salvador, para terminar con las pandillas. Y lleva como candidato a la vicepresidencia a un pastor evangélico.
De cara a la segunda vuelta, ambos movilizan en algún sentido el cambio. Arévalo se proyecta como el candidato con mayor posibilidad de crecimiento, sobre todo en las zonas urbanas, frente a Torres quien tiene más presencia en las zonas rurales. Al mismo tiempo, Arévalo corre con la ventaja del “voto anti”, como sucedió en las anteriores segundas vueltas en las que Torres no pudo ganar. El rechazo a Torres viene de las acusaciones de corrupción en su contra (estuvo presa en 2019 por financiamiento ilegal de su partido y por asociación ilícita) y por formar parte de anteriores gobiernos (fue primera dama durante la presidencia de su exesposo Álvaro Colom).
En cuanto al Congreso, la elección conformó una nueva legislatura fragmentada. Ninguna fuerza política tendrá mayoría. De las 160 bancas del Congreso, el partido oficial Vamos será la principal fuerza del Congreso con 39 bancas, en segundo lugar la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con 28 diputados y en tercer lugar Movimiento Semilla con 23 curules.
