En Italia se configuran las alianzas para las elecciones parlamentarias que pondrán al nuevo Primer Ministro. Rusia reorienta su estrategia comercial frente a las sanciones y el aislamiento que intenta imponerle occidente. El allanamiento judicial a Trump intensifica la contienda hacia las elecciones en Estados Unidos. Chile avanza en la campaña por el plebiscito de su nueva constitución del 4 de septiembre.
POR FEDERICO MONTERO Y PABLO MACÍA
Se conforman las coaliciones electorales en Italia para la elección el 25 de Septiembre.
A poco más de un mes de los comicios del 25 de septiembre en Italia para elegir a los 400 diputados y 200 senadores para imponer un nuevo primer ministro, se conformaron los frentes electorales.
En primer lugar, la coalición conformada por la Liga, Hermanos de Italia y Fuerza Italia, surge como favorita en las encuestas con un amplio margen. Así pretende volver a erigir a un primer ministro luego de 15 años, cuando fue electo Silvio Berlusconi en la última elección por voto directo.
La líder del partido nacionalista conservador Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, cuenta con serias chances de convertirse en la primera mujer premier de la historia del país, ya que los socios de la coalición acordaron apoyar a quien obtenga más votos dentro de la misma. Además de Hermanos de Italia (que reivindica a Mussolini y tiene fuerte raigambre en el sur del país) se suma La Liga, de Matteo Salvini, con predicamento en los sectores medios del norte, y Fuerza Italia de Silvio Berlusconi. El frente de derecha podría sumar en su totalidad entre el 46% al 50% de los votos, lo que permitiría alcanzar no solo la Primera Magistratura sino también, margen para modificar la Constitución. En ese sentido ya comenzaron a promover la elección directa del Presidente dentro de sus propuestas programáticas. El artículo 83 de la Constitución proclama la elección del Presidente por un mandato de 7 años a través del voto de una Asamblea compuesta por los senadores, diputados y los delegados de las 20 regiones del país. Pero además, podrían modificar la carta magna para cercenar otras garantías como eliminar el delito de tortura, que según algunos referentes de la coalición, dificulta la labor de las fuerzas policiales para combatir el delito. Otros ejes programáticos de la derecha son los de luchar “contra la inmigración ilegal”, aunque prometen favorecer “la inclusión social y laboral de los inmigrantes regulares”.
En segundo lugar, el Partido Democrático, lidera la coalición de centro izquierda, en alianza con +Europa de la senadora Emma Bonino y Europa Verde e Izquierda italiana, que impulsa al sindicalista del sector de los trabajadores de la agricultura, Aboubakar Soumahoro. Oriundo de Costa de Marfil y naturalizado italiano, el dirigente Soumahoro de 42 años, fue protagonista del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que se ha reunido con el papa Francisco en el Vaticano. La coalición espera incorporar a las bases disconformes del Movimiento Cinco Estrellas, que es reputado como el responsable de la caída de Draghi. Si bien la coalición está lejos de alcanzar a la derecha en las encuestas, es el espacio que más cercano está a revertir la contienda.
En tercer lugar se encuentra el espacio del centro político, compuesto por Acción de Carlo Calenda e Italia Viva del ex primer ministro Matteo Renzi. El frente que revindica la gestión del renunciante Mario Draghi, pretende conformar un tercer polo que alcance alrededor del 10% de los votos, aunque de momento alcanzan el 5% según las encuestas. Este espacio pretende alcanzar un margen de escaños en ambas cámaras que permita condicionar la investidura de un nuevo primer ministro, aunque sus chances no están aseguradas.
Por último, el Partido Cinco Estrellas, fundado por el comediante Beppe Grillo como un exponente antisistema, competirá sin alianzas, encabezado por su jefe político y dos veces premier entre 2018 y 2021, Giuseppe Conte. El espacio fue perdiendo adeptos y dirigentes en la última legislatura y se lo ha hecho responsable de la renuncia de Mario Draghi.
Pero lo cierto es que el gobierno de unidad que expresaba el economista Mario Draghi, venía ganando el repudio de la ciudadanía en las elecciones regionales, lo que obligó a las fuerzas de derecha como las del M5E a replantearse el apoyo al Primer Ministro que sufrió el desgaste de los efectos de la pandemia, la inflación y la guerra en Ucrania que afecta a Europa y al mundo en general.
Ese mismo rechazo es el que precipitó la crisis política que intentará subsanarse con una nueva legitimidad derivada de las elecciones del 25 de septiembre.
Rusia reorienta su estrategia comercial frente a las sanciones y el aislamiento que intenta imponerle occidente.
La batalla comercial entre Europa y Rusia continúa desarrollándose en el contexto de la guerra en Ucrania. Mientras la Unión Europea aprobó una reducción del 15 % del consumo de gas para el invierno y continúa con las sanciones a Rusia para cortarle el flujo comercial con occidente, Moscú reacomoda sus intercambios comerciales en Asia y los países emergentes. Así, durante la semana se confirmó el acuerdo sobre la compra de gas ruso y el pago parcial en rublos por parte de Turquía. La reunión entre el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan y Vladímir Putin, en la ciudad de Sochi permitió arribar al compromiso de una transición gradual hacia las liquidaciones en monedas nacionales. La posición de Turquía es clave en la mediación entre Rusia y Europa, ya que si bien el país está dentro de la OTAN, aclaró desde un principio que no va a sumarse a las sanciones antirrusas en el ámbito de la energía, y mantiene buenas relaciones con Moscú. Esto le permite intermediar para exportar gas a Europa sorteando las sanciones que el viejo continente le impuso a Rusia. Además, Moscú continúa implementando estrategias comerciales alternativas a las sanciones de occidente, desdolarizando sus intercambios como también los viene realizando con India y China. En cuanto al gigante asiático, el embajador de Pekín en Moscú, Zhang Hanhui, estimó que “el volumen del comercio bilateral alcanzará un nuevo nivel récord para finales del año y seguirá avanzando de forma sostenible hacia la meta de 200.000 millones de dólares”. Desde los análisis occidentales, la guerra en Ucrania convirtió a Rusia en el socio menor de Beijing, aunque reconocen que el intercambio resulta complementario para ambas economías. Así, afirman que Rusia es rica en recursos naturales pero necesita tecnología e inversiones, mientras que China puede ofrecer tecnología e inversiones pero necesita recursos naturales. Sin embargo Rusia también es proveedora de tecnologías y bienes de alto valor agregado, en especial en materia de seguridad y logística, lo que pone en duda el papel subordinado de su intercambio. Los lazos entre ambos países también se consolidan en función de la creciente disputa que Estados Unidos le va imprimiendo a China en Asia-Pacífico, cuyo último ejemplo fue la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Washington viene revisando su política frente a Beijing para contenerla frente al desarrollo económico y la creciente influencia regional y global que desafía la hegemonía norteamericana.
Por otro lado, Europa continúa manteniendo desafíos frente a la dependencia energética rusa, que se evidenció en la infructuosa intención de Ucrania de cerrar los oleoductos que transportan petróleo hacia Hungría, la República Checa y Eslovaquia a a través del ramal sur de Druzhba. Kiev cortó el suministro por algunos días por la imposibilidad de la empresa rusa Transneft de pagar los servicios por las sanciones de la UE. Así fueron las propias empresas europeas las que asumieron los costos de transporte para sostener el necesario suministro. La misma lógica de sanciones que se vuelven como un boomerang redujo el suministro de gas por el Nordstream 1 al impedir el mantenimiento de una turbina que requería de repuestos de Canadá. A pesar de las sospechas de Europa de un corte deliberado del suministro por parte de Rusia, lo cierto es que la mayor cantidad de sanciones que se han impuesto a Rusia por encima de cualquier otro país ha distorsionado los precios y las cadenas de suministro afectando al conjunto del comercio mundial.
El allanamiento judicial a Trump intensifica la contienda electoral en Estados Unidos.
La disputa política en Estados Unidos se judicializó esta semana con la orden de allanamiento del Tribunal para el distrito Sur de Florida de la residencia del ex presidente Donald Trump en el marco de una investigación sobre posibles violaciones de la Ley de Espionaje. Esta acción se deriva de la investigación llevada adelante por el congreso, en función de los delitos cometidos el 6 de enero de 2021 cuando manifestantes trumpistas tomaron el Capitolio. El juez magistrado Bruce Reinhart firmó la orden para investigar archivos clasificados de los que el ex mandatario se habría apoderado presuntamente luego de dejar su gobierno. El allanamiento fue interpretado como una forma de persecución política que enfureció a los seguidores de Trump, al punto de convocar acciones contra el FBI, encargado de ejecutar la orden judicial. El propio Trump afirmó que la maniobra representa un mal uso del sistema judicial y “un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente en 2024”.
La acción judicial contra Trump se da en un contexto en el que los demócratas corren con el riesgo de perder congresales en las elecciones legislativas de medio término del 8 de noviembre. De hecho en las primarias de esta semana del partido republicano, Trump ha logrado imponer a varios de sus candidatos, como en Wisconsin y Connecticut, en una nueva muestra de la influencia que mantiene el exmandatario.
A todo esto, producto de la situación económica, la inflación y los inconvenientes de la guerra en Ucrania, la administración Biden cuenta con un bajo rango de aprobación. Además, la Suprema Corte de Justicia con mayoría republicana y de corte conservadora viene desafiando garantías consolidadas en el país como los derechos al aborto seguro, y otras libertades civiles que son banderas de los demócratas. En ese marco se agudizan las posiciones frente a la línea dura que encarna Trump para retornar con una candidatura en el 2024. Sin duda, el magnate y ex presidente transformó al establisment partidario en el país, con su política anti estatus quo que ganó adeptos frente al descontento por los políticos tradicionales tanto demócratas como republicanos.
De esta manera se vienen tensando los posicionamientos en Estados Unidos provocando acciones destituyentes y de cuestionamiento institucional como las expresadas en el asalto al capitolio. En este caso el descontento y la apatía es mayor y las encuestas mantienen un rechazo importante tanto a la figura del actual presidente Joe Biden, como a la del ex mandatario. En ese aspecto las movilizaciones parecen darse más por rechazo que por adhesión a una de estas dos candidaturas.
Chile avanza en la campaña por el plebiscito de la nueva constitución.
El 4 de septiembre se plebiscitará la Nueva Constitución luego de un proceso de lucha que se inició en octubre de 2019 con el estallido social que dio inicio al proceso para enterrar la herencia de la dictadura pinochetista, plasmada en una Carta Magna impuesta en 1980. Las movilizaciones iniciadas en contra del aumento del transporte se sintetizaron en la consigna “no son 30 pesos, son 30 años” de neoliberalismo, de desigualdad social y de la represión naturalizada de los carabineros. Las protestas fueron nuevamente reprimidas mediante asesinatos, torturas y mutilaciones oculares deliberadas, que no hicieron más que multiplicar las movilizaciones de rechazo. Así, el gobierno de Sebastián Piñera no tuvo más remedio que convocar a un plebiscito para cambiar la constitución que obtuvo más de 7 millones de votos afirmativos correspondiendo a casi el 80% de los electores. Posteriormente se eligieron 155 convencionales constituyentes y 17 representantes de los pueblos indígenas para redactar el borrador constitucional. En el marco de ese contexto de cambio también se realizaron las elecciones presidenciales que en la segunda vuelta dieron por vencedor a Gabriel Boric frente al derechista José Antonio Kast en diciembre de 2021. El borrador definitivo fue dado a conocer el 5 de junio y consta de 388 artículos organizados en 11 capítulos. Sin embargo, a la luz de la situación económica y social que continúa siendo grave, en parte por las consecuencias de la guerra en Ucrania y por la caída de las altas expectativas puestas en el nuevo gobierno, el proceso parece perder fuerza. En ese sentido, los sondeos no son favorables a la aprobación de la nueva carta magna, lo que dejaría en vigencia a la pinochetista. Una fuerte campaña de desinformación y el rechazo de la derecha son los pilares para que esto suceda. Por tal motivo desde los partidos oficialistas ya han elaborado compromisos de reformas en cado de que en el plebiscito salga aprobada la nueva constitución. Entre esos cambios se encuentra que el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas se aplique “sólo a las materias que puedan afectarlos directamente” y no a todas las cuestiones de carácter nacional como está establecido en el borrador. En cuanto a los derechos sociales, en materia de pensiones, salud y educación, la reforma al borrador es que continúen persistiendo los sistemas de capitalización, médicos y educativos privados, y que la propiedad de las viviendas estará “absolutamente asegurada”. En cuanto a seguridad, el cambio es dar la posibilidad de habilitar a las Fuerzas Armadas a que intervengan en la seguridad pública a requerimiento de la autoridad civil en el Estado de Emergencia. También establece algunos cambien en cuanto al sistema político y el judicial. Todos estos cambios son concesiones para intentar promover la aprobación en un contexto difícil, inclusive ya se han presentado proyectos en el senado para continuar con el proceso constitucional en caso de rechazo del borrador a plebiscitar el 4 de septiembre.
