por Sebastián Tapia
Mucho se ha escrito sobre el poder de las grandes compañías informáticas (Big Tech) en el control de la información que recibimos, especialmente tras la suspensión de la cuenta de Twitter de Donald Trump. Los hechos desatados hacia el final del mandato del presidente Trump reiniciaron un largo debate sobre quién debe controlar el discurso público, los Estados o las empresas.
Censura digital
Tras la toma del Capitolio por parte de una turba de simpatizantes de Trump, Twitter decidió suspender la cuenta del presidente estadounidense, que en ese momento contaba con más de 90 millones de seguidores, por miedo a que pudiera hacer llamados a la violencia. Es curioso que la empresa consideró violento el discurso de Trump sólo en las últimas dos semanas, y no en cuatro años de gobierno.
Por primera vez, la empresa iba contra el principal líder político de su país. No contra un político menor del tercer mundo, sino contra el mismísimo ocupante de la Casa Blanca. Pero no es la primera vez que los medios dejan sin hablar a Donald Trump. Tras las elecciones del 3 de Noviembre, las principales cadenas de televisión estadounidenses (ABC, CBS y NBC) se fueron a comerciales en medio de un discurso de Trump, donde denunciaba un posible fraude en las elecciones. Su deber ya no era transmitir la palabra oficial, sino garantizar el consenso sobre unas elecciones inmaculadas.
No es tampoco una cuestión de política interna, o de problema personal con Trump. Casi al mismo tiempo, Twitter suspendió la cuenta de la embajada China en Washington para proteger el relato del Departamento de Estado sobre las acusaciones estadounidenses de genocidio en la provincia de Xinjiang.
El poder de estas compañías reside en la Sección 230 de la Ley de Decencia en la Comunicación. Esta sección permite que aquellas plataformas que transmiten contenido no puedan ser penadas por el contenido publicado por sus usuarios. Esto permitió que las compañías en internet crezcan a partir del contenido generado por usuarios, sin necesidad de producción propia, y desligando su responsabilidad.
Sin embargo, con el tiempo, estas plataformas comenzaron a ejercer un control editorial sobre las publicaciones con respecto a ciertos límites morales. Siguiendo con el caso de Twitter, en 2012 comenzó con su sistema de censura dependiente de las denuncias realizadas en cada país sobre el contenido afectado por cada legislación local. Con la llegada de la COVID-19, el sistema se amplió para evitar la desinformación sobre la enfermedad. Estas medidas llevaron al primer enfrentamiento con Trump, cuando tanto Facebook, Twitter y Youtube eliminaron una entrevista a Donald Trump donde decía que los niños eran “casi completamente” inmunes a la enfermedad” .
La respuesta de Trump llegó con un decreto en el cual ordenal al gobierno revisar la sección 230 y pensar en su posible eliminación. Con el correr de la campaña electoral, la amenaza establecida en el decreto quedó en la nada.
Al mismo tiempo, Twitter comenzó a etiquetar a las cuentas de medios públicos extranjeros. La empresa decide si estos medios tienen libertad editorial o no, entonces las etiqueta y les prohíbe hacer publicidad en su plataforma.
En el 2021, Twitter lanzó su Birdwatch, una especie de policía política a la que cualquier usuario puede denunciar a otro sobre la veracidad del contenido publicado. Por otro lado, en vez de confiar en la comunidad como Twitter, Facebook lanzó en Octubre de 2020 un “Consejo asesor de contenido” que revisa las acciones de censura de esta red social. Está conformado por juristas y defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión. Pero su funcionamiento está limitado, de las 150.000 quejas elevadas al Consejo, sólo ha resuelto 5. Lo interesante es que de esos 5 casos, en 4 ha fallado en contra de la empresa. Es decir, la censura en Facebook ni siquiera cumple sus propios estándares.
Guardianes del discurso
La inmunidad ante el contenido generado y la libertad de editarlo a su voluntad, le otorga a estas redes sociales un poder más que importante para el control del discurso público. No sólo en los Estados Unidos, sino en todo país en el que se encuentran. Esto es fundamental en tiempos de campaña electoral. Ya no desde el punto de vista de los anuncios, lejos quedó la época de Cambridge Analytica, sino desde qué se discute durante la campaña.
Un buen ejemplo se dió en medio de la campaña presidencial en los Estados Unidos. Cuando se hizo público el contenido de un laptop de Hunter Biden, el hijo del entonces candidato a presidente, donde se encuentran emails de sus negocios en Ucrania más fotos personales, Twitter y Facebook restringieron al mínimo la circulación del artículo del New York Post. Esto no sólo limitó el debate sobre la política exterior de Biden y los negocios con Ucrania, sino que el debate sobre la censura acaparó la atención pública.
La posición dominante de estas empresas no sólo les da control sobre el contenido, sino también control sobre el mercado de esos contenidos. Tras la suspensión de la cuenta de Trump en Twitter, muchos usuarios migraron a una red similar llamada Parler. Esta red sostenía la libertad de expresión y no llevaba adelante moderación alguna. Al no plegarse a los sistemas de moderación de contenido que promueven las Big Tech, ellas se encargaron de que esta red no funcione más. Por empezar, Amazon la desconectó de sus servidores, a los que Parler alquilaba. Ante una acción de amparo, regresó al funcionamiento, sólo para ver como Google, Apple y Amazon la eliminaban de sus tiendas virtuales. Finalmente, Amazon la volvió a quitar de sus servidores por no integrar la moderación de contenido. De esta manera, los usuarios perdieron el acceso a ella.
Este ejemplo fue tomado por la “Coalición para una red segura” que presentó una demanda en California para forzar a Google y Apple a tomar las mismas medidas que tomó con Parler, ahora con Telegram. El sistema de mensajería ruso recibió muchos usuarios que migraron desde que Whatsapp cambió sus términos de protección de datos. El objetivo de la demanda es que remuevan la aplicación de las tiendas virtuales para que aquellos partidarios de Trump que se quedaron sin Twitter ni Parler puedan conversarn en Telegram.
El mismo tipo de control pudo verse este mes en el mercado de acciones, donde la plataforma Robinhood restringe la compra de acciones de algunas empresas (Gamestop, AMC, Blackberry, etc) para proteger a fondos de inversión que apostaban a la desvalorización de esas empresas.
Política y Big Tech
Basados en declaraciones de Biden, algunos sotienen que el nuevo gobierno eliminará la sección 230. Sin embargo, es poco probable que un gobierno conformado por las Big Tech vaya en contra de sus propios intereses. Dentro del gabinete y los asesores de Joe Biden se encuentran al menos 14 personas que provienen de estas compañías. Google y Microsoft fueron unos de los principales donantes para la realización del acto de investidura de Biden. Si además tenemos en cuenta la ayuda sobre el caso de Hunter Biden durante la campaña, es poco posible que las Big Tech salgan perdiendo en una nueva legislación.
Donde sí es posible que estas empresas tengan algún tipo de problema es con las demandas antimonopolio, debido a sus prácticas comerciales. Y es justo en este punto donde China se presenta como garante de la preeminencia del Estado por sobre las empresas. Las leyes antimonopolio le permiten al gobierno chino regular el accionar de las empresas informáticas y evitar el crecimiento desmedido de una sobre el resto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, incluso no tuvo reparos en llamar la atención sobre el peligro que estas empresas ejercen sobre las comunidades políticas. En su discurso en el Foro Económico Mundial dijo:
“En opinión de estas empresas, su monopolio es óptimo para organizar procesos tecnológicos y comerciales. Tal vez sea así, pero la sociedad se pregunta si tal monopolio responde a los intereses públicos. ¿Dónde está la frontera entre los negocios globales exitosos, los servicios en demanda y la consolidación de big data y los intentos de administrar la sociedad a su propia discreción y de manera dura, reemplazar las instituciones democráticas legales y esencialmente usurpar o restringir el derecho natural de las personas a decidir por ellos mismos cómo vivir, qué elegir y qué posición expresarse libremente? “
No son los únicos
Mas allá del tremendo poder que han concentrado las empresas de redes sociales sobre el discurso público, los Estados todavía mantienen herramientas para censurar voces contrarias a sus intereses. Pero lo que supuestamente es una característica de un estado totalitario y represivo, ahora es accionar común de supuestos gobiernos liberales.
El pasado 3 de Febrero, el gobierno de Ucrania impuso sanciones económicas y la eliminación de las licencias de transmisión a tres canales de TV opositores a su gobierno: el canal 112, NewsOne y ZIK. El motivo de las sanciones, “frenar la propaganda financiada por un país agresor” (Rusia), según el propio presidente Zelenski.
Por otro lado, el 4 de Febrero la agencia estatal británica Ofcom retiró la licencia de transmisión del canal chino CGTN por lo que no podrá ser visto en el Reino Unido. La excusa es que la empresa local licenciataria no tiene control editorial del contenido, sino que lo tiene China. Algo que queda claro desde el comienzo de las transmisiones del canal en 2002, por lo que la empresa supone que es una acción políticamente motivada por la compentencia comercial con China.
En un período de transición hegemónica y competencia entre dos grandes bloques, el atlántico y el euroasiático, la arena de discusión global no es más que uno de los escenarios de este enfrentamiento. Y en este compiten tanto empresas como Estados, a veces en conjunto, otras como rivales.
