Nicaragua asiste a las urnas en elecciones generales para decidir su futuro. Se disputan cargos parlamentarios a nivel nacional y también el control del poder ejecutivo. Las elecciones son cuestionadas desde el exterior pero cuentan con la participación de todo el arco político, que se ha ajustado a las leyes nicaragüenses.
Qué se vota
Los cargos en disputa son: presidente y vicepresidente, 92 diputados y suplentes a la Asamblea Nacional y 20 diputados y suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Estos cargos tienen una duración de 5 años y serán renovados conjuntamente en la próxima elección general.
Los 92 diputados de la Asamblea Nacional son elegidos de la siguiente manera: 70 por circucunscripción departamental, 20 por circunscripción nacional, una banca es reservada para el presidente saliente y otra para el candidato que haya quedado en segundo lugar.
De acuerdo a la legislación nicaragüense, las listas de diputados a la Asamblea, diputados al PARLACEN y las fórmulas presidenciales, deben estar compuestas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres.
El padrón electoral nicaragüense está compuesto por 4.478.334 electores, que se deberán presentar en las 13.459 juntas receptoras de votos (mesas de votación). Las elecciones estarán acompañadas por observadores internacionales: 46 europeos, 124 latinoamericanos y 40 especialistas en comunicación.
Candidatos presidenciales
- Daniel Ortega y Rosario Murillo Zambrana por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ortega va en búsqueda de su cuarto mandato, siendo el primero entre 1985 y 1990 y el resto a partir de 2007. Rosario Murillo es su esposa, y vicepresidenta de Nicaragua desde 2017.
- Walter Espinoza y Mayra Argüello Sandoval por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Espinoza es diputado y estudió administación hotelera y turismo. Obtuvo la candidatura del partido cuando el anterior candidato, Milton Arcia, se bajó de la fórmula porque su partido pidió al Consejo Supremo Electoral (CSE) que se elimine a la alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) de las elecciones por violaciones a la ley electoral.
- Guillermo Osorno y Violeta Martínez Zapata por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN). Osorno es pastor evangélico, fue candidato presidencial en 1996 y en 2011 y 2016 participó de la alianza Nicaragua Triunfa junto al Sandinismo.
- Marcelo Montiel y Jennyfer Espinoza por el partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Montiel es abogado, opositor al sandinismo y sostiene que en el país hay una concentración de poder en la figura de Ortega.
- Gerson Gutiérrez Gasparín y Claudia Romero por el partido Alianza por la República (Apre). Guitiérrez Gasparín es abogado y el candidato más joven, con 29 años. Aspira a convertirse en un presidente en la línea de Nayib Bukele, de El Salvador, y critica que desde el exterior sólo se escucha a una parte de la oposición al sandinismo.
- Mauricio Orúe y Zobeyda Rodríguez Díaz por el Partido Liberal Independiente (PLI). Orúe actualmente es diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Es abogado, pastor evangélico y psicólogo. En campaña le pidió a la comunidad internacional que reconozca la validez de las elecciones.
La oposición que no está
Tres partidos políticos perdieron su personería jurídica entre Mayo y Agosto de este año, debido a que el Consejo Supremo Electoral (CSE) consideró que no se ajustaron a la ley electoral. Estos partidos son: el Partido Conservador (PC), el Partido de Restauración Democrática (PRD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Al mismo tiempo, 39 políticos opositores, incluyendo 7 posibles candidatos, fueron detenidos por investigaciones relacionadas al lavado de dinero y violaciones a la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”. Esta ley, aprobada a fines de 2020, persigue a aquellos que hayan promovido o fomentado o instigado la aplicación de sanciones de gobiernos extranjeros a Nicaragua. En conjunto con la ley que requiere la publicación del financiamiento externo que reciben los partidos políticos y la ley contra el delito de traición y conspiración, conforman un marco legal para la desactivación de una oposición ligada a los gobiernos extranjeros. Es la consecuencia de las protestas de 2018 que desembocaron en un violento levantamiento en contra del gobierno, promovido desde afuera y reprimido por las fuerzas del Estado.
Dentro de los políticos opositores encarcelados por estas leyes, que ninguno había llegado a presentar su candidatura oficial a la presidencia, se encuentra Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y principal figura de Ciudadanos por la Libertad y de esta oposición política ligada a intereses extranjeros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (Oacnudh) sostienen que el proceso electoral nicaragüense presenta “falta de garantías y de libertades”. El encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, definió a estas elecciones como “completamente un ‘fake'”.
Encuestas
Las encuestas electorales son pocas. Los resultados de cada una varía según quién realice la encuesta. La compañía estadounidense Gallup realizó una encuesta en Septiembre, publicada hace unos días, donde sostiene que sólo el 19% del electorado eligiría a Ortega para renovar su presidencia.
En cambio, la empresa nicaragüense M&R Consultores presentó su informe diciendo que el Frente Sandinista obtiene una solidez del voto del 66.9%.
