por Sebastián Tapia
A pesar que en algunas regiones del planeta disminuyen los casos de COVID-19 y otras sufren una nueva ola, el consenso general es que la enfermedad nos va acompañar un largo tiempo. La normalidad está regresando, de a poco, a las economías y sociedades de todo el mundo. Los efectos de la pandemia aceleraron la decadencia económica estadounidense, coincidiendo con su decadencia militar y el claro ascenso de China. La transición hegemónica en el sistema internacional se está completando y el nuevo orden que surja de ella se encuentra en discusión.
La inflación como característica de la época
La economía de la pospandemia se caracteriza por una marcada inflación a nivel global. Esto se debe al aumento de los combustibles, la falta de mano de obra en varios sectores de la economía debido a las cuarentenas, la interrupción de líneas de abastecimiento de insumos a nivel global, entre otras razones. Este último punto incluso fue tema de debate en el G20 a pedido de la parte estadounidense, quien sufre de una crisis en abastecimiento de microchips.
Desde el punto de vista monetarista, los esfuerzos estatales desmedidos por estimular a la economía durante la pandemia también facilitaron el crecimiento de la inflación. De acuerdo al presidente ruso, Vladimir Putin, en su discurso del G20:
“El estímulo excesivo se ha traducido en una falta generalizada de estabilidad, precios crecientes de bienes y activos financieros en ciertos mercados como energía, alimentos, etc. Una vez más, los importantes déficits presupuestarios de las economías desarrolladas son la principal causa de estos desarrollos. Con la persistencia de estos déficits, existe el riesgo de una alta inflación global en el mediano plazo, lo que no solo aumenta el riesgo de menor actividad empresarial sino que refuerza y exacerba la desigualdad que también se mencionó hoy.”
Tal vez la inflación más preocupante para nuestros pueblos es aquella que rige sobre los alimentos. De acuerdo al índice de precios de alimentos mensual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) los alimentos aumentaron casi un 33% en septiembre de 2021 en comparación con el año anterior. Una tendencia acelerada ahora, pero que viene siendo positiva desde los años 2000. En este caso no sólo coinciden las causas comunes a la inflación en otros bienes originadas en la pandemia, sino que además el cambio climático afecta directamente la producción de alimentos. Sequías, inundaciones, heladas, huracanes, todo afecta a los cultivos de los que depende la alimentación de la mayoría de la población (trigo, cebada, maíz, sorgo, arroz, etc).
En este contexto de altos precios para los alimentos, la tentación de primarizar la producción de una economía es un hecho. Esto lleva al debate económico sobre si favorecer una industrialización que necesita mano de obra calificada y salarios altos, o apostar al ingreso de divisas del sector primario con poca mano de obra, y no calificada. Y la necesidad de obtener divisas se encuentra en que tanto los alimentos, como los combustibles, y otras commodities se negocian en dólares estadounidenses. Considerando que Estados Unidos se encuentra sufriendo un proceso inflacionario, que podría convertirse en estanflacionario, y la confianza en esa moneda le permite sostener una deuda pública superior a los 28 trillones de dólares, otros páises apuestan por un proceso de desdolarización. Tanto China como Rusia han reducido la cantidad de dólares en sus bancos centrales y apostado por un comercio compensado en monedas nacionales. Esta tendencia puede acrecentarse en la pospandemia, en especial si la economía estadounidense comienza a mostrar peores índices.
Instituciones globales
La pandemia no sólo mostró la fragilidad de la economía mundial, sino que también llamó la atención sobre la ineficacia del sistema internacional para responder a una crisis de estas características. La falta de una respuesta común a la pandemia y la imposibilidad de coordinar políticas de alcance global obligan a repensar las instituciones globales. El ex-ministro de relaciones exteriores y de defensa de Brasil durante el gobierno de Lula, Celso Amorim, propuso recientemente en el Club de Discusión Valdai reformar al G20 para se alce como un coordinador de políticas de otros organismos internacionales:
“Creo que lo más cercano que combina cierto grado de legitimidad o representatividad con cierto grado de efectividad es el G20. Creo que tendríamos que cambiar un poco el G20 para hacerlo un poco más africano, un poco más oscuro de alguna manera, un poco menos europeo, tal vez. Pero también para otorgar autoridad al G20 sobre organizaciones concretas, muy concretas, muy específicas: como el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio. Es inútil decidir algo en el G20 y luego hacer algo completamente diferente de acuerdo a los tecnócratas del banco mundial, que obedecen a un país más que a otro.”
Para que el G20 se convierta en un grupo con una representación más amplia, es necesario que los países de la misma región asistan con posiciones coordinadas entre ellos. En el caso latinoamericano, son tres los miembros que proceden de la región: Argentina, Brasil y México. Si ellos van a plantear la posición en nombre de toda la región, es necesario que la integración de la región avance en nuevas instituciones propias – sin elementos extrarregionales.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su discurso en la última cumbre de la CELAC propuso que esta organización avance en complejidad como lo hizo la Unión Europea en su momento:
“La CELAC, en estos tiempos, puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe (…) es decir, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea.”
El fortalecimiento de los organismos regionales es necesario en un mundo que tiende a la construcción de bloques regionales, desde los cuales se establece un nuevo orden mundial multipolar. Estos procesos avanzan en todas las regiones del mundo: en el sudeste asiático con el ASEAN y el RCEP, en Eurasia con la Organización de Cooperación de Shangai y la Unión Económica Eurasiática, en África con la Unión Africana y el Acuerdo Continental Africano de Libre Comercio. Es verdad que la Unión Europea sufrió el Brexit, pero ya cuenta con un nivel de integración avanzado. América latina, en cambio, vio retroceder sus organismos regionales – en especial sudamérica con la pérdida de la UNASUR y el estancamiento del MERCOSUR. Por esto, el llamado a reactivar la CELAC y convertirla en un profundo proceso de integración es una señal de hacia dónde debería ir nuestra región.
Una positiva experiencia reciente
El rol que llevó adelante el presidente argentino, Alberto Fernández, tanto en la cumbre del G20 en Roma como en la reunión COP 26 en Glasgow, muestra cómo se posiciona la Argentina frente a los cambios económicos e institucionales planteados anteriormente.
Con respecto a lo político institucional, Argentina abogó por un problema propio – la deuda con el FMI – pero que afecta también a otros países en desarrollo. Por un lado cuestionó el sistema internacional de crédito actual, que asigna la culpa en quien pide el crédito y no en quien lo otorga:
“son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes, como los que dieron esos recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada”
Pero no sólo quedó en declaraciones de denuncia, sino que se negoció la incorporación en la declaración final de varios temas propuestos por Argentina relacionados con la deuda: la creación de un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, para asistir a los países de bajos y medios recursos para reducir los riesgos derivados de las pandemias y el cambio climático, y la revisión de la política del FMI sobre los sobrecargos aplicados a la deuda.
El G20 alienta a la colaboración con otros organismos internacionales, como la OIT, ACNUR y otros, en su declaración final, además del FMI. La propuesta de Amorim ya se está cumpliendo en parte, sólo falta hacer al G20 más representativo de los países en desarrollo.
En cuanto a lo económico, la posición argentina buscó presentar los problemas de la transición de una economía basada en carbono a una libre de él para los países en desarrollo. En el G20, Alberto Fernández planteó que para las economías primarizadas, los nuevos requisitos de una economía verde pueden ser injustos:
“Para nosotros el impacto de esta transición puede ser negativo en términos de cohesión social. Al mismo tiempo y dada la primarización de nuestras exportaciones, es imprescindible que las nuevas reglas ambientales estén respaldadas en evidencia científica para que no constituyan una barrera injustificada al comercio.“
En la COP 26, Alberto propuso algunas medidas para hacer que esta transición ecológica sea un poco más justa con las economías menos desarrolladas del planeta:
“debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”.
Además propuso crear un “comité político y técnico sobre financiamiento climático, con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo, que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios, que reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que tenga en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales, así como las necesidades de bienestar social.”
Muchos son los desafíos que se presentan tras la pandemia. El Sur Global necesita de cambios fundamentales en el sistema que le permitan transicionar a una economía libre de carbono, sin quedar atrapados en una deuda eterna. Para ello, busca cómo organizar mejor las instituciones globales. Es el momento de profundizar nuestra integración, para que nuestra voz suene más fuerte en medio de esta discusión.
