Por Brasil de Fato
El gobierno de Lula (Partido de los Trabajadores – PT) cumple 100 días este lunes 10. Tradicionalmente, este es el hito en el que se realiza un primer balance de la nueva gestión presidencial en el país, con la presentación de las nuevas medidas a adoptar.
Brasil de Fato escuchó a especialistas y representantes de los movimientos populares para evaluar la gestión en estos primeros 100 días. Conozca los aspectos más destacados:
Defensa de la democracia
Vera Chaia, profesora de Política de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), destacó la actuación de Flávio Dino (Ministerio de Justicia) frente a los atentados del 8 de enero.
“En un primer momento, quien más se destacó fue Flávio Dino, debido a la necesidad de revertir ese proceso y llevar la paz a la política brasileña, con un impresionante arresto de bolsonaristas el 8 de enero. La actuación de Dino y Lula en la resistencia fue importante en Brasilia”, explicó Chaia.
Economía
Chaia también destacó la gestión de Fernando Haddad (PT) al frente del Ministerio de Hacienda con la construcción y presentación del marco fiscal. “Tocó la herida actual, que es la parte económica, con toda esa propuesta del ministro para mejorar la economía brasileña, trayendo otro arreglo político a nuestra economía.”
Para la politóloga Mayra Goulart, se destacaron “la presentación del ancla fiscal y la defensa de una economía que prioriza la política social y el desarrollo social”. Goulart señaló que Haddad y Tebet, quien encabeza el Ministerio de Planeamiento, “se posicionaron de manera contundente, pero sin una confrontación abierta con el mercado”.
Movimientos populares
Los movimientos populares escuchados por Brasil de Fato señalan que, por primera vez desde 2016 —cuando Michel Temer (Movimiento Democrático Brasileño) reemplazó a Dilma Rousseff (PT) en la presidencia— hay un diálogo abierto con la instancia federal y la posibilidad de llevar a Brasilia reclamos que estuvieron estancados.
Destacan, sin embargo, la aprensión y la demanda de “respuestas concretas” a esta agenda, que tiene como punto central la regularización de las tierras indígenas (TI), quilombolas y asentamientos para la reforma agraria. El pasado 21 de marzo, el gobierno otorgó títulos de propiedad a tres comunidades quilombolas. Hasta el momento no se han regularizado asentamientos y tampoco se han demarcado tierras indígenas.
En la opinión de Iury Paulino, de la coordinación nacional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), el desafío de los movimientos “es defender al gobierno de los ataques fascistas, pero, al mismo tiempo, presionar por el avance de demandas populares”. Para Paulino, y de forma más urgente, el gobierno tendrá que posicionarse sobre la renovación de licencias como la de la Central Hidroeléctrica de Belo Monte, cuya construcción ha expulsado a 55 mil personas de sus tierras y cuyo funcionamiento seca el agua de 130 kilómetros de Volta Grande de Xingu, en la Amazonía.
“El reconocimiento de nuestras tierras”, destacó Val Eloy Terena, coordinadora de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), es “la principal demanda del movimiento”, ya que “sin territorio, no hay forma de discutir agendas como salud, educación, políticas para las mujeres, la niñez y la juventud”.
Para Dinaman Tuxá, coordinador ejecutivo de APIB, “en la práctica, la acción más incisiva del gobierno fue el grupo de trabajo organizado para combatir la minería ilegal en la TI Yanomami. También estamos viendo que se está generando un diálogo para contener los espacios más tensos, a través de la creación de oficinas de crisis para las zonas de conflicto”, mencionó.
Respecto a la reforma agraria, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) del país destacó que “urge” estructurar el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y el asentamiento definitivo de 65 mil familias que viven en campamentos.
“El INCRA es como la FUNAI [Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas] para los sin tierra. Es la autoridad encargada de inspeccionar, clasificar las propiedades, contactar al propietario, negociar, adquirir, actualizar los registros”, explicó José Damasceno, de la dirección nacional del MST.
Medio ambiente
La política de “deforestación cero” fue una de las principales promesas de campaña, en contraste con el desmantelamiento ambiental dejado por Jair Bolsonaro (Partido Liberal). Ahora presidente, Lula ha puesto en marcha medidas vitales para la preservación de los biomas, pero aún no ha revertido definitivamente la tendencia de destrucción en la Amazonía y el Cerrado. Y los expertos predicen que esto no sucederá pronto.
Los ambientalistas escuchados por Brasil de Fato confían en que los resultados deberían aparecer en los próximos años, siempre que haya una fiscalización más estricta y menos concesiones al agronegocio.
Ane Alencar, directora de Ciencias del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía y coordinadora de los biomas Cerrado y Fogo en MapBiomas, afirmó que los datos del Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (DETER) indican una reducción sensible de la deforestación hasta el 24 de marzo: en la Amazonía bajó de 941 km² a 710 km² y, en el Cerrado, de 1288 km² a 1244 km².
“Ya es algo para celebrar, sobre todo en el caso de la Amazonía. Pero necesitamos consolidar esta reducción. Y esta consolidación se producirá a medida que el gobierno esté más estructurado y organizado”, dijo la integrante de MapBiomas.
El Observatorio de Gobernanza Ambiental de Brasil (OGAM), creado en 2022, instó al gobierno de Lula a ampliar la participación de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). La instancia es la más importante para el diálogo entre el gobierno federal y la sociedad civil, pero Bolsonaro la había vaciado.
