El primer aniversario del conflicto militar en Ucrania no encuentra visos de resolución en el corto plazo. Desde el bloque occidental con la visita de Biden a Kiev y Polonia, destacan la resistencia de Ucrania y un mayor apoyo militar para detener las ambiciones de Rusia. Desde Moscú, Putin responde denunciando el hegemonismo de Estados Unidos y la OTAN, justificando la operación militar especial en defensa de su seguridad estratégica y proclamando un nuevo multilateralismo con el protagonismo de China y los emergentes. Estas narrativas permearon los posicionamientos de los países en la ONU y el G20 durante la semana. Mientras tanto, Lula impulsa la baja de la tasa de interés para dinamizar la producción y una iniciativa contra de los discursos de odio en las redes sociales y medios. Por último, en México se aprobó la reforma electoral conocida como plan B.
Por Federico Montero y Pablo Macia
Con Biden a la cabeza, occidente refuerza el apoyo a Kiev.
La visita sorpresa del presidente Joe Biden a Kiev por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania fue interpretada como un respaldo por “todo el tiempo que haga falta” para repeler a las fuerzas rusas. En un conflicto empantanado y prolongado en el tiempo, Biden recalcó la capacidad de las fuerzas ucranianas para resistir al ejército ruso, reforzando el fracaso de Rusia de derrocar al gobierno de Kiev. Para Washington las tareas del momento son reforzar el armamento ucraniano para contener una supuesta avanzada rusa en primavera o para una contraofensiva en el donbass y la zona sur del país, ocupadas por Rusia. En esa misma línea, la OTAN y la Unión Europea impulsan la provisión de mayor armamento a Ucrania, advirtiendo la necesidad de avanzar en una mayor producción de municiones para revertir la contienda. Biden reforzó la alianza euroatlántica en Varsovia, con la cumbre de los 9 de Bucarest (Polonia, Rumanía, Bulgaria, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y los países bálticos Estonia, Letonia y Lituania). El formato surgió en 2014 a raíz de la anexión rusa de Crimea, y está compuesto por antiguas repúblicas del pacto de Varsovia que hoy están dentro de la OTAN. Los países con línea más dura respecto a Moscú son quienes mantienen frontera con Rusia, mientras que Hungría y Bulgaria son más reticentes hacia una escalada.
Biden desarrolló una retórica de lucha entre las democracias occidentales y el autoritarismo para referirse al conflicto frente a Rusia, y anunció una cumbre de la OTAN en los Estados Unidos en 2024. Ese año de presidenciales en norteamérica indica que Biden está jugando cartas para infringir una derrota significativa a Rusia para ese entonces. En ese sentido, el aislamiento comercial que impulsa Estados Unidos y occidente con las sanciones a Rusia se va a extender cada vez más, presionando a más países que hasta el momento se han mantenido neutrales. Por ello, desde occidente avanzan con la retórica frente a China, acusándola de apoyar veladamente a Rusia en la guerra a través del intercambio comercial. Este posicionamiento comenzó a erigirse en la última cumbre ordinaria de la OTAN del 2022, donde aprobaron la nueva doctrina de seguridad que califica a Rusia como el principal enemigo y a China como un desafío estratégico.
Dentro de la caracterización occidental respecto al nuevo escenario a partir de la guerra, destacan el haberse desprendido de la dependencia energética de Rusia, con alternativas provenientes de Noruega, Estados Unidos, Catar, Nigeria y Argelia. También reafirman el cambio de paradigma en materia de seguridad, relanzando la carrera armamentística con el aumento de los presupuestos militares.
De esta manera, desde occidente refuerzan la idea de que el tiempo juega a favor de la victoria ucraniana, de la expulsión de las fuerzas rusas de su territorio y de la contención de Moscú en Eurasia.
Rusia reafirma su defensa frente a los ataques de occidente para mantener un orden unipolar.
Desde el bando ruso, la caracterización de lo que llaman la operación militar especial iniciada el 24 de febrero del 2022 está destinada a resolver, por un lado, la situación del donbass y las zonas étnicamente rusas de Ucrania, que se vieron afectadas a partir del golpe de estado del 23 de febrero del 2014, con la destitución del presidente Viktor Yanukovich. Las rebeliones pro rusas de aquel entonces desembocaron en la anexión rusa de Crimea y Sebastopol, y los acuerdos de Minsk de 2015 para que la zona rusohablante del donbass mantenga algunas garantías que no se cumplieron. Por otro lado, Rusia respondió ante la amenaza de una nueva avanzada de la OTAN hacia el este, como forma de mantener la seguridad estratégica de Moscú frente a occidente.
En su discurso anual frente a la Asamblea Federal de Rusia, el presidente Vladimir Putin reafirmó la denuncia hacia Estados Unidos de llevar a Europa a un conflicto con Rusia para romper el orden mundial y abroquelar a occidente frente a otros países emergentes a fin de preservar su hegemonía mundial.
En ese aspecto indicó que el principal objetivo de Estados Unidos fue aislar a Rusia de Europa, pero que sus sanciones no lograron eficacia porque Moscú reorientó su comercio hacia los países emergentes como China, India, Turquía y otros del sur global que mantuvieron la neutralidad en el conflicto. De esta forma, a pesar de las innumerables sanciones, el PIB de Rusia solo cayó un 2,1% en 2022, y el FMI estima que el 2023 repuntará con un 0,3% de crecimiento.
Con el gigante asiático, Rusia ha desarrollado un intercambio comercial de casi 200.000 millones de dólares durante el 2022. Al respecto esta semana se reunió el referente de la diplomacia y miembro del Buró Político del PCCh, Wang Yi, con el presidente Vladimir Putin, para reafirmar las relaciones estratégicas de cooperación entre ambos países. Esa relación integral de cooperación, consolidada en los BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái no será atacada por un tercero, según el diplomático chino. Además destacaron que la relación entre China y Rusia se construye sobre la base de la no alineación, la no confrontación y es un factor conducente a la paz y la estabilidad mundiales. De esta forma, China no sólo se abstiene de implementar sanciones a Rusia sino que condena las que occidente ha implementado, causando el alza de precios principalmente energéticos y alimenticios. Beijing también repudia la provisión de armas a Ucrania por parte de Estados Unidos y los avances de la OTAN hacia el este, ya que considera que alimentan el conflicto. El viernes el gobierno Chino publicó su posición sobre la solución política de la crisis de Ucrania en el que llama a respetar la soberanía de todos los países (en clara referencia a Taiwán), abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y evitar la expansión de bloques militares, cesar las hostilidades, reiniciar las conversaciones de paz y finalizar las sanciones unilaterales, entre otros puntos. El documento fue visto con escepticismo por los países occidentales, que reclaman un mayor aislamiento a Rusia. De ahí que las tensiones entre Estados Unidos y China sean las desencadenantes principales en la disputa por el liderazgo en el nuevo orden global en transformación que acontece en el presente.
Los organismos multilaterales de gobernanza manifestaron sus diferencias en cuanto al conflicto militar en Ucrania.
La guerra en Ucrania fue el telón de fondo de todas las discusiones de los organismos multilaterales de gobernanza desde el inicio del conflicto militar. En esos marcos se manifestaron los distintos posicionamientos entre los países del concierto internacional. Por un lado, aquellos abroquelados a la estrategia occidental comandada por Estados Unidos, que condenó a Rusia con innumerables sanciones, brindando ayuda militar a Ucrania. Por otro lado, un núcleo de países que manifestaron su neutralidad y autonomía, en los que China y los emergentes concentrados en el BRICS son los más importantes. Estas divergencias se manifestaron distintos organismos internacionales como la ONU y el G20, que contienen ambos posicionamientos, sin llegar a consensos, acuerdos o votaciones resolutivas.
Así sucedió el jueves 23 en la Asamblea General de la ONU que adoptó una resolución en la que “recalca la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general, justa y duradera” en Ucrania. El texto de 11 puntos también exige retirada inmediata, completa e incondicional de todas las fuerzas militares rusas del territorio ucraniano “dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”.
La propuesta presentada por Kiev y respaldada por más de 60 países, logró 142 votos a favor, siete en contra -Bielorrusia, Eritrea, Mali, Nicaragua, la República Popular Democrática de Corea, Rusia y Siria-, y 32 abstenciones. Entre los 32 países que se abstuvieron como forma de reafirmar su neutralidad se encuentran los miembros de los BRIC: China, India y Sudáfrica y países de Asia y África. A diferencia de otras resoluciones sobre este tema, esta fue apoyada por Brasil, con la iniciativa del presidente Lula que impulsa una propuesta para la negociación diplomática para establecer la paz.
Luego de la Asamblea General de la ONU, el G7 reafirmó el apoyo a Ucrania con mayor armamento, manifestó su preocupación por la suspensión de Rusia del tratado New Start y respaldó las investigaciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) por lo que denominan crímenes de guerra.
Por otro lado, la cumbre de ministros de finanzas del G20 desarrollada este fin de semana en la India arribó a los mismos términos acordados en Indonesia el año pasado, en la que la mayoría de los miembros “condenaron con firmeza la guerra en Ucrania” a excepción de Rusia y China. Los demás países del grupo responsabilizaron al conflicto en Ucrania como causantes de la inflación creciente, la perturbación de las cadenas de distribución y el crecimiento de la inseguridad alimentaria y energética. Sin embargo, por influencia de la India como país anfitrión, se evitó hablar de “guerra” y mencionar a Rusia en la declaración, insistiendo en la resolución diplomática de la disputa y manteniendo una posición neutral respecto de ambos bandos del conflicto.
Por su parte, el canciller ruso Serguei Lavrov confirmó su participación la próxima reunión de ministros de relaciones exteriores del G20 el 1 y 2 de marzo, en donde planea reunirse con países como China, India y Brasil, entre otros emergentes.
Mientras tanto, la Unión Europea acordó el décimo paquete de sanciones a Rusia contra más de 120 personas físicas y corporaciones, que estarán sujetas a confiscación de activos y prohibición de comercialización y entrada a la UE. Así las sanciones alcanzan a un total de 200 corporaciones y 1.500 personas físicas.
Pero más allá de los espacios donde convergen los países alineados a la estrategia occidental como la UE o el G7, lo cierto es que la arquitectura de gobernanza mundial de posguerra entró en crisis por la ineficacia en la resolución práctica de los conflictos internacionales. Y esto se debe a que “el orden basado en reglas” fue quebrantado por las mismas potencias que se erigían como su garante. Como ejemplos, así lo hizo Estados Unidos con la guerra en Irak o con el bloqueo a Cuba, y así lo hace Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. En ese marco, son los países emergentes quienes más reclaman por un nuevo multilateralismo que refleje un nuevo equilibrio de fuerzas frente al hegemonismo norteamericano.
Lula impulsa la baja en la tasa de interés y una iniciativa en contra de los discursos de odio en las redes sociales y medios
El cambio de gobierno en Brasil con Lula dio un giro de 180 grados frente a las políticas neoliberales en lo económico y reaccionarias en lo político del bolsonarismo. Sin embargo, el presidente mantiene una disputa por la tasa de interés con el titular del Banco Central de Brasil, presidido por Roberto Campos Neto por designación del expresidente Jair Bolsonaro. La línea ortodoxa del Banco Central promueve altas tasas de interés para desalentar la inflación pero al costo de enfriar la economía y favorecer la especulación financiera. Mientras tanto Lula impulsa una baja significativa para impulsar la inversión productiva, fomentar el consumo y el empleo. Los parlamentarios del PT y aliados han iniciado una campaña sobre la baja de intereses que es apoyada por el 76% de la ciudadanía según sondeos. Brasil mantiene una deuda de alrededor del 70% de su PBI pero en moneda local y con un alto nivel de divisas, lo que permite blindarla de una corrida cambiaria frente a la propuesta.
En otro orden, durante la semana Lula Da Silva impulsó la creación de un grupo de trabajo para elaborar propuestas en contra de los discursos de odio en las redes sociales y los medios de comunicación. El espacio que dispondrá de 180 días para establecer propuestas de políticas públicas en defensa del derecho a la comunicación y los derechos humanos estará presidido por la ex diputada Manuela D’Avila, y tendrá como fin el de enfrentar las manifestaciones simbólicas y prácticas de violencia y odio como las impulsadas por la extrema derecha en Brasil, con el intento de golpe institucional en enero de este año. El espacio tendrá representantes de los Ministerios de Derechos Humanos, Cultura, Educación, referentes de la comunicación, igualdad racial, pueblos indígenas, mujeres, y la diversidad LGTTB+, entre otros. Estas acciones se dan en respuesta a las campañas de noticias falsas que frecuentemente impulsó la derecha bolsonarista en Brasil, que llegaron incluso a denunciar a Lula con haber hecho un pacto con el diablo, entre otras cuestiones. Así, las campañas de redes sociales y mediáticas son el caldo de cultivo para el ataque a los derechos humanos y la democracia, y en muchos casos el inicio de la persecución política y el lawfare a dirigentes populares de América Latina como el caso de Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner o lo vivido por el propio Lula Da Silva.
En la misma dirección se expidió Brasil el miércoles pasado en la Conferencia Global de la Unesco en París sobre la desinformación y la incitación al odio. En ese marco llamó a defender el derecho a la información veraz y a regular a las grandes empresas tecnológicas sobre la privacidad y la extracción de datos personales de los usuarios. Cabe recordar que los delitos cibernéticos van en franco aumento y los escándalos de la empresa israelí NSO, desarrolladora de la aplicación Pegasus con las que se espió a líderes mundiales siguen creciendo. En la misma línea se dieron los casos de Cambridge analítica para manipulas campañas electorales y en las últimas semana el de la empresa Team George para manipular la opinión pública. Por último, la propuesta de Brasil, también impulsó medidas para reducir la brecha digital de los países en desarrollo y la promoción de los mismos como productores y no sólo como consumidores de información.
En México se aprobó el plan B de la reforma electoral.
El miércoles fue aprobada por el Senado la reforma electoral por 72 votos del oficialismo de MORENA y sus aliados a favor contra 50 de la oposición. La nueva ley, cuestionada por los partidos tradicionales que impulsaron una movilización en su contra, promueve la reforma del el Instituto Nacional Electoral (INE), reduciendo los altos salarios a sus directivos y otros privilegios del organismo. La ley votada no promulga la cláusula de vida eterna promovida por MORENA para que los partidos grandes puedan traspasar parte de sus votos a los partidos chicos que tengan en su alianza o coalición de manera de conservar el registro como partido político.
Pero además se le quitará facultades de supervisión y sanción de los partidos y candidatos que en muchas ocasiones se administraban discrecionalmente. Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue víctima de lo que considera un fraude electoral en 2006, en el que el INE convalidó el triunfo de Felipe Calderón por una exigua diferencia e 0,56% de los votos. Desde ese entonces, el INE viene siendo cuestionado no sólo por algunas de sus prerrogativas sino también por la arbitrariedad institucional y los altos recursos que administra.
El debate parlamentario por la sanción de la ley se dio en el marco de la condena en Estados Unidos del ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, por corrupción y complicidad con el narcotráfico. Al respecto MORENA aprovechó para denunciar los recurrentes escándalos de corrupción de los partidos tradicionales opositores a AMLO. El presidente mantiene una alta imagen positiva de cara a las elecciones del 2024 aunque constitucionalmente no puede reelegir, por lo que deberán transferir ese capital político a la candidata o candidato que proclame el MORENA.
