Por Florencia Tursi Colombo
El lunes pasado se difundió la versión definitiva de la nueva Constitución chilena, la cual será sometida a un plebiscito el próximo 4 de septiembre.
La nueva Carta Magna es fruto de 12 meses de trabajo de la Convención Constitucional. Dicha Convención fue electa en abril del 2021 con el único fin de redactar una nueva Constitución. El resultado final fue difundido esta semana: se trata de 388 artículos y 56 disposiciones transitorias.
La labor de la Convención
El trabajo que llevó a cabo la Convención Constitucional no fue sencillo. La gran dificultad fue la conformación de la misma Convención. La elección de abril del 2021 estableció una asamblea heterogénea, no conformada por representantes de las fuerzas políticas sino, sobre todo, por independientes, lo que provocó una representación social diversa, acorde a las características sociales del país.
Esto quedó más en claro cuando, unos meses después, se dieron las elecciones legislativas en donde se reprodujo el sistema de partidos llegando a cierto empate entre las fuerzas políticas de derecha y de izquierda.
En cambio, la Convención Constitucional se ha mantenido al margen de las disputas de los partidos tradicionales, convirtiéndose en el ámbito que mejor representaba socialmente a Chile.
Esencialmente, la Convención Constitucional fue el resultado y la expresión del estallido del 2019, cuando los/as jóvenes, estudiantes, trabajadores/as salieron a las calles a reclamar por mejores condiciones, mientras que el gobierno de ese entonces reprimió brutalmente con los carabineros.
Fake news
Durante los casi 12 meses de labor, la Convención se enfrentó a diversas polémicas y cuestionamientos. La difusión de fake news respecto de la Convención y de la nueva Carta Magna siguen siendo un problema.
No solo se tergiversaron palabras sino que también se inventaron artículos o disposiciones que no aparecen en el texto publicado.
Ha habido figuras políticas como el ex-candidato a la presidencia Felipe Kast, de la extrema derecha, que ha difundido dichas noticias falsas con el objetivo de desacreditar a la Convención y llamar a votar por el rechazo a la nueva Constitución.
En la misma línea el ex-convencionalista de derecha Harry Jürgensen difundió información falsa al declarar que la Convención buscaba instalar una agenda bolivariana.
La campaña
El miércoles pasado inició la campaña para el plebiscito. Los/as chilenos/as deberán decidir si aprueban o rechazan la nueva Constitución.
Hay incertidumbre respecto de lo que pueda llegar a pasar el 4 de septiembre.
El último sondeo de la consultora Cadem, arrojó que un 51% está por el rechazo, mientras que un 34% de los/as encuestados está a favor de la nueva Constitución.
Se mantiene un alto porcentaje que aún no se decide.
Rechazo con apoyo internacional
The Economist, la revista británica que descalificó a AMLO en México y despotricó contra los gobiernos progresistas de la región, otra vez se metió en la polémica al rechazar la nueva Constitución chilena.
No sólo desacredita la nueva Carta Magna como “un desastre”, “absurdamente larga” y “excesivamente progresista”. Sino que, además, alaga la antigua Constitución, aún vigente: “la antigua Constitución chilena no era perfecta. De hecho, ha sido modificada casi 60 veces. Pero comparada con la que se propone sustituir, es un modelo de claridad. Y lo que es más importante, el antiguo proyecto de Gobierno funciona. Desde que se restauró la democracia, Chile ha sido un éxito latinoamericano. El PIB por persona se ha triplicado desde 1990 y la pobreza ha disminuido” sostiene The Economist.
¿Hay una tercera vía?
Está claro que el plebiscito tiende a la polarización entre el “apruebo” o el “rechazo”. Pero en los últimos días han aparecido voces que trataron de salir de esa lógica. Uno ha sido el ex-presidente Ricardo Lagos quien presentó una “vía alternativa”.
La postura de Lagos no es por el rechazo ni la aprobación. Aunque parece estar más por el rechazo. No obstante, ante una eventual aprobación de la nueva Constitución, Lagos está buscando apoyo político para reformar la nueva Carta Magna.
La propuesta de Lagos tuvo repercusión. Sectores de la ex-Concertación y de la derecha se han hecho eco de la “vía alternativa”.
Incluso para algunos/as, es un buen eslogan de campaña para el apruebo: ante el crecimiento del rechazo, se plantea aprobar pero con la condición de que se modificará.
Una Constitución democrática
Ante todo, la nueva Constitución nació de un proceso democrático y su aprobación depende del voto del pueblo.
Sin dudas, la nueva Constitución amplía la democracia y busca saldar deudas históricas del Estado chileno.
Lo democrático atraviesa todo el texto. En su artículo 1° establece que: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Asimismo se postula que “su democracia es inclusiva y paritaria” (art. 1).
Postula un Estado que promueve una igualdad reconociendo la diversidad y las disidencias sexuales y de género (art. 6).
La nueva Constitución busca reparar la deuda histórica de Chile con los Derechos Humanos (art. 22 y 23) y con los pueblos originarios. Declara la “libre determinación” de los pueblos y naciones indígenas, su derecho a la “autonomía; al autogobierno; a su propia cultura; a la identidad y cosmovisión; al patrimonio; a la lengua” y a sus tierras (art. 34, 234 y 235). Y establece escaños reservados para pueblos y naciones indígenas (art. 162).
También, la deuda histórica del Estado chileno con las personas mayores, por ello se destaca el “derecho a envejecer con dignidad” (art. 33).
Otro pendiente tenía que ver con la educación. Al respecto la nueva Constitución enuncia la gratuidad de la educación superior en las instituciones públicas (art. 37).
Es una Constitución que garantiza derechos tradicionales, como el derecho a la propiedad (art. 78) e incorpora novedades como el derecho a la salud incluyendo a la salud mental (art. 44), el derecho de los/as trabajadores/as a participar en decisiones de la empresa (art. 48), derecho a una vivienda digna (art. 51), derecho humano al agua (art. 57), derechos sexuales y reproductivos incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (art. 61), derecho a la muerte digna (art. 68), derecho al acceso universal a la conectividad digital (art. 89), y derecho al ambiente sano (art. 104).
Incorpora los mecanismos de democracia directa (art. 155) y fomenta la participación ciudadana en la creación de leyes (art. 157) y en iniciativas de derogación total o parcial de leyes (art. 158). También agrega que un 10% del padrón podrá presentar propuestas de reforma constitucional para ser votada por referéndum (art. 385).
Por último, la nueva Carta Magna postula el reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones (art. 251 y 254). Se establece el mandato presidencial de 4 años con la posibilidad de reelección inmediata por un mandato más (art. 284).
