El próximo 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de estado en Chile que derrocó a Salvador Allende e instauró una de las dictaduras más violentas de América Latina. Los avances en la justicia en búsqueda de verdad y reparación han sido pocos hasta la fecha.
En ese marco, esta semana hubo avances. El gobierno de Gabriel Boric está perfilando un rumbo distinto al de los anteriores gobiernos asumiendo desde el Estado la memoria para conocer la verdad y buscar un futuro más libre, respetuoso y democrático. Las medidas tomadas como el Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos y los avances judiciales en la Corte Suprema son importantes aunque no se puede perder de vista el aumento de la extrema derecha y la posibilidad de que la búsqueda de verdad y justicia quede, otra vez, en nada.
A 50 años del golpe
Esta semana hubo impulsos importantes tanto a nivel judicial como medidas tomadas por el gobierno y por el legislativo en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Chile.
Respecto del gobierno, se lanzó un Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El presidente Gabriel Boric decretó la puesta en marcha del plan que tiene como objetivo colaborar con las investigaciones judiciales y ayudar a configurar la memoria y la garantía de no repetición.
“El Estado falló en dar respuesta a las familias, y a la sociedad entera, en entregar las respuestas que el país necesita, los desaparecidos nos faltan a todos” dijo Boric el miércoles pasado en el anuncio que coincidió con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El ministro de Justicia Luis Cordero señaló que el plan busca conocer las condiciones y circunstancias en las que ocurrieron las detenciones y desapariciones forzadas durante la dictadura de Pinochet.
Hacer memoria, buscar la verdad y reparar a las víctimas, a sus familiares y a toda la sociedad. Conocer lo que sucedió, los crímenes que cometió el Estado en aquel momento es necesario para que ello no vuelva a ocurrir y acercarse a la justicia.
En cuanto a la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, se adoptó una resolución en la que se le ordena a la Cancillería realizar las gestiones necesarias para que el gobierno de EEUU desclasifique los documentos que prueban su vinculación al golpe de Estado de 1973.
Estados Unidos participó implícita y explícitamente en los golpes de estado de América Latina. Bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional entre los años 60 y 70 se incitaba a las FFAA a defender no sólo el espacio territorial sino también las fronteras ideológicas, frente al supuesto avance del comunismo. Pese a las sobradas pruebas de la interferencia estadounidense aún hay información oculta. EEUU guarda documentos ocultos sobre su participación. En Chile se ha dado un paso en la búsqueda de tal información.
Respecto del poder judicial, hubo dos avances importantes esta semana. Por un lado, la Corte Suprema dictó la sentencia definitiva por el asesinato y secuestro de los miembros de la escolta personal de Salvador Allende. Se le estableció la responsabilidad de los hechos al fallecido general retirado Vicente Rodríguez Bustos.
Se trata de la investigación por la desaparición y asesinato de 10 escoltas que pertenecían al “Grupo de Amigos Personales del Presidente” (GAP) que el 11 de septiembre de 1973 trataron de llegar al Palacio de La Moneda para unirse al entonces Presidente Allende en su defensa y resistencia. Pero la mayoría de ellos fueron encontrados muertos unos días después, el 19 de septiembre del mismo año en las riberas del río Mapocho.
Además la Corte estableció que los familiares directos de las víctimas tendrán que ser indemnizados con montos que oscilan entre los 5.825 y 93.200 dólares.
Por el otro lado, también la Corte Suprema condenó a 7 miembros retirados del Ejército a 25 años de prisión por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara. El fallo judicial se basa en las pruebas del asesinato de Víctor Jara, sus restos fueron hallados el 16 de septiembre de 1973 en un terreno cerca del Cementerio Metropolitano de Santiago junto a otros cuatro prisioneros políticos.
Uno de los 7 condenados por el asesinato del cantautor se suicidó antes de ir a prisión. Se trata del militar Hernán Chacón, quien fue encontrado sin vida en su domicilio cuando la policía llegó para llevarlo a la cárcel. Chacón había sido brigadier del Ejército y tuvo participación activa durante la dictadura de Pinochet.
En democracia la derecha reivindica la dictadura
El próximo 11 de septiembre se cumplen 50 años del derrocamiento del presidente Salvador Allende por medio de un violento golpe de Estado encabezado por el general del ejército Augusto Pinochet.
La dictadura de Pinochet fue el laboratorio en donde se probaron y aplicaron políticas represivas, desapariciones, torturas y asesinatos que luego se replicaron en otros golpes de estado de América Latina y al mismo tiempo, se instauraron una serie de reformas del Estado que fueron la llegada del neoliberalismo.
La vuelta a la democracia en 1990 no implicó una crítica al terrorismo de estado ni al modelo impuesto sino que, por el contrario, la democracia se dio a través de un plebiscito y la continuidad de la Constitución que pese a las reformas que posteriormente y en democracia se le aplicaron, en materia de derechos humanos y sociales presenta grandes carencias.
El estallido social del 2019 en donde cientos de jóvenes salieron a las calles a reclamar inicialmente por el aumento del boleto del metro y posteriormente por la crisis del sistema neoliberal, sacó a la luz las problemáticas de la democracia. “No son 30 pesos son 30 años” era el grito de aquel momento para expresar que el reclamo no era por el aumento de los 30 pesos del metro sino por los 30 años de democracia, una democracia con deudas sociales.
Estaban claras las injusticias durante el estallido: mientras los jóvenes se manifestaban pacíficamente pidiendo una nueva constitución el Estado reprimía a través de los carabineros.
La consecuencia fue la convocatoria a una Convención Constituyente para redactar una nueva constitución. La Convención fue electa en 2021 y presentó el borrador de la constitución en julio de 2022.
Pero en la conformación de la Convención los partidos políticos perdieron terreno y la asamblea quedó conformada de manera heterogénea por independientes que no integraban ningún partido. Esto que en inicio fue un punto de fortaleza ya que la crisis política que atravesaba el país luego del estallido demandaba una renovación política, luego se fue convirtiendo en una problemática. Se fue dando un proceso de desprestigio de dichos constituyentes que consistió en cuestionamientos personales a algunos integrantes y a sus trayectorias, sumado a la poca y mala comunicación sobre los debates que se estaban llevando a cabo. Se difundieron noticias falsas sobre los constituyentes, sobre la labor de la Convención e incluso, una vez publicado el proyecto de nueva Constitución, se inventaron artículos y se tergiversó el texto.
El tan esperado cambio y reparación que significaba para Chile una nueva constitución democrática dejando atrás la hecha por Pinochet, fue finalmente rechazado en el plebiscito.
La radicalidad que había adquirido el estallido del 2019 fue frenada por el estallido de la pandemia en 2020. La pandemia frenó las multitudinarias movilizaciones que se venían dando, obligó al confinamiento y enfrió el escenario. Perdió centralidad en la escena pública y se despolitizó el reclamo del estallido, un reclamo contra el modelo neoliberal. Ese nuevo escenario, que se configuró a partir de la pandemia, fue funcional a un mayor conservadurismo social.
La extrema derecha ganó ahí terreno y disputó la “rebeldía”, esa que era propia del estallido de 2019 asociado a la izquierda, pero configurándola como una reacción defensiva ante una supuesta amenaza de pérdida de privilegios. Así tomó centralidad José Antonio Kast, quien llegó a disputar la segunda vuelta presidencial en 2021 frente al jóven Gabriel Boic.
Kast, un admirador de Pinochet y reivindicador de la dictadura, se configuró como uno de los principales referentes por el rechazo a la nueva constitución. Pese a la derrota en la elección presidencial, el discurso de la extrema derecha ganó terreno.
El miércoles pasado los partidos de derecha decidieron no participar del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos que impulsó el presidente.
La búsqueda de la verdad no está asegurada. La justicia es una deuda pendiente en la democracia chilena, si bien se están dando pasos importantes también se está dando una reacción que busca dejar todo como está.
