La escalada del conflicto en Irán amenaza con generar una nueva onda expansiva sobre los mercados energéticos europeos, que se adosa a las graves consecuencias derivadas de la crisis del 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania y el desacople con Rusia. El análisis de las medidas propuestas y adoptadas por la UE y sus Estados miembros en este caso, presuponen una combinación parches de emergencia para contener la inflación con una aceleración forzada de la autonomía estratégica. Sin embargo, la falta de homogeneidad en las respuestas nacionales, especialmente entre Alemania como motor industrial y los países más vulnerables del sur, exponen tensiones latentes en la cohesión del bloque.
A nivel comunitario, la respuesta se caracteriza por una activación preventiva de herramientas tales como el uso potencial de reservas estratégicas de petróleo para contener los precios, limitando el impacto inflacionario de la energía. Bruselas percibe el riesgo de un pico de precios similar al de 2022. Sin embargo, la falta de unanimidad refleja el agotamiento de esta herramienta, cuyo efecto psicológico supera al material si no es masiva.
Otra iniciativa de carácter estructural en mente dentro de la eurozona es el refuerzo de la transición energética que ya no es solo una bandera climática, sino una doctrina de seguridad económica. La propuesta de la Comisión de acelerar autonomía energética es, en esencia, un plan para desacoplar el PIB europeo de la volatilidad geopolítica del Golfo Pérsico.
Por otro lado, se apuesta a una Coordinación macroeconómica del Banco central Europeo (BCE) para monitorear el precio de la energía. Si el mercado interpreta que este es un shock transitorio de oferta, se evitará una respuesta monetaria agresiva que podría hundir las economías más endeudadas (efecto dominó en spreads).
Por último, se evalúan herramientas de protección civil de la UE para la gestión de posibles oleadas de refugiados derivados del conflicto, que tienen implicancias en gasto público y empleo temporal.
Sin embargo, las estrategias de coordinación conjuntas chocan en muchos aspectos con las realidades y los intereses particulares de cada uno de los países. Aquí se observa una clara fragmentación basada en la estructura económica y la cultura política de cada Estado.
Alemania como mayor economía del bloque cuenta con mayor capacidad industrial y fiscal para absorber shocks. Así prioriza la credibilidad geopolítica del bloque sobre el alivio inmediato. Por ese motivo se ha negado a impulsar las sanciones energéticas que promueven otros actores. Esto presiona a sus socios a seguir una disciplina que puede resultarles más costosa.
Al contrario, Francia se inclina más por la vigilancia de mercado y la justicia fiscal. Esto se promueve a partir de las inspecciones a estaciones de servicio, que buscan evitar la inflación de codicia (greedflation), mientras que el debate sobre el impuesto a las energéticas apunta a recuperar parte de las ganancias extraordinarias para financiar un escudo social que proteja en poder de compra de los consumidores.
Italia por su parte, propone revisar los oneri di sistema (costes del sistema) como una medida quirúrgica para abaratar la factura energética sin romper el mercado. Sin embargo, el debate sobre impuestos extraordinarios revela la dificultad de Roma para equilibrar la consolidación fiscal con el alivio a los hogares.
España apuesta a la emisión de deuda estatal con mayores rendimientos para anticiparse a una posible fuga de capitales o endurecimiento de condiciones, asegurando liquidez ahora para evitar una prima de riesgo disparada mañana.
Hungría y Croacia apuestan a la imposición de topes de precios a los combustibles bajo la premisa de que la protección del consumo interno justifica el desafío a la ortodoxia de mercado y la solidaridad europea. Estas políticas de protección nacionalistas representan un desafío para los criterios impuestos por la Unión Europea.
Austria por su parte impulsa la reducción temporal del impuesto a la gasolina (similar a la bonificación española de 2022) como una medida para minimizar el impacto para consumidores y empresas.
En este contexto el tablero europeo revela tres tipos de respuestas frente a la crisis:
Por un lado, iniciativas de Supervivencia de Corto Plazo que predomina bajo la imposición de topes de precios, bajadas de impuestos y deuda para limitar el traslado del shock energético a la economía real y al consumo. El riesgo es perpetuar la demanda de combustibles fósiles subvencionados, retrasando la transición.
En segundo lugar, una estrategia geopolítica de Medio Plazo representada por Alemania y la Comisión Europea que busca aprovechar la crisis para acelerar la independencia energética, diversificando sus fuentes. El éxito de esta estrategia dependerá de la velocidad de implantación de energías renovables y la nueva infraestructura de GNL.
Por último, el mantenimiento de una coordinación cautelosa de autoridades monetarias desde el BCE y bancos centrales nacionales para evitar reaccionar precipitadamente con tasas de interés a la primera señal de inflación por energía.
Si el conflicto en Irán se intensifica con un eventual cierre del Estrecho de Ormuz, el shock será tan violento que forzará una respuesta unificada inmediata, probablemente con precios máximos al gas o una compra conjunta obligatoria. En ese caso es probable que deban acelerar la mutualización de la compra de gas y blindar el mercado único frente a las medidas nacionales descoordinadas que distorsionan la competencia.
