El Frente Amplio ganó el ballotage en Uruguay y Yamandu Orsi será el nuevo presidente del país. Cerraron las cumbres del G20 y la COP29 con consensos en la defensa del ambiente y el apoyo a los países menos desarrollados. Tensiones en Ucrania y Medio Oriente ante el inminente retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La Policía Federal de Brasil presentó un informe sobre los bolsonaristas involucrados en el intento de golpe de Estado a Lula de enero del 2023.
Por Federico Montero y Pablo Macia
El Frente Amplio ganó el ballotage en Uruguay y Yamandu Orsi será el nuevo presidente del país.
Este domingo 24 de noviembre se conocieron los resultados del ballotage presidencial en Uruguay dándole la victoria al tándem del Frente Amplio Yamandu Orsi-Carolina Cosse con 1.163.755 votos frente a la formula del Partido Blanco de Álvaro Delgado-Valeria Ripoll que alcanzó 1.074.321 electores. De esta manera el Frente Amplio vuelve al gobierno luego del interregno del presidente conservador Luis Lacalle Pou. En la explanada de la costanera en Montevideo se reunieron masivamente los militantes del Frente Amplio para festejar el triunfo frente a un escenario para la ocasión en el que hablaron los vencedores. En primer lugar, lo hizo Carolina Cosse, afirmando que se viene un gobierno de verdadera libertad como la que planteaba José Gervasio Artigas, en la que todos los ciudadanos podrán afirmar sus convicciones sin miedo a perder el trabajo ni represalias de ningún tipo. A su término y luego de recibir el reconocimiento de la derrota de los contrincantes, Yamandu Orsi afirmó que será el presidente que convoque al diálogo nacional, y que buscará construir una sociedad más integrada en la que nadie se quede atrás desde el punto de vista económico, social y político.
Los primeros saludos en llegar fueron de los gobernantes y líderes populares de américa latina, Tales como Cristina Fernández de Kirchner, Lula Da Silva y Claudia Sheinbaum, felicitando a Orsi-Cosse y al histórico referente del Frente Amplio, José Pepe Mujica. También lo hicieron los presidentes de Paraguay, Santiago Peña y el de Argentina, Javier Milei, que compartió un comunicado de la cancillería argentina por X.
Las elecciones demostraron el vuelco de la población uruguaya por un modelo económico político y social de cara a los sectores populares que permita una más justa distribución de la riqueza. Durante el gobierno de Lacalle Pou, el salario real comenzó a declinar durante sus primero cuatro años para recién en este último de elecciones alcanzar el nivel en el que lo había dejado Tabaré Vázquez en 2019. Esta gráfica en U se mantiene también en otros indicadores como jubilaciones, presupuesto para educación, salud y otros ítems sociales que no reflejan la evolución del conjunto de la economía nacional, que tan sólo cayó en el 202 como producto de la pandemia.
Es por ello, que el Frente Amplio recuperó como propuestas de campaña las medidas que caracterizaron a sus 15 años de gobierno anterior, en las que el crecimiento económico del país se vio aparejado con el incremento de los salarios, las jubilaciones y los presupuestos de salud y educación, revirtiendo la desigualdad. Ahora, en una nueva gestión de 5 años, el Frente Amplio tendrá las posibilidades de hacer realidad un nuevo ciclo de desarrollo con inclusión como el que caracterizó a sus anteriores gobiernos.
Cerraron las cumbres del G20 y la COP29 con consensos en la defensa del ambiente y el apoyo a los países menos desarrollados
El 19 de Noviembre cerró la 19° Cumbre del G20 en Río de Janeiro, con una declaración que destaca la importancia de la tributación de los multimillonarios, la transición energética, el apoyo a la COP30 en Brasil para el 2025 y la creación de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Así culmina la presidencia pro tempore de Brasil con un pronunciado protagonismo que Luiz Inacio Lula Da Silva le dio al grupo, con centenares de reuniones temáticas, creando su capítulo social con la 1° Cumbre Social del G20, y la iniciativa de un nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible volcado a la igualdad étnico-racial. Además, impulsó una nueva arquitectura financiera, la necesidad de reforma y democratización del consejo de seguridad de la ONU y acciones como los Bancos Multilaterales de Desarrollo para el crecimiento de los países menos desarrollados, aliviando sus deudas externas y creando fondos para combatir la pobreza y fomentar la sanidad. Este último punto fue el preludio para defender el traspaso de la presidencia pro tempore al Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en representación de todo el continente africano y su importancia para el sur global.
Otra cumbre anual internacional que cerró este domingo fue la 29ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolló en Bakú, Azerbaiyán. Las deliberaciones desplegadas desde el 11 de noviembre en la COP29 lograron alcanzar un acuerdo en el que se insta a los países desarrollados a otorgar 300 mil millones de dólares por año hasta el 2035 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es muy inferior a los fondos que requerían los países en desarrollo, que habían reclamado más de un billón de dólares anuales para revertir los cataclismos que más afectan a esos países. Sin embargo, esta nueva cifra es superior a los 100 mil millones que estaban acordados en las anteriores cumbres, y también lo es a los 250 mil millones que los países desarrollados pretendían ofrecer en primera instancia, y eso abre una luz para preservar el objetivo de mantener el calentamiento global a menos de 1,5° C.
Los acuerdos alcanzados también incorporan una nueva iniciativa en los mercados de créditos de carbono, una iniciativa para eliminar las emisiones de carbono a cambio de recursos. La idea del proyecto es que esto impulse el desarrollo de energías renovables y la caída de los combustibles fósiles. Sin embargo, estas iniciativas han caído en especulaciones financieras que repercutieron en fluctuaciones en los mercados, con alzas y grandes caídas en estos proyectos en estas últimas dos décadas. Así, algunos estudios marcan que los créditos de carbono no están respaldados por ninguna reducción real de los gases de efecto invernadero. Estos aún no han comenzado a disminuir ya que este año se espera que terminen aumentando un 0,8%. Sí es cierto que el crecimiento de estos gases se viene desacelerando, pero es necesaria una reducción real para evitar los constantes records que año tras año se vienen dando en materia de calentamiento global.
Pero el principal problema político en la inversión hacia una transición justa esta en la puja entre los países desarrollados contemplados en 1992 y los países emergentes que no han entrado en la responsabilidad de ser los principales mitigadores del impacto ambiental. China, India y los países del sudeste asiático entran en esta categoría, y las principales potencias tradicionales del mundo reclaman un mayor involucramiento de estos. En respuesta, desde esos países emergentes responsabilizan a las potencias occidentales de haber contaminado al mundo desde inicios de la revolución industrial, haciéndolas cargo de la mayor parte de la responsabilidad en la mitigación. Un último aspecto a tener en cuenta será el posicionamiento que adopte la gestión de Donald Trump, que en su primer mandato desconoció los acuerdos climáticos y la problemática ambiental. Los conflictos geopolíticos mundiales y un eventual retorno de esta posición por la administración norteamericana serán nocivos para las nuevas convenciones. Pero esto se verá con más claridad en la COP30, a realizarse en 2025 en Belén, Brasil.
Tensiones en Ucrania y Medio Oriente ante el inminente retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Los dos principales conflictos armados en la esfera internacional han recobrado interés a partir de las hipótesis de intervención de la nueva administración norteamericana que asumirá en enero del 2025, con un Donald Trump empoderado por su victoria contundente en las elecciones. Con una prédica antiglobalista y más bien aislacionista, concentrada en el eslogan “América primero”, la administración de Trump parece que le quitará recursos financieros y militares tanto al régimen de Ucrania como al propio financiamiento de la OTAN en Europa. Esta es la principal preocupación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que constantemente ha llamado a los países de la alianza occidental a proveer todo tipo de armamento para enfrentar a Rusia. En las últimas semanas, esa prédica le permitió la autorización de un Joe Biden en salida, de utilizar los misiles de largo alcance ATACMS en territorio ruso, lo que supone una escalada en la guerra que podría extenderse a otros lugares de Europa. La medida del presidente estadounidense parece intentar condicionar a la administración entrante, que bajo las promesas de Trump vaticinó que “va a detener la guerra”. Los aliados de Kiev ven a esta consigna como una presión para que Ucrania acepte un acuerdo de paz resignando el territorio ocupado por Rusia, y frente a ello redoblaron la apuesta intentando fortalecer una posición de fuerza frente a Moscú.
Frente a los primeros misiles lanzados por Ucrania a suelo ruso, el presidente Vladimir Putin autorizó el uso de misiles de largo alcance como respuesta. Según la doctrina de seguridad rusa, está aprobado el uso de armas nucleares en caso de ataques externos que amenacen con la existencia de la nación. Este principio fue el que activó Rusia, lanzando un misil de largo alcance Oreshnik hacia la región de Dnipro. El mismo no tenía ojiva nuclear y fue meramente demostrativo, pero se trata de un cohete que tiene autonomía como para alcanzar cualquier objetivo en toda Europa. Esto es lo que preocupa a los países de la Unión Europea enrolados en la OTAN, que están entrampados en esta lógica de escalamiento en la que no cuentan con una industria armamentística para enfrentar a Rusia.
Por otro lado, Moscú viene respondiendo a los ataques ucranianos con el envío masivo de drones no tripulados Shahed 136, que con su rápida y barata fabricación son costosos para el sistema de neutralización de Ucrania, que no puede destinar los misiles Patriot por su costosa fabricación. En cuanto a los frentes en la zona del Donbás y la zona rusa de Kursk, las novedades tampoco son favorables a Ucrania, que viene perdiendo lentamente terreno en ambos sectores. El cambio de gestión en Estados Unidos y una quita de apoyo económico y financiero hacia Kiev y la OTAN serían un catalizador de esta situación crítica para Ucrania y la Unión Europea.
En el otro gran conflicto regional en Medio Oriente, las fuerzas armadas israelíes parecen dispuestas a continuar avanzando en el territorio palestino en Gaza. Así Israel ha ordenado nuevas evacuaciones en el norte de la Franja y nuevos ataques aéreos y terrestres en las localidades de Jabaliya, Beit Lahiya y Beit Hanoun. Con casi 45 mil muertos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023, la situación humanitaria en la región es catastrófica. La Corte Penal Internacional de La Haya emitió la semana pasada órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant, frente a las denuncias por genocidio y limpieza étnica que impulsó Sudáfrica. También hizo lo propio con el líder y el jefe militar de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, (ya eliminado por parte de Israel) como responsable del ataque en Israel del 7 de octubre en el que asesinaron a unas 1.200 personas y se llevaron a unos 250 rehenes. La medida no tiene fines prácticos ya que ni Israel ni su principal aliado, Estados Unidos, están incorporados en la CPI, pero sí es una condena política que puede limitar el desplazamiento de Netanyahu a gran parte de los países occidentales que sí avalan la decisión.
Pero en este caso, la balanza del nuevo gobierno de Donald Trump parece inclinarse fuertemente para el lado de los intereses de Israel, perjudicando aún más la situación de la población palestina que sufre con la devastación de su infraestructura y su territorio. En la anterior gestión del magnate neoyorquino, la Embajada de Estados Unidos en Israel se trasladó de Tel Aviv a Jerusalén, constituyendo una provocación para la Autoridad Nacional Palestina. Netanyahu jugó muy fuerte en el escalamiento del conflicto apostando al triunfo de Trump para que apoye su posición dura, aún frente a las críticas en su propio país, en el que los familiares de los rehenes exigen una tregua para que vuelvan con sus familias. Ahora el primer ministro israelí esperará reforzar el apoyo de Estados Unidos para endurecer aún más su posición y fortalecer su situación en Medio Oriente.
La Policía Federal de Brasil presentó un informe sobre los bolsonaristas involucrados en el intento de golpe de Estado a Lula
La Policía Federal de Brasil presentó un informe de más de 800 páginas con evidencias para imputar al expresidente Jair Bolsonaro y 36 integrantes del intento de golpe de estado en enero de 2023, en la plaza de los 3 poderes en Brasilia. El escrito remitido al Supremo Tribunal Federal involucra también, entre otros, al General Walter Braga Netto, quien fuera el candidato a vice de Bolsonaro en la fórmula del 2022, el General Augusto Heleno, exministro de Gabinete de Seguridad Institucional, Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal. Las evidencias indican que esta organización delictiva incluso se proponía como hipótesis la de eliminar a Lula Da Silva y su vice Gerardo Alckmin para llamar a un gabinete de crisis que se hiciera con el ejecutivo del país. El Teniente coronel Mauro Cid que firmó un acuerdo de cooperación judicial en calidad de arrepentido, fue determinante para avanzar en la investigación y en la recopilación de evidencias.
Además de militares y policías, el dispositivo golpista y desestabilizador contó con militantes sociales y mediáticos que intervinieron en cuatro dinámicas coordinadas. En primer lugar, la movilización social organizada en campamentos frente a los cuarteles, exigiendo la intervención militar para derrocar al gobierno electo. En segundo lugar, la intervención en las redes sociales, con fake news y discursos de odio que intentaban impulsar el descontento y la desestabilización. En este aspecto fue denunciado el argentino Fernando Cerimedo, que también fue asesor de la campaña de Javier Milei en Argentina. En tercer lugar, se encontraron las propias formaciones dentro de las Fuerzas Armadas, que intentaron generar levantamientos militares en diversos cuarteles. Por último, un decreto que firmó Bolsonaro al final de su mandato habilitaba la conformación de un gabinete de crisis ante un eventual proceso de desestabilización o de acefalía por la muerte del presidente electo.
Este modus operandi queda demostrado en el informe que será evaluado por el Supremo Tribunal Federal, en el que su titular, Alexandre de Moraes, volverá a tener un rol protagónico. Mientras tanto, Bolsonaro continuará victimizándose frente a estas querellas y procesos, intentando emular la situación del recientemente reelecto presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
