Las elecciones en España bloquearon el avance de la derecha pero generan incertidumbre en la formación de un nuevo gobierno de Sánchez. La III Cumbre UE-CELAC avanzó en la cooperación estratégica, el desarrollo y la negociación de la soberanía argentina de Malvinas. La caída del acuerdo de granos en Ucrania amenaza con una escalada en el conflicto y con el aumento de precios de los alimentos. En Perú se desarrolló la 3° toma de Lima en repudio a Dina Boularte, por el llamado a elecciones y por una nueva constitución.
Por Federico Motero y Pablo Macía
El PSOE logró frenar al bloque de derecha pero estará complicado en formar nuevo gobierno.
Las elecciones generales del 23 de julio en España no le permitieron alcanzar la mayoría para formar gobierno al bloque entre el Partido Popular y Vox, que auguraban la mayoría de los sondeos. Si bien el PP fue la fuerza más votada con más de 8 millones de electores y 136 diputados, sumando 47 más que en 2019, no alcanzó los resultados esperados. El ultraderechista Vox, potencial aliado del PP para formar gobierno, fue el gran derrotado de la jornada, ya que perdió 19 bancas respecto a la última elección, obteniendo 33 diputados. De esta manera, el bloque derechista y sus aliados menores no alcanzarán los 176 votos necesarios para lograr la investidura presidencial. El líder del PP Alberto Núñez Feijóo reivindicará su derecho a formar coalición de Gobierno apelando a que “siempre se ha elegido presidente al candidato más votado en las elecciones”. Pero es claro que no va a obtener el visto bueno de ninguna fuerza para alcanzar la presidencia y su afirmación es una presión para bloquear a la coalición gobernante y avanzar hacia una repetición electoral.
El actual presidente Pedro Sánchez logró frenar la embestida de la derecha luego de la derrota sufrida en las elecciones regionales autonómicas del 28 de mayo, revalidando su imagen de perseverancia y su audacia al adelantar las elecciones generales. En su apuesta a frenar el avance de la ultraderecha, el PSOE logró polarizar la elección e incluso subió levemente el número de diputados con respecto al 2019, obteniendo 122. Sin embargo, en esta oportunidad quedó segundo frente al PP y con los 31 escaños de Sumar de Yolanda Díaz y los aliados regionales (ERC, Bildu, PNV y BNG) alcanzarían los 172 votos, esto es 4 menos que la mayoría para formar gobierno. En este contexto, la posibilidad de Sánchez de formar gobierno queda atada a un acuerdo con Junts per Catalunya, el partido separatista conservador de Carles Puigdemont, que con 7 representantes puede darle esa chance. Sin embargo, dicha formación parece encaminarse a un posible bloqueo para formar gobierno, lo que llevaría a una nueva elección general de diputados como las que ya acontecieron en 2016 y 2019.
Las próximas semanas arrojarán más luz sobre la formación o no de una nueva coalición gobernante, pero la jugada de Pedro Sánchez permitió revertir momentáneamente la crisis de su gobierno luego de las elecciones autonómicas de mayo. Así, la coalición de izquierda logró sortear un nuevo desafío luego de las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación generada por el aumento de la energía y los alimentos. La relación entre el PSOE y sus aliados de izquierda ha sido ambivalente durante el actual gobierno, pero entre los logros a destacar están una reforma laboral que regularizó el empleo de miles de trabajadores, el aumento del salario mínimo a 1080 euros, las leyes de promoción del feminismo y las comunidades lgttb+ y las políticas de memoria, verdad y justicia frente al pasado dictatorial franquista. En el mismo sentido se han desarrollado iniciativas de defensa de los inquilinos frente al mercado inmobiliario, de apoyo a la juventud a iniciar los estudios superiores y de monitoreo de la tasa de ganancia empresarial para frenar los aumentos inflacionarios. En este último aspecto, España logró la reducción de la inflación por debajo del objetivo del 2% anual. La elección del domingo da nuevas chances a esta agenda que parecía agotada y superada por la reacción del PP y Vox frente al descontento social por las demandas aún insatisfechas de la población.
La III Cumbre UE-CELAC avanzó en la cooperación estratégica y el desarrollo.
El 17 y 18 de julio se llevó a cabo en Bruselas la 3° Cumbre birregional UE-CELAC, luego de 8 años de interrupción entre ambos organismos. En un nuevo contexto signado por la guerra en Ucrania, con el aumento estrepitoso de la energía y los alimentos, Europa comenzó a ver con nuevos ojos a la región latinoamericana como gran proveedora de materias primas. Mientras tanto, luego de la primera ola de gobiernos progresistas en América Latina durante inicios del siglo XXI, la región vuelve a levantar una agenda de desarrollo y autonomía estratégica a partir de la presidencia pro tempore de México y Argentina en la CELAC. Los presidentes latinoamericanos fueron enfáticos en impulsar una relación entre bloques que supere la subordinación histórica de la región como proveedora de materias primas, manifestando la necesidad de generar valor agregado y desarrollo productivo en el continente americano.
La posición autónoma de América Latina también fue impulsada con respecto a la guerra en Ucrania, donde el bloque condenó la invasión pero también el envío de armas a Kiev y el aumento de la producción bélica frente a las penurias y necesidades básicas de los pueblos. En ese aspecto, la presidenta de Honduras Xiomara Castro, quien será la próxima presidenta de Celac, afirmó que “Se envían miles de millones de dólares en armamento para la guerra, pero no somos capaces de construir el desarrollo integral de la humanidad con los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuesto por Naciones Unidas en la agenda 2030”. Por su parte, el actual presidente de la Celac, Ralph Gonçalves, enfatizó en la misma línea que “Ucrania no es el único escenario de guerra o conflicto armado que hace estragos entre la población y destruye vidas y medios de subsistencia más allá de la inmediatez de los peligrosos campos de batalla: el pueblo de Haití, los palestinos, las poblaciones de diversas partes de África, Oriente Medio y Asia tienen retos más inmediatos”.
En cuanto a las estrategias de desarrollo interregional, se anunciaron inversiones de 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe en el marco de la iniciativa Global Gateway, que intenta competir con la estrategia de inversión China de la franja y la ruta. La presidenta de la comisión europea, Úrsula Von der Leyen, recalcó que están en proceso de estudio más de 135 proyectos que van desde “el hidrógeno limpio hasta las materias primas críticas, desde la expansión de las redes de cables de datos de alto rendimiento hasta la producción de las más avanzadas vacunas ARN”. En cuanto a energías limpias, un aspecto de central interés es el de la producción de baterías a través del triángulo del litio situado entre Argentina, Chile y Bolivia, que concentra más del 50% de los yacimientos de ese mineral tan esencial para la industria de la electromovilidad y la acumulación de energía eléctrica. La disputa del litio entre potencias como China, EEUU y Europa, y el manejo autónomo de los países de la región para el desarrollo nacional y regional con valor agregado será el desafío a afrontar en los próximos años en esta materia.
Otros temas de relevancia en la cumbre estuvieron marcados por el rechazo del bloqueo a Cuba, las sanciones a Venezuela y el llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición para la convocatoria a elecciones en 2024 y el histórico llamado al diálogo entre Argentina y el Reino Unido sobre negociación de la soberanía de las Islas Malvinas. Este último punto se convirtió en una victoria diplomática argentina, derivada de la salida británica de la Unión Europea a través del brexit. De esta manera, la Unión Europea se encolumna en las resoluciones de la ONU que impulsan la negociación pacífica para afrontar el proceso de descolonización del enclave en Malvinas.
Del encuentro que culminó con una Declaración final de 41 puntos se impulsó el compromiso de desarrollar cumbres cada dos años y acordaron que la próxima será en Colombia, que en 2025 ostentará la presidencia pro témpore de la Celac, después de la de Honduras en 2024.
Caída del acuerdo de granos en Ucrania amenaza con aumento de precios
El 17 de julio el gobierno ruso decidió dar por terminado el acuerdo de granos y fertilizantes suscripto con la mediación de Turquía y la ONU. La razón que aduce Moscú para la ruptura del pacto es el virtual incumplimiento del mismo por parte de los países occidentales, que impiden la comercialización del grano y fertilizantes rusos con las sanciones financieras y logísticas en esa área. La consecuencia inmediata de la ruptura del pacto es la disolución del “corredor de granos” y la consideración de Rusia de que todos los barcos en ruta a los puertos ucranianos en el Mar Negro serán considerados como posibles transportistas de cargas militares, es decir, como objetivos legítimos a ser destruidos. En este sentido ya se han confirmado ataques rusos a los puertos de Chornomorsk y Odesa, que estaban protegidos por el pacto alimentario. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirma que el acuerdo roto por rusia no involucra a Ucrania y alienta a que los buques continúen comerciando con su país.
La ruptura del acuerdo amenaza con un nuevo aumento de precios internacionales de alimentos, que afectaría a las poblaciones más humildes del mundo y a la población africana en particular. Desde fuentes rusas denuncian que el principal receptor del grano ucraniano fue China, con 8 millones de toneladas, seguido por España, Turquía, Italia y Países Bajos, dando a entender que el alimento no fue destinado a las necesidades de los países más necesitados sino a los más desarrollados. Moscú afirma en cambio que sus exportaciones de alimentos y fertilizantes van destinados en un 60 % a Asia y un 30% a África, pero que se ven impedidos de hacerlo de manera más eficiente por las sanciones occidentales. En ese aspecto Rusia impuso 5 condiciones para restituir el acuerdo: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.
El próximo mes se reunirán el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ruso Vladimir Putin, donde entre otros puntos debatirán una posible reapertura del acuerdo en función de alguna de las condiciones exigidas por Moscú.
Toma de Lima en repudio a Dina Boularte y por el llamado a elecciones
En el marco del mes de la independencia del Perú, el 19 de julio se desarrolló la 3° toma de Lima para exigir la renuncia de Dina Boularte y un nuevo llamado a elecciones. Con un nuevo impulso de los movimientos sociales, la CGT de Perú y con un creciente apoyo de los partidos políticos tanto de sectores de derecha como el Partido Morado, y de izquierda como Perú Libre (ex partido de Pedro Castillo) y Nuevo Perú (de Verónika Mendoza), se reimpulsó el llamado a elecciones y a una nueva constituyente luego de la crisis política derivada del 7 de diciembre de 2022, donde se destituyó al presidente electo Pedro Castillo. La primera toma de Lima se dio en aquel entonces, en defensa del presidente destituido por el Congreso, que encaramó a Dina Boularte en el gobierno. El estado de sitio y la represión de diciembre a marzo de este año dejó un saldo de alrededor de 70 muertes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que hubo “uso desproporcionado, indiscriminado y letal” de la fuerza contra los manifestantes, constituyendo una “masacre” con sesgo “étnico-racial”.
Luego de un interregno entre los meses de marzo y julio, se reorganizó la movilización en el marco de una crisis política con el 80 % de repudio a Dina Boularte y un 90% de rechazo al congreso nacional. La movilización social exigiendo nuevas elecciones y una convención constituyente contrasta con las estructuras políticas fragmentadas y anquilosadas que no aprueban ninguna de estas exigencias populares en el parlamento ni son tomadas por el ejecutivo. Así, el parlamento rechazó dos iniciativas de convocatoria a elecciones y pretende quedarse hasta el final de sus mandatos en el 2025.
La movilización popular se dio a lo largo del país con bloqueos en 64 provincias y manifestaciones de residentes peruanos en Washington, en repudio a las tropas norteamericanas en Lima para sostener a Boularte. Por su parte, la presidenta de facto, afirmó que está dispuesta a debatir una “agenda social” de reclamos, pero no una discusión política sobre adelantamiento de elecciones, nueva constitución o libertad de Pedro Castillo porque “eso corresponde a otros poderes de la nación”. Además, llamó a que los manifestantes sean pacíficos para no perturbar a los “turistas e inversionistas extranjeros”, delatando sus prioridades frente a la cuestión social y política de su propio pueblo. Así continúa un capítulo más de la crisis política peruana, signada por el distanciamiento y la fragmentación de la clase dirigente frente a la sociedad.
