Por Federico Montero y Pablo Macia
Crisis política en Níger e inminente intervención de la CEDEAO. Nuevo proceso a Trump en medio de la carrera electoral en EEUU. Giorgia Meloni y el impuesto a la renta financiera extraordinaria. Elecciones en Ecuador en medio del más alto clima de violencia. Guatemala: en la segunda vuelta se definen cambios en el país.
Crisis política en Níger e inminente intervención de la CEDEAO.
La tensión en Níger continúa agudizándose luego del golpe militar iniciado el 26 de julio, de destituyó al presidente Mohamed Bazoum. El sábado pasado arribó a Niamey una delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para reunirse con el jefe militar Omar Tchiani, quien titulariza el Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria. La CEDEAO, se había reunido previamente los días 17 y 18 de agosto en Accra, capital de Ghana, para evaluar una posible intervención militar en Níger en caso de que las vías diplomáticas para el restablecimiento de la democracia fracasen. La delegación también pudo reunirse con el destituido presidente Mohamed Bazoum, que está amenazado de ser juzgado por “alta traición” por el régimen de facto. El gobierno militar mantiene esa carta para presionar por la no intervención de la CEDEAO en el país. Mientras tanto, las posiciones se endurecen con el envío de fuerzas nigerinas a la frontera con Benín y Nigeria, mientras también se concentran reservistas de la CEDEAO para disponerse a una eventual intervención militar. Por su parte, los regímenes militares de Malí y Burkina Faso se disponen a apoyar a sus pares de Níger ante un eventual ataque de la CEDEAO.
Sin resultados a la vista en las negociaciones diplomáticas, el país comienza a sufrir la presión de las sanciones económicas, financieras y de provisión de bienes y servicios por parte de la CEDEAO. En uno de los países más pobres del mundo, se estima que los alimentos han alcanzado una suba del 36%, sumados a los cortes del suministro eléctrico proporcionado por Nigeria, que afecta al 90% de la energía nigerina. Otro de los problemas que han resurgido a partir del golpe de estado ha sido el relanzamiento de los ataques de agrupaciones terroristas islámicas, que mantienen una fuerte influencia en la zona subsahariana del Shael. El golpe de carácter antioccidental también determinó la ruptura de relaciones con el gobierno de Francia, que se provee de alrededor del 30% del uranio para sus centrales eléctricas en el país. En ese contexto, la presión de occidente para restituir a su aliado presidente Bazoum es cada vez mas grande, determinando una inminente intervención militar. Mientras tanto, Rusia, que mantiene relaciones con la junta militar de Malí y de Burkina Faso, se ha expresado por la resolución pacífica del conflicto en la zona. Por su parte, el Consejo de Paz y Seguridad (PSC) de la Unión Africana (UA) ha rechazado una intervención militar en Níger. Un eventual conflicto armado en la zona traerá mayor desestabilización y pobreza para los ya diezmados pobladores, pero esta posibilidad está lejos de poder descartarse.
Nuevo proceso a Trump en medio de la carrera electoral en EEUU.
Los escándalos que circundan la figura de Donald Trump ganaron un nuevo capítulo durante la semana pasada en un nuevo proceso iniciado que lo imputan por el intento de modificar el resultado electoral en el estado de Georgia durante las presidenciales del 2020. Entre lo más destacado de este nuevo proceso se acusa al ex presidente de haber presionado al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que “encuentre 11.780 votos” republicanos que permitan ganarle el distrito a Joe Biden. De esta forma el ex presidente y principal candidato republicano para las elecciones del 2024 alcanza un nuevo cargo que se suma a los de conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos y conspiración para obstruir la certificación de la victoria de Joe Biden en el congreso.
Este es el cuarto proceso a Trump que se suma a las acusaciones por la apropiación de documentos públicos en su mansión de Florida; por haber intentado revocar los resultados de las elecciones en 2020, que precipitaron la toma del Capitolio; y por haber realizado pagos para silenciar acusaciones de relaciones extramaritales durante la campaña del 2016. En este nuevo caso, los abogados del magnate republicano han exigido que el juicio se lleve a cabo en abril del 2026, en un intento desplazar el mismo para después de las elecciones presidenciales del 2024. Por su parte, la fiscalía afirma que puede iniciarse en enero del 2024. La jueza determinará la fecha del juicio el próximo 28 de agosto.
Mientras tanto, Trump continúa creciendo en el espacio republicano, recolectando mayores recaudaciones para la campaña con el anhelo de conseguir una revancha frente a Biden en las elecciones del próximo año.
Meloni impulsó subas de impuestos a la renta extraordinaria financiera.
La semana pasada el gobierno de Giorgia Meloni sorprendió a los mercados con una medida que grava a la renta extraordinaria de la banca italiana con un 40% marginal para las entidades que hayan ganado más de un 6% que el año anterior. De esta manera, el gobierno de Italia que expresa una nueva derecha conservadora y antiinmigrante tomó una medida redistributiva orientada a “alimentar las rebajas fiscales y apoyar las hipotecas” según Matteo Salvini, uno de los líderes de la coalición gobernante. Con la medida, el gobierno estima recaudar alrededor de 2.000 millones de euros para fortalecer las arcas del Estado, y orientarlas a paliar la situación de los hipotecados y los consumidores que han sido perjudicados por los aumentos de la tasa de interés impuestos por el Banco Central Europeo. Las altas tasas de interés benefician los rendimientos del sector financiero por sobre la producción y el empleo. Para contrarrestar esa lógica, el gobierno italiano pretende recuperar un esquema productivo para el fortalecimiento del empleo, pero a costa de eliminar la renta ciudadana, que es un piso mínimo de ingresos universal para el conjunto de la población de alrededor de 800 euros por familia. Esta renta, que se percibía a cambio de ingresar a una bolsa de empleo con la posibilidad de rechazar 2 veces una oferta de trabajo, sería reemplazada por asignaciones focalizadas hacia la niñez y los adultos mayores.
Estas medidas abren un debate sobre las formas de intervención estatal para reducir las desigualdades sociales en un marco de reconversión capitalista atravesada por la reaparición de nuevas tecnologías, pero también por la tendencia hacia un neoproteccionismo, la reindustrialización de los países centrales y la relocalización de sus inversiones para sostener el empleo local. En ese aspecto se abren diversos abanicos que van desde las propuestas distributivas como los ingresos ciudadanos universales y no condicionados, pero que no cuestionan la matriz de desarrollo, hasta las propuestas centradas en la recuperación del empleo a partir de un cambio de la matriz productiva. El gobierno de Meloni se vuelca por esta segunda opción desde una perspectiva nacionalista y conservadora. Pero el debate comienza a darse en otras pares del mundo. Así, España aplicó el año pasado un impuesto temporal de 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras.
Elecciones en Ecuador: el correísmo queda en primer lugar de cara al ballotage.
Con el 92, 47 % de las actas, los resultados en las elecciones presidenciales de Ecuador arrojaron el 33,27% para la candidata Luisa González del Movimiento Político Revolución Ciudadana frente al 23,69 % de Daniel Noboa Azin (Acción Democrática Nacional) quienes pasan al ballotage. En tercer lugar, con el 16,51% quedó Christian Zurita Ron (Movimiento construye y reemplazante del candidato asesinado Fernando Villavicencio) y Jan Topic (alianza por un país sin miedo) con 14,69%.
La elección estuvo enmarcada dentro de un clima de violencia extrema que tuvo como su punto más marcado el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante un acto de campaña el 9 de agosto. Este clima de violencia dio un giro a la campaña que venía centrada en la mala gestión de Guillermo Lasso y el contraste con el gobierno de Rafael Correa, que permitía el crecimiento de revolución ciudadana desde el triunfo en las elecciones regionales de principios de este año. Pero la espiral de violencia inusitada, tanto en las penitenciarías como en las calles, dio un vuelco en la agenda de temas de campaña vinculado a la seguridad y a las propuestas punitivistas, diluyendo en parte el programa de reformas sociales del correísmo. Así, de un escenario en el que hasta se podía alcanzar una victoria de Revolución Ciudadana en primera vuelta (superando el 40% de los votos y una diferencia de más de 10 puntos frente al segundo), se pasó a la elección actual en la que, a pesar de sacar una importante diferencia, se definirá la elección en una segunda instancia.
Los desafíos para el correísmo estarán en extender el núcleo duro de apoyo y superar la campaña de desprestigio, la persecución política y las operaciones de Lawfare. Esas maniobras fueron determinantes en las elecciones del 2021, donde Andrés Arauz ganó la primera vuelta pero no obtuvo la mayoría en el ballotage, dando por ganador al ahora desprestigiado empresario Guillermo Lasso.
Guatemala: en la segunda vuelta se definen cambios en el país.
En la segunda vuelta en Guatemala resultó electo presidente el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, quien obtuvo el 59,03% de los votos frente al 36,21% para su contrincante Sandra Torres. El contundente triunfo del candidato progresista manifiesta la necesidad de un cambio político en un país aquejado por los escándalos de corrupción y la desigualdad. En efecto, Arévalo impulsó en su campaña un programa de defensa de la educación y la salud pública junto a la seguridad social y la soberanía alimentaria, que sumados a la lucha contra la corrupción contrastaron fuertemente con el actual gobierno de Alejandro Giammattei. Por su parte, Sandra Torres, que ya iba por su tercer ballotage, decidió volcarse hacia posiciones conservadoras, aliándose a sectores de la derecha política, evangélicos y ex militares acusados de delitos de lesa humanidad. Pese a no ser oficialista, su partido Unidad Nacional de la Esperanza es el que cuenta con el mayor número de alcaldes y diputados quedando como expresión de la continuidad de un sistema político corrupto y deslegitimado por la ciudadanía. Esto se expresó en la primera vuelta de la elección, donde en una contienda caracterizada por la dispersión, el principal porcentaje se lo llevó el voto en blanco con 17% seguido de Torres con el 15,69% y por Arévalo con el 11,8%.
De esta manera se abre una nueva etapa en Guatemala, en la que se encuentran grandes desafíos a sortear. En primer lugar, el de la recuperación de la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y en las instituciones. Al respecto, las encuestas indican que sólo el 16 % de los guatemaltecos confían en el Tribunal Supremo electoral, 10% en la credibilidad de los partidos y 7% en la del presidente Giammattei. Otra problemática urgente para resolver es la de la desigualdad. Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, superando a Costa rica o Panamá, pero sin embargo cuenta con 10,3 de sus 17,6 millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza. Las comunidades indígenas y campesinas son las más perjudicadas por este modelo en el que impera la desnutrición crónica y la inseguridad alimentaria como consecuencia de las sequías y el cambio climático que provocaron pérdidas en los cultivos rurales. A esto se le suma la corrupción en todos los niveles del estado, que a su vez promueve el aumento de la criminalidad y la complicidad policial en la misma.
De esta forma se plantean importantes desafíos para el nuevo presidente electo, pero sin duda la elección trae renovadas esperanzas para abordar la resolución de estos problemas en el país.
