Guillermo Lasso, cercado por el juicio político en su contra, disuelve la Asamblea Nacional y llama a elecciones generales anticipadas. Con esta jugada busca ganar tiempo para redefinir el escenario político nacional, tras la dura derrota en las elecciones de prefectos y alcaldes de febrero pasado. ¿Puede ser una oportunidad para que correísmo recupere la presidencia de Ecuador? Los dilemas del movimiento indígena.
Por Federico Montero
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales anticipadas.
Esto se encuentra dentro de las atribuciones constitucionales del presidente por una disposición que estableció Rafael Correa cuando reformó la constitución del país. Al artículo se lo denomina “muerte cruzada”, que consiste en la renuncia del presidente y la convocatoria a elecciones generales, tanto presidenciales como legislativas.
En el período que se abre ahora y hasta que se efectúen las elecciones, el presidente continúa gobernando con la Asamblea disuelta. Puede tomar decisiones por medio de decretos.
La decisión de Lasso fue cuestionada en relación a su validez constitucional. El primero en criticarla fue el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra exiliado producto de la persecución política que se ejerció sobre él y sobre todos los líderes del correísmo desde el gobierno de Lenín Moreno y que fue continuada por el gobierno actual.
Lo que Correa argumenta es que la constitución de Ecuador establece ciertas causales por las cuales se puede hacer uso de esta atribución de “muerte cruzada”. El decreto que emitió Lasso hace referencia a una grave crisis política y conmoción interna. Sin embargo, la realidad es que hoy el país ecuatoriano no se encuentra en esta situación. Lo que estaba sucediendo en realidad es el juicio político contra el presidente, según lo previsto en la Constitución, que fue iniciado por la Asamblea Nacional desde las bancadas opositoras producto de una investigación relativa a sobornos en que en los que habría incurrido el actual mandatario. Entonces, la decisión de Lasso puede inscribirse a la búsqueda de una salida política a esta situación.
La certeza de Lasso es que de avanzar el juicio político que había comenzado, él tenía muchas probabilidades de ser destituido. Frente a esta situación y con una Asamblea Nacional de mayoría opositora, aunque dividida en un bloque que responde al correísmo y otro al movimiento indígena, decidió apostar a la disolución del parlamento para así establecer algún tipo de alianza o negociación que permita la supervivencia de su sector político en un nuevo escenario.
A pesar de cuestionar la legalidad de la convocatoria en términos políticos, en el correísmo y el propio Correa consideran que es una buena oportunidad para ganarle a Lasso en las urnas y así acelerar el período de recambio de gobierno. Este proceso ya se había adelantado con las elecciones seccionales de prefectos y alcaldes que tuvo lugar en febrero, en las cuales el correísmo se alzó con victorias muy importantes: retuvo gobernaciones clave como Pichincha, en tanto que logró derrotar a la derecha en sus propios bastiones como Guayaquil.
Una pregunta que se abre es qué va a hacer el movimiento indígena: si logrará conformar una candidatura propia o si buscará un marco de acuerdo con el correísmo.
En definitiva, la gran cuestión es cómo se va a configurar la salida electoral, pero para eso todavía faltan bastantes plazos que cumplir.
Por su parte y mientras este procedimiento se pone en marcha, el presidente Lasso ya comenzó a gobernar por decreto: ya publicó un primer decreto-ley que consiste en una reforma tributaria que pretende una impulsar una redistribución del ingreso hacia los sectores más castigados en los últimos años por la política neoliberal del gobierno.
Ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 7 días desde el día de ayer para anunciar la fecha de las elecciones.
