Por Florencia Tursi Colombo
El 13 de junio los movimientos indígenas del Ecuador agrupados en las federaciones Conaie, Feine y Fenocin, entre otras, iniciaron un Paro Nacional en reclamo por el aumento de los combustibles entre otros puntos vinculados al deterioro de las condiciones de vida.
El martes pasado, tras 16 días de conflicto, el presidente Guillermo Lasso abandonó las mesas de diálogo con los movimientos promotores del Paro Nacional cuestionando la representación de los líderes de las organizaciones indígenas.
El diálogo no había prosperado. Lasso anunció medidas que fueron una burla a los pedidos de los manifestantes. El paro continuó y Lasso reprimió.
El mismo martes, la Asamblea Nacional trató de aprobar la muerte cruzada, un mecanismo previsto en la Constitución para destituir al presidente y a la Asamblea Nacional. El objetivo era resolver el conflicto llamando a nuevas elecciones. No obstante, el pedido no obtuvo los votos necesarios.
El jueves, a 18 días de iniciado el paro, el movimiento indígena y el gobierno retomaron la mesa de diálogo con mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, llegando a un acuerdo. Aunque el acuerdo no cumple la totalidad de los puntos, se decidió levantar el paro y la movilización.
Se concertó el compromiso de continuar con los diálogos para seguir acercando las posiciones respecto de los puntos no acordados y un monitoreo por 90 días para hacer seguimiento del cumplimiento de lo pactado.
Respecto de los combustibles, tema central que fue el que desencadenó el estallido, los movimientos indígenas pedían una rebaja de 40 centavos. El gobierno, en las primeras mesas de diálogo, la semana anterior, propuso una rebaja de 10 centavos, lo que fue mal visto por los movimientos, quienes respondieron señalando: “no son 10 centavos son 10 puntos”, en referencia a los 10 puntos de reclamos que publicó la CONAIE al inicio del paro. En la nueva negociación el gobierno sumó 5 centavos más, llegando a una rebaja de 15 centavos en el precio de los combustibles. Aunque la propuesta fue aceptada, la rebaja sigue sin satisfacer el pedido de las movilizaciones.
Asimismo, el gobierno levantó el estado de excepción como consecuencia del acuerdo.
El acuerdo fue visto como una victoria de ambos lados.
Desde los movimientos indígenas se celebra haber torcido la posición del gobierno. Si bien es cierto que no consiguieron todo lo que pedían, sí lograron lo fundamental: bajar el combustible, no ampliar la zona petrolera y minera a territorios protegidos de comunidades indígenas, control de precios de los alimentos, declarar al sistema de salud en emergencia, suba de 5 dólares en el bono de desarrollo humano, y créditos para el fomento de actividades productivas.
Desde el gobierno, el acuerdo fue anunciado por Lasso como una gran labor de conciliación. En un mensaje grabado, el presidente señaló: “es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos en un solo objetivo, reconstruir el Ecuador, debemos recuperar el tiempo perdido, trabajar fuerte, especialmente por los más vulnerables”.
Sin dudas, Leonidas Iza, líder de la Conaie, capitaliza el acuerdo. Iza se ha convertido en la imagen más visible del descontento social en estos días. El desafío que se viene para él es trascender este momento puntual de movilización. No quedarse sólo con las concesiones obtenidas del gobierno y encarar una oposición con un programa integral de críticas al modelo neoliberal, cosa que hasta ahora los movimientos indígenas no han logrado sintetizar.
Aunque hay acuerdo, el problema de fondo no desapareció.
Por el otro lado, el gobierno aparece como débil ya que cambió varias veces de posición. Primero se sentó a dialogar, luego declaró el estado de excepción y reprimió, y clausuró las negociaciones, pero finalmente volvió a la mesa de diálogo.
Un gobierno débil que aplica políticas impopulares marca un escenario de inestabilidad.
Es posible que sigamos viendo momentos en los que recrudece el conflicto con manifestaciones y paros que presionen.
Mientras que el gobierno, al aplicar políticas neoliberales que benefician a los pocos de siempre, se refugiará en la represión, como hizo las últimas semanas, y lo que puede llegar a ser más preocupante, es que, al igual que luego del estallido del 2019, el gobierno recrudezca la persecución judicial a la oposición continuando los procesos de lawfare que iniciaron hace unos años. Eso conformaría un escenario crítico de asedio a los/as dirigentes de la oposición con el objetivo de callarlos/as.
El escenario tiende a una presión política sin resolución. Al igual que en 2019 la presencia en las calles parece llegar a un punto sin conclusión. Es decir, las causas profundas que originan el malestar siguen sin resolverse. La posibilidad real de cambiar el modelo democráticamente recurriendo a una nueva elección fue rechazada por la Asamblea Nacional el martes pasado. Queda como opción la negociación con Lasso. Varios sectores del paro ven como opción factible el seguir dialogando con el presidente para conseguir sus reclamos.
Pero el salario mínimo en Ecuador es de 425 dólares mientras que la canasta básica familiar es de 730 dólares y solo 3 de cada 10 trabajadores/as reciben un salario igual o mayor al mínimo, el resto se mantienen por debajo. Esto solo por mencionar algunos números de la dramática situación que se vive en Ecuador.
En conclusión, el conflicto no se resolvió aún. El malestar que originó el estallido sigue estando presente.