Por Rogério Tomaz Jr.*
Octubre de 2014. El último domingo de ese mes, la primera mujer elegida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, volvió a ganar las elecciones y logró la renovación de su mandato por otros cuatro años. El ciclo del PT gobernando Brasil cumpliría 16 años consecutivos en 2018. Todas las apuestas indicaban que Lula volvería a ser candidato, lo que le garantizaría otros cuatro u ocho años del partido en el Palacio del Planalto.
Los líderes del proyecto neoliberal brasileño, en el sistema político, en la economía y en los medios, vislumbraron este escenario e hicieron un pacto: lucharían para impedir la conclusión del mandato de Dilma y evitar una nueva candidatura de Lula, costara lo que costase.
El operativo para desestabilizar el gobierno y la democracia comenzó al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones de 2014. Derrotado por una diferencia de solo 3.3% (51,6% x 48,3%), Aécio Neves reunió la dirigencia del PSDB y determinó que el partido cuestionaría formalmente el resultado electoral y pediría un recuento de votos, algo que nunca había sucedido en Brasil – en una elección presidencial – desde el fin de la dictadura militar, en 1985.
El jueves 30 de octubre, el PSDB interpeló formalmente al Tribunal Superior Electoral (TSE) para realizar una auditoría del escrutinio. El argumento era que existía el “sentimiento” de que se había producido un fraude electoral. El cinismo de los perdedores fue tan grande que dijeron que la solicitud al TSE “no tiene nada que ver con una solicitud de recuento de votos ni cuestionamos el resultado”. El objetivo de la acción, según los voceros del PSDB, era evitar que el “sentimiento” siguiera “alimentándose en las redes sociales”.
Breve paréntesis: un año después de la elección de Brasil, el peronista Daniel Scioli perdió las elecciones presidenciales en Argentina ante el neoliberal Maurício Macri por el 2,68% de los votos. No hubo pedido de recuento. En 2019, en Uruguay, la diferencia a favor del candidato de la coalición de derecha, Lacalle Pou, sobre Daniel Martínez, del Frente Amplio, fue solo del 1,58% y tampoco hubo solicitud de recuento.
De regreso a Brasil, el día antes de que el PSDB solicitara una auditoría en el proceso electoral, ocurrió un hecho en la Cámara de Diputados que tendría un gran impacto en el futuro. El miércoles (29) el PMDB ratificó la continuidad de Eduardo Cunha como líder del partido, equivalente a presidente de bloque. Sin embargo, el encuentro terminó con el tono de lanzamiento de candidatura a la presidencia de la Cámara. Hablo con conocimiento. Yo caminaba por el pasillo donde se estaba llevando a cabo la reunión del PMDB cuando los diputados salieron de la sala gritando el nombre de Cunha y prácticamente comenzando su campaña para presidir la casa legislativa.
Unos meses después se confirmaron las sospechas. El 1 de febrero, Cunha se postuló para la presidencia de la Cámara y derrotó con gran ventaja a un diputado del PT, Arlindo Chinaglia. Años más tarde, se supo que la campaña de Cunha había recibido R$ 30 millones (US$ 11,4 millones en la época) en coimas de JBS, el gran exportador de proteína animal en Brasil, para “convencer” a sus pares de que votaran por él.
Cuando tomó el control de la Cámara, Cunha dejó en claro que no sería un aliado del gobierno de Dilma. Por el contrario, todas sus medidas estaban encaminadas a debilitar al presidente: instaló comisiones de investigación contra el gobierno; puso adversarios del PT para presidir las comisiones más importantes; llevó a votación (y aprobó) proyectos, sin apoyo del gobierno, que incrementaron el gasto del Estado y agravaron la situación fiscal del país; estimuló la rebelión de los diputados de los partidos de la coalición oficialista que aún eran aliados de Dilma y hacia halagos a las diversas solicitudes de juicio político contra Dilma que se le presentaron.
En julio de 2015, Cunha anunció formalmente su ruptura con el gobierno y se declaró opositor, a pesar de que el vicepresidente de la República, Michel Temer, era de su partido y muy cercano a él.
Política
Mientras tanto, Rousseff estaba cometiendo varios errores políticos y dejando al descubierto la debilidad del gobierno. Incluso antes de asumir el nuevo mandato, ella anunció a Joaquim Levy como ministro de Economía, economista neoliberal y amigo de varios políticos del PSDB. El objetivo era complacer al mercado, pero la derecha entendió el gesto como un signo de fragilidad. Y la izquierda, incluidos sectores del propio PT, criticó duramente el giro conservador.
Parlamentarios de la base oficial se quejaron de que no eran recibidos por la presidenta y los grandes medios de comunicación reflejaron en cada detalle – incluso sumando a la convocatoria – los actos callejeros contra el gobierno, que comenzaron en marzo y fueron ganando fuerza rápidamente.
Impeachment
En marzo, Cunha tuvo que declarar ante la Comisión Parlamentar de Inevestigación (CPI) de Petrobras – creada por él mismo para atacar al gobierno – sobre la acusación, hecha por el Ministerio Público, de que tendría cuentas en el exterior que no fueron declaradas y utilizadas para actos de corrupción. Cunha dijo a los miembros de la CPI que no tenía cuentas distintas a las que figuran en su impuesto de ganancias. Días después aparecieron en la prensa documentos que confirmaban la existencia de las cuentas y Cunha fue denunciado ante el Consejo de Ética de la Cámara por haber mentido en una CPI, lo que equivale al delito de perjurio.
El 2 de diciembre, el Consejo decidió avanzar el caso contra Cunha. Los representantes del PT en el Consejo votaron a favor del proceso y, en venganza, Cunha autorizó la apertura del juicio político contra Dilma.
Entre los varios pedidos de acusación disponibles, se eligió el que simbólicamente resultó más interesante desde el punto de vista para la prensa: precisamente el que estaba firmado por un fundador del PT, el jurista Hélio Bicudo. La acusación fue ordenada por el PSDB. Una de las autoras de la petición, la abogada Janaína Paschoal, confesó que recibió R$ 45 mil del partido. La acusación: el gobierno de Dilma había cometido maniobras contables prohibidas por la ley, que se conocieron como “pedaleos fiscales”.
La suerte estaba echada.
Continúa la semana que viene.
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*Periodista brasileño, residente en Argentina, cursando la Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Trabajó durante 11 años en la Cámara de Diputados de Brasil. Twitter: @rogeriotomazjr
