Por Asdrel Mondragón
A 9 años de la detención y desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa, hoy estos hechos se rememoran en un clima de nuevas incertidumbres. Hace apenas dos meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto informe de investigaciones sobre Ayotzinapa en el cual se declara que ante la negativa de algunas instituciones del Estado mexicano, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se hace imposible continuar con los trabajos de investigación.
Derivado de esto, los padres de los normalistas de Ayotzinapa han demandado recientemente que el ejecutivo nacional haga valer su compromiso y exija a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dar acceso a toda la documentación en su posesión con respecto al caso.
Hay que tener presente que uno de los 100 compromisos del gobierno de la Cuarta Transformación, declarado por Andrés Manuel López Obrador en su primer discurso como presidente, fue investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y, en concordancia con ello, a unos días del inicio de sus funciones, fue que el presidente emitió el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa(CoVAJ).
De alguna manera, puede decirse que aquella demanda de acceso a la información no llegaba a oídos sordos y por ello, en una reunión que tuvo lugar el 25 de septiembre del año en curso, se entregó un informe en respuesta a la solicitud hecha por los padres de los normalistas.
En el informe se entregarían cuatro elementos, los cuales ahora pueden ser consultado en la página oficial del Gobierno de México: 1) un informe solicitado al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, sobre los documentos solicitados por los padres y sus representantes legales; 2) todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, vinculadas directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa; y 3) una primera versión o relatoría elaborada de manera conjunta por el gobierno representado por Andrés Manuel López Obrador, “para ir formulando una idea que, complementada y sustentada con pruebas, lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió la noche del día 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores”. Alejándose en esto -añade el documento- “de la llamada verdad histórica” (versión con la cual se intentaron cerrar las indagatorias sobre el caso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto).
Este informe, sin embargo, no fue recibido por los padres de los estudiantes, ni por su abogado, Vidulfo Rosales, quien declaró que en las causales hipotéticas presentadas hay un acercamiento a la versión presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (conocida como “verdad histórica”). Algo que ya ha sido cuestionado por Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera del 26 de septiembre de este año.
¿Qué datos ofrece el segundo informe de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa?
En el contexto inmediato a estos hechos, el pasado 27 de septiembre se sumó otro elemento a esta ecuación. El presidente de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas, presentó el segundo informe de la comisión, en el cual se hacen públicos: los soportes metodológicos de la investigación, el análisis del contexto en que tuvo lugar la desaparición, la reconstrucción de los hechos, la presentación de las causales hipotéticas de la desaparición de los estudiantes, los avances y obstáculos en la judicialización del caso, los avances en la búsqueda de los estudiantes, así como los hallazgos e identificaciones genéticas disponibles.
Entre las precisiones hechas se aseguró que durante las indagaciones se tuvo acceso a un acumulando de más de 41,000 documentos proporcionados por 15 instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, información proveniente de 18 consultas directas llevadas a cabo por la CoVAJ a diferentes documentos y archivos, el análisis de intervenciones hechas por la guardia nacional y la Drug Enforcement Administration (DEA), así como por el trabajo conjunto de la CoVAJ y el centro GEO.[Salto de ajuste de texto] En cuanto al avance en la reconstrucción del contexto de los hechos, se enfatizó que a través del análisis de las fuentes mencionadas, así como a partir de las declaraciones de los implicados, se llegó a la identificación del contubernio entre el grupo criminal Guerreros Unidos y las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, así como de la policía Estatal, Estatal ministerial y la Policía Federal Preventiva. Por otra parte, también se mencionó que a través de estas indagaciones se ha identificado que esta red involucraba a autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como del ejército.
En la reconstrucción de los hechos se han identificado 434 actores que participaron directa o indirectamente en la desaparición de los estudiantes o en la construcción de la “verdad histórica”. Esta información ha sido vital para dar continuidad al proceso de judicialización del caso. Actualmente se encuentran detenidas 132 personas implicadas: 41 integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías (5 federales, 3 federales ministeriales, 7 estatales, 2 policías municipales de Cocula, 9 de Huitzuco y 45 de Iguala), el ex Procurador General de la República, ex titular de la Unidad Especial en Materia de Delitos contra Secuestro de la PGR, un ex ministro público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el ex secretario de seguridad Estatal de Guerrero, el ex presidente Municipal de Iguala, la ex presidenta del DIF Iguala y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Existen además 51 órdenes de aprehensión pendientes y 3 solicitudes de extradición.
¿Similitudes con “la verdad histórica”?
Con respecto al señalamiento de que la versión presentada por las dependencias oficiales se acerca a la “verdad histórica”, presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la CoVAJ hizo el siguiente comunicado oficial en el cual se destacan las diferencias entre una y otra versión:
1. La verdad histórica señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, en tanto que la investigación de la CoVAJ refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
2. La verdad histórica acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominados Los Rojos, mientras que la CoVAJ reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.
3. Asimismo, la llamada verdad histórica reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la CoVAJ detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 Batallones de Infantería.
De la información presentada puede concluirse que el interés del gobierno de la Cuarta Transformación por investigar a fondo lo sucedido en Ayotzinapa, así como los avances en la reconstrucción de los hechos y en la judicialización son un hecho. No obstante, ello en ningún sentido resta legitimidad a la demanda de los padres de los normalistas. Sin un acceso pleno a los documentos existentes sobre el caso, mismos que son indispensables para el esclarecimiento de las razones que dieron lugar a la tragedia ocurrida hace 9 años en el municipio de Iguala en Guerrero, la demanda por la verdad sigue siendo vigente.
