Estados Unidos convocó su Cumbre de la Democracia para abroquelar a sus aliados en el bando occidental. Alberto Fernández se reunió con Joe Biden, en busca de apoyo en la negociación con el FMI. Cristina Fernández de Kirchner denunció la injerencia del congresista republicano Ted Cruz en el Lawfare. China realizó la Conferencia Anual en Boao para impulsar las iniciativas de desarrollo y la seguridad global mientras cuestiona la visita de mandataria taiwanesa a EEUU. Israel sumida en una crisis política por la reforma de la justica que impulsa Netanyahu y la extrema derecha. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso enfrentará un juicio político por corrupción. Por último, en Perú continúa la inestabilidad política mientras se aplaza la moción de vacancia a Dina Boularte.
Por Federico Montero y Pablo Macia
Estados Unidos convocó su cumbre de la democracia para abroquelar a sus aliados y Alberto Fernández se reunió con Joe Biden
Estados Unidos organizó su segunda Cumbre por la Democracia realizada entre el 28 y el 30 de marzo junto a Países Bajos, Costa Rica, Corea del Sur y Zambia. Surgido como una propuesta de campaña, con este encuentro, Biden intenta ganar iniciativa para abroquelar aliados en la esfera internacional bajo la narrativa de los países que defienden la democracia liberal, los derechos humanos y el orden basado en reglas frente a aquellos que considera autocráticos o autoritarios. A su vez le sirve en el nivel interno para confrontar los constantes asedios del trumpismo a la institucionalidad norteamericana, y las recurrentes sospechas de fraude electoral que provocaron el asalto al Capitolio en 2021. El cónclave en el que fueron invitados alrededor de 120 líderes mundiales se desarrolló mayormente en formato virtual, pero también sirvió para concretar la reunión entre Alberto Fernández y Joe Biden aplazada el año pasado a causa de una infección de covid del mandatario norteamericano.
En un contexto de creciente endurecimiento de las relaciones internacionales, el encuentro funcionó como mecanismo de promoción de las instituciones liberales occidentales para enfrentar y contener a los países emergentes como China, Rusia y otros que se mantienen autónomos de las esferas de influencia de Estados Unidos. Así, además de los mandatarios específicos de los países invitados, los actores que primaron dentro de la cumbre fueron, eminentemente, las ONGs y grupos empresarios de la sociedad civil que frecuentemente intervienen en los países reafirmando la “libertad de expresión” y los intereses corporativos, disfrazados como legítimos reclamos del conjunto de la sociedad civil frente a los gobiernos y estados. Otro tanto acontece con el reclamo por el “equilibrio de poderes”, que sirve como retórica para defender el Lawfare impulsado por los poderes judiciales y medios concentrados frente a gobiernos populares. Las sospechas de corrupción, la evasión y la defensa de los derechos humanos son otros tópicos que habitualmente utilizan de manera arbitraria frente a los adversarios políticos, pero sin utilizar la misma vara con sus aliados.
Los cinco anfitriones desarrollaron conferencias con problemáticas específicas de la democracia. Estados Unidos abordó la cuestión de la tecnología para la promover la democracia y la libertad en Internet en la era digital. También planteó contrarrestar las prácticas abusivas de la tecnología y el autoritarismo y configurar entornos tecnológicos que garanticen los derechos humanos y los principios democráticos. Por su parte, Costa Rica promocionó el papel de la juventud en espacios políticos y democráticos mientras que Países Bajos destacó a la libertad de prensa como piedra angular de la democracia. Por último, la República de Corea se centró en la lucha contra la corrupción y la República de Zambia en las elecciones libres, justas y transparentes como base de la gobernabilidad democrática.
El gobierno de Estados Unidos prometió invertir 690 millones de dólares para promover estas líneas de acción en el mundo y cerró la cumbre con la declaración de principios conjunta firmada por una importante cantidad de países invitados. En ella se destaca la necesidad de “una paz duradera en Ucrania”, el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU y la defensa de los derechos humanos, el género y las diversidades, la libertad de expresión y los derechos políticos, entre otras cuestiones.
Mientras tanto, desde China denunciaron que el foro intenta monopolizar la definición de democracia, plagándola de ideología y de mentalidad de guerra fría. El gobierno de Beijing publicó el jueves un informe titulado “Abuso de los derechos humanos de los Estados Unidos contra refugiados e inmigrantes: verdad y hechos“. Allí denuncia el maltrato a las poblaciones inmigrantes en la actualidad y se remonta a la historia de discriminación a poblaciones de origen afro, asiática y de la Europa no anglosajona en Norteamérica.
El encuentro también sirvió como telón de fondo para la reunión que mantuvo el presidente argentino Alberto Fernández con Joe Biden, que estaba postergada desde el año pasado. En la cita, Fernández buscó el compromiso de Estados Unidos para respaldar a la Argentina en la flexibilización de las metas del acuerdo con el FMI. Con la mayor sequía desde 1929, Argentina perderá importantes divisas que comprometen las metas de reservas del país y por ello reclama una renegociación. Biden se comprometió a apoyar este punto, destacando tres temas de interés en Argentina: proteínas, minerales y energía. En esa dirección ya se ha expresado la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien manifestó la preocupación por la creciente influencia de China en América Latina como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Las declaraciones causaron críticas desde Argentina al dejar entrever que Estados Unidos considera a los recursos naturales de la región como de su propiedad. Los destinos que le dará Argentina a estos recursos estratégicos serán el gran desafío del país en los próximos años. Esa disyuntiva se juega entre un proyecto soberano y productivo para generar valor agregado, productividad y empleos de calidad. Por el otro lado estarán las históricas opciones liberales y extractivistas, impulsadas por sectores oligárquicos que, a cambio de una tajada, pretenden entregar esos recursos como materias primas a las potencias desarrolladas.
Por último, en relación a esta disputa, Cristina Fernández de Kirchner denunció como cómplice del lawfare al senador republicano Ted Cruz, quién pidió sancionar a la vicepresidenta argentina apoyándose en la escandalosa sentencia de la “causa vialidad”. La mandataria remarcó que Ted Cruz también había elevado ese pedido en una carta al departamento de estado, acusándola de “convulsionar las instituciones” y “socavar los intereses estadounidenses”. La misiva la envió 5 días antes del intento de magnicidio que sufrió CFK el 1 de septiembre de 2022. “Todo tiene que ver con todo” sentenció CFK al respecto.
China realizó la Conferencia Anual en Boao y cuestionó la visita de mandataria taiwanesa a EEUU
Del 28 al 31 de marzo por iniciativa del gobierno chino se realizó la Conferencia Anual de Boao, bajo el título “Un mundo incierto: solidaridad y cooperación para el desarrollo en medio de los desafíos”. El encuentro se realiza desde el año 2000 y es un espacio de cooperación internacional y desarrollo ligado a las iniciativas de la Franja y la Ruta, y la Iniciativa de Desarrollo (GDI) y de Seguridad (GSI) globales que impulsa Beijing. Con más de 2000 participantes, predominantemente de Asia pero también de otras latitudes, los principales paneles de la reunión fueron “Desarrollo e inclusión”, “Eficiencia y seguridad”, “Regional y global” y “El presente y el futuro”. El llamamiento del encuentro es a establecer acciones comunes para la recuperación económica luego de la pandemia y en medio de los crecientes cierres en las cadenas de suministro impulsados por occidente como sanciones a Rusia y China. En contraposición, desde el espacio remarcaron la defensa del multilateralismo y la cooperación para el desarrollo global, rechazando la confrontación de bloques y la mentalidad de guerra fría.
En el encuentro participaron destacadas figuras de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), quienes mantuvieron una posición equilibrada entre China y Estados Unidos, participando tanto de la iniciativa norteamericana del Tratado del Indo-Pacífico como de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), en la que China juega un papel protagónico. Desde el Foro estimaron que durante este año el crecimiento del PIB de Asia aumentará hasta el 4,5 %, frente al 4,2 % en 2022, lo que implica una aceleración a diferencia de los magros niveles de crecimiento de occidente. En ese incremento es gran responsable el gigante asiático, del que se calcula que contribuya a un tercio del crecimiento mundial durante este año.
Además, el Foro reforzó los postulados Documento Conceptual de la Iniciativa de Seguridad Global ratificando los esquemas de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible para el desarrollo mutuo, superando los esquemas de suma cero. En ese aspecto se tomó como un desafío a los países de ingresos bajos y medianos de Asia, que enfrentan problemas vinculados al cambio climático, la inflación y la deuda externa, entre otros. Se planteó así promover esquemas de cooperación y desarrollo para los mismos. De esta forma, China continúa desarrollando su política diplomática a nivel regional, acompañada del prestigio ganado por su mediación en el retorno de las relaciones bilaterales entre Irán y Arabia Saudita.
Pero durante la semana, China también salió muy duramente a cuestionar el paso de la gobernadora taiwanesa Tsai Ing-wen por Estados Unidos en su visita a Guatemala y Bélice. La gira se da a pocos días de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decida romper relaciones con la isla para restablecer vínculo diplomático con la República Popular China. De esta forma, Tegucigalpa se suma a Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Costa Rica que abandonaron a Taiwán. Sin embargo, más allá de la visita a los países caribeños, lo que irrita a Beijing es la posible reunión de Tsai Ing-wen en su paso por Estados Unidos con el presidente de la Cámara de Representantes del país, el republicano Kevin McCarthy. El gigante asiático advierte que ese encuentro socavaría la posición adoptada por Estados Unidos sobre la existencia de “una sola China”, generando reacciones en el estrecho de Taiwán y un mayor endurecimiento de las relaciones bilaterales.
Mientras tanto, Washington continúa manteniendo la posición de “ambigüedad estratégica” sobre el tema, reconociendo formalmente a la República Popular China pero apoyando a Taiwán económica y militarmente. Así, la tensión permanece en aumento y estará atada a la consumación de ese encuentro o no, en la escala que realice la mandataria taiwanesa a su regreso a la isla.
Israel sumida en una crisis política por la reforma de la justica que impulsa Netanyahu y la extrema derecha
Luego de 12 semanas de movilizaciones, el gobierno de Israel decidió retrasar el trámite de la reforma judicial hasta mayo, después del receso por la Pascua Judía. De esta manera, el primer ministro Benjamin Netanyahu intenta superar la crisis política que vive el país, gobernado por la coalición más derechista de su historia que pretende quitarle facultades a la Corte Suprema. Pero gran parte de la población se manifiesta en desacuerdo con estas medidas, incluyendo a sectores del ejército. Así, el domingo pasado, Netanyahu despidió al ministro de Defensa, Yoav Galant, por haberse manifestado en contra de las reformas. Es que la supuesta imparcialidad del tribunal de justicia permite darle legitimidad al accionar del ejército israelí en Palestina, impidiendo la intervención de tribunales internacionales en materia de crímenes de guerra y derechos humanos. La reforma impulsada por el gobierno otorga mayores facultades a la coalición gobernante, minando la independencia del poder judicial. Así, la propuesta permitiría elegir jueces y anular sentencias judiciales de la Corte Suprema por la simple mayoría de 61 miembros de los 120 que componen el parlamento (Knesset). Por ello, las fuerzas militares temen que estas reformas abran espacio para los cuestionamientos internacionales con respecto a su ocupación en Gaza y Cisjordania.
Más allá de la suspensión temporaria de las reformas, el conflicto de fondo está lejos de resolverse ya que la polarización de la sociedad continúa en aumento. La coalición gobernante tiene como protagonistas a sectores de extrema derecha religiosa y sionista como el ministro de justicia Yarid Levin del Likud, el presidente del comité de justicia de la Knesset, el religioso Simcha Rothman, y el líder del partido Poder Judío, Itamar Ben-Gvir. Estos sectores impulsan abiertamente la anexión israelí de Cisjordania, el quite de las restricciones al ejército y la policía en las operaciones en territorios palestinos y otras medidas en contra de los derechos de las mujeres y las diversidades. Netanyahu debe contar con estos sectores para mantenerse en el gobierno, que amenazan con una quita de apoyo si anula las reformas definitivamente.
Mientras tanto, del otro lado, cuatro de cinco israelíes se manifiesta en contra de las reformas y además del ejército, también se ha movilizado la central sindical más grande del país, Histadrut, y hasta el personal diplomático de todas las embajadas del mundo. Además, han surgido cuestionamientos de los países occidentales aliados a Israel encabezados por Estados Unidos frente a las reformas. En ese contexto de polarización, la inestabilidad política en la coalición gobernante continuará en los próximos meses.
Guillermo Lasso enfrentará un juicio político por corrupción
Con una mayoría de 6 a 3 votos, la Corte Constitucional de Ecuador habilitó el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, que deberá llevar adelante la Asamblea Nacional. Los hechos por los que se lo acusa están vinculados a redes de corrupción en la Empresa Pública Flota Petrolera del Ecuador (Flopec). Además, otras sospechas que no habilitó la Corte están orientadas a nexos entre el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, con funcionarios públicos y narcotraficantes.
La Asamblea Nacional deberá iniciar el proceso que cuenta con 10 días para el derecho a defensa del mandatario, otros 10 días para la presentación de pruebas de ambas partes y unos 10 más para el informe final a presentar al plenario para la votación. En esa instancia, la destitución de Lasso requerirá 92 votos de los 137 legisladores que componen el cuerpo. El inicio del juicio político fue apoyado por 104 diputados, pero no está claro que todos ellos aprueben la caída del mandatario. Las bancadas que han impulsado el juicio político son la mayoritaria de Unión por la Esperanza del expresidente Rafael Correa, el Partido Social Cristiano, disidentes de la Izquierda Democrática y del partido del movimiento indígena Pachakutik.
Lasso ha venido perdiendo apoyo popular desde las movilizaciones impulsadas por los movimientos sociales y el movimiento indígena congregado en la CONAIE. Esto se expresó en las últimas elecciones en las que avanzó fuertemente el correísmo. Frente a este debilitamiento, el presidente se ve imposibilitado de utilizar el recurso de “muerte cruzada” que implica la disolución de la Asamblea y el llamado a elecciones generales legislativas y presidenciales, que no ganaría. Por ello, su estrategia parece ser la de aceptar el proceso y evitar que la Asamblea alcance la mayoría para destituirlo. En caso que eso llegara a pasar, asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero, médico de 67 años.
En Perú continúa la inestabilidad política y se aplaza la moción de vacancia a Dina Boularte
En el contexto de inestabilidad política que caracteriza a Perú, esta semana se aplazó la moción de pedido de vacancia contra Dina Boularte hasta la sesión del 4 de abril. Con un congreso fuertemente deslegitimado que es rechazado por el 90% de la sociedad peruana, el legislativo aplazó la moción de censura aduciendo una “agenda apretada” de temas. Así, Boularte ganó tiempo para continuar en el ejecutivo que ejerce desde la caída del presidente Pedro Castillo en diciembre del año pasado.
Sin embargo, la mandataria cuenta con fuertes resistencias tanto en Perú como en el ámbito regional. En cuanto a la situación interna, continúan las movilizaciones y los pedidos de renuncia, en un conflicto de largo plazo que ya ha dejado alrededor de 70 muertos por la represión de la protesta social. Este es uno de los principales argumentos de la oposición en el congreso, liderada por Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático. El gobierno de Boularte viene confrontando con países de América Latina como México y Colombia, que no reconocen a la mandataria como legítima autoridad del país. Así, durante la semana, Perú ha retirado a su embajador de Colombia tildando al Presidente Gustavo Petro de injerencista, por ofrecerle apoyo a Pedro Castillo quien se encuentra en prisión. El gobierno peruano también rompió relaciones con México en febrero, bajo la negativa de AMLO de pasarle la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú, argumentando que el legítimo presidente del país es Pedro Castillo.
Otros gobiernos de la región como el chileno y el argentino han llamado a la normalización de la situación en Perú, luego de que el congreso haya depuesto a Castillo y elevado a Boularte de manera expresa e irregular. Sin embargo, la disolución de ámbitos de gobernanza regionales como lo fueron la UNASUR (desmantelada por los gobiernos de derecha) imposibilita una intervención más activa de los países latinoamericanos. Así las cosas, es el propio país el que deberá resolver su situación interna. De esta manera la crisis política continuará latente durante los próximos meses, en los que en caso de avanzar la destitución, asumiría el presidente del Congreso, José Williams del derechista Avanza País.
