El pasado martes 7 de noviembre el Consejo Constitucional le entregó al presidente Gabriel Boric la propuesta de nueva Carta Magna que deberá someterse a un plebiscito el próximo 17 de diciembre.
Después del rechazo a la Constitución presentada el año pasado, se inició un nuevo proceso de redacción que, por un lado, se diferencia del anterior ya que se dio en 3 instancias: la primera fue la que inició la Comisión Experta elegida por el Congreso en marzo con la elaboración del anteproyecto. La segunda es la que acaba de concluir del Consejo Constitucional integrado por representantes de distintos partidos políticos electos en mayo cuya principal fuerza es el Partido Republicano de extrema derecha, la tercera instancia es la del Comité Técnico de Admisibilidad que garantiza la legalidad de todo el proceso. En cambio el anterior proyecto fue armado por una Convención Constitucional electa por el pueblo, compuesta de manera heterogénea por independientes con poca presencia de partidos políticos. Por otro lado, se diferencia radicalmente del anterior que era una Constitución progresista que buscaba ampliar derechos, versus la actual fue hecha por la derecha pinochetista que profundiza el sentido neoliberal, limita al Estado y restringe derechos.
El nuevo proyecto fue aprobado por el Consejo el 30 de octubre, con 33 votos a favor y 17 votos en contra. El desarrollo concluye con el plebiscito de salida que se hará en diciembre con el objetivo de que el pueblo vote, al igual que el año pasado, su Apruebo o Rechazo.
Una constitución a la derecha
La extrema derecha chilena comandada por José Antonio Kast ganó la elección del Consejo Constitucional. Su espacio político, el Partido Republicano, fue el que tuvo más representantes en el armado del proyecto. El crecimiento de la extrema derecha en Chile, que reivindica la dictadura de Pinochet, es la contracara del crecimiento de las expresiones progresistas y de izquierda que desde el 2019 se fueron dando poco a poco. Kast ganó mayor terreno en la escena política como respuesta conservadora frente al avance de la izquierda, la crisis de representación y las movilizaciones.
El estallido del 2019 generó una crisis política tal que fue canalizada por expresiones polarizadas. El balotaje presidencial del 2021 entre Gabriel Boric y Kast da cuenta de esta situación. De hecho, en la primera vuelta de las presidenciales se había impuesto Kast, por una mínima diferencia, luego Boric en la segunda vuelta, con una buena campaña, cambió ese escenario. Cabe aclarar que Boric no era el más radicalizado hacia la izquierda, sino que, por el contrario, era el candidato más moderado de aquel sector.
En paralelo al nuevo gobierno de izquierda (o centro izquierda), se había votado y se encontraba funcionando una Convención Constituyente que a mediados del año pasado presentó el proyecto de una nueva constitución que fue plebiscitado en septiembre. Pero el rechazo de aquel proyecto se impuso con el 61,8% de los votos.
Hubo varios motivos que explican aquel rechazo al primer proyecto presentado: el voto obligatorio, obligó a ir a votar a sectores conservadores que tal vez se hubiesen abstenido, también la campaña de desprestigio contra la Convención y las fake news que se movilizaron, entre otros factores como el desencanto con el gobierno de Boric, la polarización que se generó y la supuesta radicalidad izquierdista del proyecto constitucional, entre otros.
Sin embargo, aquella propuesta era una Constitución que ampliaba la democracia y buscaba saldar deudas históricas del Estado chileno. Pese a las críticas, el proyecto que se presentó era bueno en cuanto a los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios, fortalecía la democracia y garantizaba Derechos Humanos.
La nueva constitución profundiza el sentido neoliberal de la Constitución de 1980. Su texto se centra en limitar el rol del Estado en su intervención en la economía, impide cualquier tipo de “monopolio estatal” pero no habla de monopolios privados. Encorseta el derecho a huelga de los trabajadores, señalando todos los casos en los que la huelga queda prohibida tales como “personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, o a la economía o seguridad”, restringiendo de esta manera el accionar de los sindicatos.
En materia de educación, el nuevo proyecto claramente se posiciona contra la educación pública y gratuita. Le otorga rango constitucional al sistema de vouchers que implica la arancelación de la educación y prioriza la “libertad de enseñanza” que implica perder perspectiva nacional sobre los contenidos y los criterios de educación, dejándolos al punto de vista y juicio del docente. Es decir, la nueva constitución relega el derecho a la educación.
Tampoco garantiza ningún derecho para los pueblos originarios, ni reconoce la necesidad de su representación política. En ese punto la constitución habla de interculturalidad pero de garantizar derechos individuales al mismo tiempo. Además, es una Constitución machista ya que no asegura la paridad de género y da marcha atrás con los derechos obtenidos como la interrupción voluntaria del embarazo.
El texto es muy escueto en cuanto al medio ambiente, solo refiere a que el Estado debe velar por el cuidado y conservación de la naturaleza, sin ampliar en medidas, sanciones o responsabilidades privadas, grupales o individuales.
Algunos sectores políticos ya marcaron su rechazo al proyecto, el presidente Boric es uno de ellos. También el Partido Comunista lanzó un comunicado marcando su desacuerdo.
Luego del rechazo al proyecto constitucional del año pasado que era centralmente progresista, se pasó a este nuevo ciclo en donde la ultraderecha tiene el protagonismo. El Partido Republicano, que representa la extrema derecha en Chile, se ha manifestado en contra del cambio y en contra de una nueva constitución, paradójicamente es el partido que tuvo el mayor número de consejeros y se encargó de imponer su línea al nuevo proyecto.
En este sentido, la nueva carta magna profundiza la Constitución vigente, hecha por Pinochet en dictadura. Los anhelos de una constitución post-neoliberal que habían surgido con el estallido de 2019 parecen haber acabado. Queda por ver si este nuevo proyecto satisface al pueblo chileno en la próxima elección de diciembre.
