Por Pablo Macia y Florencia Tursi Colombo
Los indicadores socioeconómicos se deterioraron en América Latina a partir de la guerra en Ucrania. Justamente, como consecuencia del conflicto bélico, distintos organismos del sistema de Naciones Unidas y multilaterales como el Banco Mundial, la OIT, la CEPAL y la OCDE, entre otros, revisaron las proyecciones sobre las variables económicas que se venían previendo para el 2022, llegando a la conclusión de que la guerra trastocó las cadenas de suministro, el abastecimiento y el costo del transporte, aumentando el precio de materias primas en hidrocarburos, alimentos y otros productos centrales para la producción.
De esta forma, un estudio reciente de la CEPAL prevé un crecimiento promedio para América Latina y el Caribe de apenas un 1,8% para este año, con un 1,5% para las economías de América del Sur, un 2,3% para América central y un 4,7% para el caribe, mientras que la economía mundial se estima que aumente un 3,3%, un punto porcentual menos que antes del conflicto bélico.
La caída de la actividad económica estaría dada en primer lugar por las menores tasas de crecimiento de los principales socios comerciales en la región: Estados Unidos, con un 2,8% (1,2 puntos menos que lo proyectado inicialmente); China, con un 5% (0,7 puntos menos) y la Unión Europea con un 2,8% (cayendo un 1,4%).
Por otro lado, el informe indica que la guerra en Ucrania encareció productos básicos como hidrocarburos, metales, alimentos y fertilizantes, sumado a un alza de costos debido a disrupciones en las cadenas de suministros y a la exacerbación de las interrupciones del transporte marítimo. Todos estos elementos presionan al alza inflacionaria que se suma a los efectos de la pandemia, alcanzando máximos históricos en algunas regiones que además aumentan las tasas de interés y restringen el crédito.
Así, la inflación de América Latina y el Caribe alcanzó un 7,5% en marzo del 2022 y anticipa que se mantendrá alta durante todo el año. Además, para contrarrestar la inflación, los Bancos Centrales están adoptando políticas monetarias restrictivas y el retiro de la inversión fiscal, que venía en baja luego de los aportes extraordinarios impulsados en 2020 para paliar los efectos de la pandemia. Esta caída de la inversión pública también contribuye a frenar el crecimiento económico, al freno a las políticas redistributivas y al deterioro de los indicadores socioeconómicos.
Por ello, si bien los mercados laborales dan señales de recuperación a partir de la eliminación de restricciones, la misma es lenta y no implica una recuperación de ingresos necesarios para salir de niveles de pobreza en muchos casos.
Las proyecciones del Banco Mundial para los mercados de productos básicos
Por otro lado, el Banco Mundial publicó un informe titulado “Perspectivas de los mercados de productos básicos” que prevé que a partir de la guerra en Ucrania los precios de la energía se incrementarán más del 50% en 2022 para luego moderarse en 2023 y 2024. En cuanto a los productos no energéticos, incluidos los agrícolas y metales, aumentarán casi un 20% en 2022, destacándose el trigo con una suba de más de 40% y los metales el 16%. El organismo advierte que esto representa la mayor crisis de productos básicos experimentada desde la década de 1970 y que si el conflicto se prolonga los aumentos y la volatilidad pueden ser mayores. Estos aumentos implican una restricción al crecimiento económico y a los ingresos de la población que obstruyen las posibilidades de reducir la pobreza y dificultan la soberanía alimentaria.
En este aspecto, cabe señalar que América Latina es un gran importador de fertilizantes, y que Rusia es uno de los principales productores mundiales de agroinsumos que representan el 40% del costo de producción de cultivadores de hortalizas y granos básicos. Los aumentos de precios de estos insumos pueden provocar el incremento del precio final de los alimentos o la caída de la productividad y el desabastecimiento, perjudicando fuertemente a las poblaciones más vulnerables quienes destinan la mayor parte de sus ingresos en la alimentación.
La problemática alimentaria fue abordada la semana pasada en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura donde en la declaración final, se propusieron acciones para atenuar la inseguridad alimentaria que padecen 60 millones de personas en la región. El fortalecimiento de la agricultura familiar, el comercio intrarregional; la disminución del desperdicio de alimentos; la reducción de la desigualdad social y las brechas de género, sumado al apoyo para el desarrollo tecnológico y los programas de educación alimentaria son algunas de las líneas centrales que se desplegaron para garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables en la región.
En una reciente entrevista, Cecilia Nahón, Directora Ejecutiva Alterna por Argentina y el Cono Sur en el Banco Mundial, señaló tres conclusiones respecto de lo que se ha hablado en el marco de las reuniones llevadas a cabo en el Banco Mundial, la primera es “una reafirmación de que el mundo sufre una verdadera crisis”; la segunda es “la advertencia de que esta situación se pueda agravar” y la tercera es que hay “un consenso entre los países de que es necesario que se actúe de manera decisiva para enfrentar la situación”.
No obstante, señaló Nahón que, aunque en América Latina estamos reduciendo nuestro nivel de crecimiento, no lo hacemos tanto como otras regiones, porque exportamos alimentos. Incluso, el FMI proyecta para Argentina un crecimiento del 4%, mayor al que preveía en enero. La cuestión central es la distribución, la inflación y los riesgos que pueden ser adversos por el panorama internacional. Al punto tal, remarcó Nahón que, tanto el BM como el FMI, están advirtiendo a los gobiernos sobre la posibilidad de que el malestar social y las protestas sociales se exacerben, y en consecuencia, se les pide a los gobiernos que tomen acciones.
La problemática tributaria en América Latina
La 56ª Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) fue el escenario para presentar la publicación “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2022”, que muestra que la caída de los ingresos tributarios superó la contracción económica de la región en términos nominales durante 2020, durante el momento más duro de la pandemia. El informe en el que participan la CEPAL, el BID y la OCDE permite demostrar la matriz regresiva de la estructura tributaria de América Latina, donde la mayor parte de los ingresos tributarios se concentran en impuestos sobre bienes y servicios que paga el conjunto de la población, mientras que los impuestos que corresponden a los sectores de mayores ingresos son proporcionalmente mucho menores que en los países de la OCDE. Así, en América Latina y el Caribe, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y las cotizaciones a la seguridad social (CSS) representaron un 28% de los ingresos fiscales totales, mientras que en la OCDE representan un 49,4%.
De esta manera queda claro que en la región hay un margen amplio para revertir la estructura tributaria regresiva, gravando a los sectores con mayor capacidad contributiva con alícuotas más altas en proporción a su riqueza e ingresos. De esta manera se pueden utilizar fondos para la inversión pública y para redistribuir el ingreso hacia los sectores más vulnerables, fortaleciendo las economías y los mercados internos, generando mayor empleo.
Esto se hace más viable y necesario teniendo en cuenta que hay sectores concentrados de la economía en nuestros países que han obtenido ganancias extraordinarias durante la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, como las empresas tecnológicas de comunicación, los complejos exportadores de alimentos y las grandes cadenas mayoristas, entre otros.
Propuestas como “impuestos a las ganancias inesperadas” como las que vienen surgiendo a partir de las consecuencias de la guerra en Ucrania, o contribuciones especiales para financiar la pandemia o el pago de las deudas externas de los países de la región se van instalando y haciendo más necesarias. Estas “transformaciones de segunda generación” en América Latina son algunas de las que propone Álvaro García Linera en su reciente libro La política como disputa de las esperanzas (2022) entre las que se destacan impuestos altos al gran patrimonio, a las grandes ganancias y a las grandes herencias; sumado a la repatriación y gravamen de fondos en paraísos fiscales. Según el autor, es en base a medidas audaces y excepcionales hacia la justicia social, el bienestar y el desarrollo sostenible como podemos salir de esta situación excepcionalmente crítica que vivimos luego de la pandemia, con el cambio climático, la crisis de la globalización, los reacomodamientos geopolíticos de la guerra y sus consecuencias económicas y sociales.
