por Camilo López Burian y Diego Hernández Nilson
En la tarde del 8 de julio desde la sede de la central sindical única de Uruguay, el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), partió un camión embanderado con la consiga “El poder de tu firma. El poder del pueblo”. Ese camión transportaba a la Corte Electoral las papeletas que contenían 797.261 firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). De esta forma de estaba cumpliendo con este requisito para activar un referéndum con el objetivo de derogar 135 de los 476 artículos contenidos en esta “ley ómnibus”, aprobada en un procedimiento fast-track en julio de 2020 por el nuevo gobierno para establecer rápidamente un conjunto heterogéneo de reformas.
Uruguay, a diferencia de otros países de la región, encaminó las divergencias sobre una serie de transformaciones en las políticas públicas a través de la utilización de un mecanismo de democracia directa¹. Ningún actor político levantó la voz para cuestionar el procedimiento ni poner en duda a las casi ochocientas mil firmas que apoyan la puesta en marcha del mecanismo de referéndum. Esta iniciativa popular tuvo al movimiento sindical y a diferentes movimientos sociales en el centro de la dinámica, con un especial protagonismo vertebrador del primero. La campaña contó con una activa y comprometida acción militante del Frente Amplio (FA), especialmente de sus bases, y el apoyo de sectores minoritarios del Partido Colorado y el Partido Nacional que se sumaron también.
Junto a la Ley de Presupuesto, la LUC constituye el corazón de la agenda de reformas del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Ambas tuvieron procesos de negociación que incluyeron a la oposición (FA), pero dadas las características del trámite legislativo, puede sostenerse que la calidad del debate político no fue el mejor posible, más aún en un contexto de pandemia.
El extenso articulado de la LUC abarca más de una decena de arenas de política pública. Modifica aspectos penales como el endurecimiento de penas y la creación de nuevos delitos, cambios en el proceso penal, en el procedimiento policial y la privación de libertad. Introduce cambios en materia de defensa nacional e inteligencia del Estado. En el ámbito de la educación realiza modificaciones sobre la institucionalidad, el estatuto y la formación docente. Crea una regla fiscal, deroga varias disposiciones de la ley de inclusión financiera modificando elementos vinculados a pagos y controles antilavado. Introduce cambios que afectan a la tarifa de combustibles y su mercado. Modifica asuntos vinculados a las agencias reguladoras y sociedades anónimas estatales. Realiza cambios en temas de compras estatales y concesiones. También crea organismos y modifica aspectos que afectan las relaciones laborales y la seguridad social y, también, a aspectos vinculados a la vivienda y los alquileres². Este carácter multitemático fue uno de los asuntos a sortear por parte de los promotores del referéndum dada la diversidad de asuntos abordados.
Como se señaló, la LUC incluyó varios de los puntos centrales de las políticas de ajuste y desregulación de la coalición gobernante, que asumió el gobierno en marzo de 2020. Esta coalición, autodenomina “multicolor”, está integrada por cinco partidos de centro-derecha y derecha. Desde el inicio del gobierno ha mostrado buenos niveles de cohesión, especialmente en relación a la gestión de la pandemia de la Covid-19 y en la tramitación legislativa de la agenda de gobierno. La oposición política (FA) tuvo una rápida reacción colaborativa al inicio de la emergencia sanitaria, más allá de algunas diferencias con la estrategia del gobierno en las primeras semanas de pandemia.
La LUC fue anunciada en 2019, pero su contenido fue definiéndose luego de los resultados del ciclo electoral. Entre abril y julio de 2020 se trató en el Parlamento en modalidad fast-track. Desde la oposición, el movimiento sindical y los movimientos sociales se cuestionó su tratamiento bajo la modalidad de urgente, ya que es una ley que transforma de manera profunda las políticas públicas del país, en un contexto de crisis, pero que no contempla en su contenido ninguna regulación específicamente pensada para el enfrentamiento de la pandemia. Como se señaló anteriormente, la LUC combina un procedimiento fast-track con un formato de “ley ómnibus” (476 artículos). Este formato de leyes hace que sean:
(…) piezas legislativas inconvenientes para la democracia, porque impiden un tratamiento parlamentario adecuado.(…) las decisiones que se toman por esta vía restringen las posibilidades de un debate adecuado. Dado que una sola norma apunta a modificar el status quo de varias políticas públicas a la vez, el análisis profundo y meditado por comisiones especializadas se vuelve improbable. (…) esta situación empeora si se agrega el mecanismo de la urgente consideración, pues a las dificultades estructurales para discutir cada tema se agrega el problema de los plazos legislativos. O sea, la combinación de una ley ómnibus con la urgente consideración vulnera las exigencias mínimas de calidad del Poder Legislativo.³
El tratamiento en el Poder Legislativo de la LUC significó el final de una etapa de cooperación entre la oposición y el gobierno. En paralelo, a pesar del contexto sanitario, la reacción a esta ley desde la sociedad civil implicó el surgimiento de la iniciativa popular para someter a referéndum 135 artículos de la LUC, posibilidad prevista en la constitución.
El PIT-CNT se constituyó en el principal promotor y estructurador de esta campaña, cumpliendo un rol clave para que más de un centenar de organizaciones sociales y políticas lograran un alto nivel de coordinación en el marco de una Comisión Nacional pro referéndum*. El FA, que mostró algunas dudas entre sus dirigentes al plantearse la iniciativa, se plegó a la campaña. En este sentido, las bases del FA tuvieron una activa participación en el proceso y de alguna manera ayudan a capitalizar políticamente este momento. Las bases frenteamplistas movilizan la estructura partidaria y la activan, impactando así en su dirigencia.
En contexto de pandemia, con las restricciones que esto implica (y sin que ello haya permitido la flexibilización de los plazos constitucionales de recolección de las firmas), sin tener acceso a emitir una cadena nacional por haber sido negada por parte del Poder Ejecutivo y con varias encuestas de opinión pública favorables al presidente y al gobierno, se lograron recolectar casi ochocientas mil firmas contra la LUC. La campaña estuvo marcada por el civismo y el esfuerzo militante, mostrando que la democracia uruguaya, tantas veces reconocida por sus partidos políticos, tienen en el movimiento sindical y en los movimientos sociales a actores claves para un funcionamiento virtuoso.
El escenario queda planteado mientras la Corte Electoral revisa las firmas entregadas. Probablemente a inicios de 2022 la ciudadanía uruguaya comparezca a las urnas a dirimir de manera dicotómica y obligatoria sobre 135 artículos de la LUC. Esta instancia tendrá un carácter plebiscitario para el gobierno, en un momento donde los efectos de la pandemia y sus consecuencias estén a flor de piel. La presidencia de Lacalle Pou verá modificados su agenda y sus tiempos políticos por la irrupción de la iniciativa popular, viéndose obligado a salir a hacer campaña a favor de las transformaciones que impulsó. Para el FA se constituye en una oportunidad de potenciar la “mística” de la movilización política de sus bases militantes, de cohesionar su articulación con los movimientos sociales y los sindicatos, y la posibilidad de confrontar con la agenda de políticas públicas del gobierno. Para el movimiento sindical y los movimientos sociales se abre una nueva etapa de trabajo militante en los territorios también, con una agenda de temas diversos lo que hace que haya varios públicos a los que llegar para convencerles sobre la necesidad de votar contra la LUC.
Sea cual sea el resultado del referéndum y las lecturas que de él se hagan, será una instancia clave en el proceso político uruguayo, en especial del actual gobierno y su agenda de reformas. El juego político cambió con la concreción de esta iniciativa popular. Ahora resta la llamada a las urnas para que la ciudadanía decida. Comenzará la disputa por el voto popular. Sea cual sea el resultado, sin dudas ganará la democracia uruguaya. Como dice la grave voz de Alfredo Zitarroza en la estrofa de un candombe: “Crece desde el pueblo el futuro/crece desde el pie/ánima del rumbo seguro/crece desde el pie.”
¹ Para un análisis general del tema ver el libro de Altman “Citizenship and Contemporary Direct Democracy”, donde también puede encontrarse la trayectoria particular del caso uruguayo.
² Para un análisis específico de estas arenas de política pública ver “LUC: un análisis de los artículos en 15 áreas temáticas” de Enzo Adinolfi, Mathías da Silva y Natalia Uval.
³ CHASQUETTI, D. (2019): “Los proyectos de ley de urgente consideración en Uruguay”. Programa de Estudios Parlamentarios. ICP-FCS/UdelaR. Disponible en: https://parlamentodata.com/2019/09/30/los-proyectos-de-ley-de-urgente-consideracion-en-uruguay/
* Entre ellas pueden consignarse: PIT-CNT, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Intersocial Feminista, el Frente Amplio, Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, Intersocial Salto, Red Pro Cuidados, Intersocial Carmelo, Intersocial Rivera, Más Igualdad, Intersocial Soriano, Mercado Popular de Subsistencia, Social al Sur, Corriente Sindical Clasista, CRYSOL, Rebeldía Organizada, Coordinadora Popular y Solidaria “Ollas por Vida Digna”, REDES Amigos de la Tierra, Organizados contra la LUC, Asociación de Jubilados y Pensionistas-Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, Intersocial Costa de Oro, Intersocial Artigas, Intersocial Salto, Intersocial Paysandú, Intersocial Tacuarembó, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Intersocial Fray Bentos, Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, Intersocial Treinta y Tres, y Gremio Estudiantil Liceo Miranda
