El juez del Tribunal Contencioso en lo Electoral (TCE), Fernando Muñoz, dejó sin efecto la cuestionada resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que había suspendido a cuatro partidos en Ecuador, entre ellos el partido del ex presidente Rafael Correa de cara a las elecciones generales y a semanas del inicio de las primarias de todas las fuerzas políticas del país.
La resolución, con fecha del 1 de agosto, fue dada a conocer este domingo 2 de agosto y puede descargarse del sitio oficial del TCE aquí: http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/07deee_SENTENCIA-046-20-010820%20(1).pdf
De esta forma, se revertiría la situación de virtual proscripción que atraviesa Correa y los principales dirigentes de su partido, algunos de los cuales están exiliados y otros, como Paola Pabón, prefecta de Pichincha, se mantienen dentro del territorio ecuatoriano, ejerciendo sus cargos a pesar de la persecución política que implicó su reciente encarcelamiento y posterior liberación. El tema fue debatido el pasado jueves en la actividad “La democracia en jaque: proscripción y violencia institucional en Suramérica” organizada por el Observatorio del Sur Global, con la participación de la propia Paola Pabón junto a una mesa de representantes internacionales integrada por María Inés “Marin” Pilatti Vergara, Senadora Nacional de Argentina, Gabriela Montaño, Dirigenta del MÁS IPSP de Bolivia, Alejandro Navarro, Senador Nacional de Chile, entre otros dirigentes como Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de San Pablo.
El escenario en Ecuador
Las próximas presidenciales en Ecuador serán el 28 de febrero del año 2021, por lo cual la definición de las fuerzas habilitadas para participar es un elemento de enorme importancia en un contexto donde la popularidad del gobierno de Lenin Moreno es baja producto de la mala gestión económica y social y el mal manejo de la pandemia del COVID-19. Así lo expresaba Paola Pabón
El proceso de proscripción se fue desarrollando desde la polémica consulta popular en febrero de 2018, donde se establecía el límite a la presentación de cualquiera que hubiera sido presidente y la inhabilitación a la candidatura a cualquiera que tuviera una condena por corrupción ,así como la necesidad de que los aspirantes aceptaran la candidatura de forma presencial en el país, siendo Correa un exiliado político, que posee una cuestionada condena a prisión de segunda instancia por corrupción.
A las trabas legales le siguió una intensa persecución política y judicial de los dirigentes del correísmo que se quedaron en el país, que tuvo su pico máximo a fines de 2019 en el contexto de las masivas protestas populares contra el aumento del precio de la gasolina. En aquella oportunidad, el gobierno de Lenin Moreno ordenó encarcelar a aquellas autoridades que permitieron la movilización de indígenas y campesinos, siendo el caso de Paola Pabón, dirigenta correísta y prefecta de Pichincha, el caso más emblemático.
La injusticia de esta decisión, la resistencia del movimiento correísta y la presión internacional, permitieron que Pabón recuperara la libertad -aún sin cesar el hostigamiento – y el correísmo comenzó a buscar formas alternativas para organizarse. En ese contexto, el mes pasado se dió a conocer la suspensión de su actual partido, Fuerza Compromiso Social, lo que había sido denunciado por Correa como un intento de proscribir no solo a su persona, sino a toda su fuerza poltica. Se “rompieron los códigos de la democracia y de la Constitución” , había expresado entonces.
Escenarios posibles
La noticia circuló rápidamente por redes sociales en Ecuador y en el mundo este domingo y fue señalada por Correa como la prueba de que “hay vestigios de decencia en el TCE”. Sin embargo, la decisión aún debe hacerse firme y el CNE podría apelar la resolución, volviendo a abrir un escenario de disputa institucional como el que ya se generó con la Contraloría en momento de de definir la inhabilitación de los cuatro partidos en julio. Lo cierto es que en el país se han quebrado los resortes de la institucionalidad hace tiempo y el giro autoritario del gobierno de Lenin Moreno y las disputas internas entre diferentes facciones del régimen pueden dar lugar a escenarios de nueva inestabilidad.
Las claves de la situación
1. En julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio lugar a un informe del la contraloría que afirmaba que en el proceso de inscripción legal del partido Fuerza Compromiso Social faltaban 16 mil firmas y suspendió su legalidad. En la resolución, el CNE suspendió en total la inscripción de cuatro fuerzas políticas: la correísta Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Libertad es Pueblo –del hermano del presidente Lenín Moreno, Gary Moreno– y Juntos Podemos.
2. Esa decisión generó un fuerte rechazo a nivel social, críticas a nivel internacional y una serie de contrademandas legales. Este domingo, el juez Fernando Muñoz aceptó el recurso interpuesto por Manuel Castilla, director Nacional de Justicia Social, uno de los espacios políticos sancionados, y dejó sin efecto la resolución que suspendía a los cuatro partidos.
3. En resolución de fecha 1 de agosto, el juez del TCE le dio la razón y concluyó que la resolución del organismo electoral “vulnera los derechos de organización política de miles de ciudadanos que presentaron su apoyo para la conformación de una organización política”.
4. La decisión aún debe hacerse firme y el CNE podría apelar la resolución, volviendo a abrir un escenario de disputa institucional.
